El líder del Partido Popular ha optado por asistir a la apertura del curso político del PP de Isabel Díaz Ayuso en lugar de aparecer en el inicio del año judicial.
Quieren evitar así "una innecesaria tensión para Álvaro García Ortiz, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado". Los progresistas, sin embargo, avalan su presencia.
Los populares adelantan las líneas maestras de su acción en el Congreso y Senado con efecto inmediato para exigir al Ejecutivo que "rinda cuentas" ante su apoyo a García Ortiz tras ser imputado por el Supremo.
Un magistrado del Supremo considera que no se le puede "atribuir de manera justificada" a García Ortiz el delito de revelación de secretos. Varios periodistas afirmaron que conocieron el contenido del correo sobre el novio de Ayuso antes de su difusión, pero sus testimonios no se han tenido en cuenta.
El jefe del Ministerio Público se mantiene afirme en la decisión que ya adoptó en octubre, cuando el Supremo le encausó por las presuntas filtraciones relativas al novio de Ayuso.
"Esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible", señala sobre lo que dijo el instructor del caso.
El fiscal general está procesado por revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Su defensa, la Abogacía del Estado, asegura que el auto del Supremo carece "de toda base o fundamento".
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, recurre la decisión de Hurtado acudiendo directamente a la Sala de Apelación.
Cuatro redactores de El País aseguraron que tuvieron conocimiento de que González Amador iba a reconocer dos delitos fiscales 31 horas antes de que el fiscal general reclamara el correo de su abogado. Un director adjunto de eldiario.es sostuvo que accedió a él hasta una semana antes.
El magistrado sostiene que siguió “indicaciones" de "Presidencia del Gobierno” para filtrar el correo del abogado de González Amador, pese a que no lo basa en ningún indicio.
Procesa también a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. La decisión tiene lugar ocho meses después de que el Supremo asumiera la investigación el pasado octubre.