Condonación de la deuda: una oportunidad histórica

El Gobierno de España, en un contexto extraordinariamente positivo para la economía de nuestro país, cuando estamos creciendo el triple, que el resto de países de la Unión Europea, cuando tenemos cifras record de afiliados a la Seguridad Social , plantea dar un paso adicional para ayudar a las Comunidades Autónomas.

Hay que tener en cuenta que en esta etapa, el actual Gobierno ha transferido a las Comunidades 300.000 millones de euros más que en el mismo período, el Gobierno de Rajoy. Por otro lado se ha propuesto una Reforma del Sistema de Financiación, del que la oposición no quiere ni hablar.

Ahora se propone un quita de la deuda, liberar a las Autonomías de parte de su deuda pendiente y que lo asuma el Estado.

Se plantea, porque es económicamente viable, y porque las Comunidades han visto crecer su deuda de manera extraordinaria, especialmente durante la crisis financiera, entre los años 2010 y 2013 se elevó un 125%, y posteriormente han sufrido las tensiones derivadas de la pandemia y del repunte inflacionario.

El Gobierno propone una condonación de 83.252 millones de euros de la deuda de los distintos territorios.

Esto supone una oportunidad histórica para todas las Comunidades del Régimen Común, que van a poder contar con más recursos cada año, al ahorrar dinero en el abono del principal e intereses de esa deuda, y lo van a poder dedicar a sanidad, educación, servicios sociales, a aquellas competencias que les son propias y que son fundamentales para la vida diaria de los ciudadanos.

Esta condonación, supone además, un saneamiento de su situación financiera y por tanto acudir a los mercados a poder solicitar financiación en el futuro, en mejores condiciones.

Esta es una medida excepcional, pensando en que mejoren los servicios que se prestan a los ciudadanos, reconociendo las competencias que tienen las Comunidades en este ámbito y facilitando su gestión.

Ante esta propuesta, el PP y VOX, de manera absolutamente injustificable e incomprensible, han dicho que no. Muchas son las excusas para mantener esta posición, pero estas son las principales.

En primer lugar, dicen que esto se hace para beneficiar a Cataluña, cuando 7 de cada 10 euros de esa condonación va a comunidades gobernadas por el PP. Además estas son la tres más beneficiadas: Andalucía, que es la más beneficiada con 18.791 millones, la Comunidad Valenciana, que percibirá 2.284 euros por habitante y Canarias, que verá reducida su deuda al 50%. De las tres, ninguna está gobernada por el PSOE.

Por otro lado, se alude a que los criterios para determinar la condonación, no son los adecuados, pero ¿cuáles son estos?

La población, el que ninguna quede por debajo de la media, la infrafinanciación y la corresponsabilidad fiscal (que no se bajen impuestos a los ricos en la Comunidad, para pedir más al Gobierno de España). Estos son criterios fundamentalmente técnicos y absolutamente justos.

En tercer lugar, dice Feijoó que son una trampa, porque es necesario que las Comunidades Autonómicas se adhieran. En definitiva, se quiere respetar la autonomía financiera, que no se imponga la medida, y también les parece mal. Lo que lo oposición preferiría es poder decir que no, que está en contra de la medida, pero que les impusiera para poder beneficiarse de ella.

Ningún argumento se sostiene y no existe ninguna motivación razonable, que pueda justificar la oposición a una medida, que supone un verdadero regalo a la Autonomías.

¿Cómo van a explicar que renuncian a poder disponer de más recursos para escuelas infantiles, colegios, institutos, centros de salud, hospitales y servicios sociales?

Es evidente que PP y VOX sólo tienen interés en todo aquello que pueda perjudicar cualquier iniciativa del Gobierno, aunque sea a costa de perjudicar los intereses de los ciudadanos.

Esa es la oposición que tenemos, afortunadamente confiamos en que una amplia mayoría de los ciudadanos valoren la gestión diaria que realiza el Gobierno por mejorar los servicios públicos, por la prosperidad y la convivencia, y quien tiene como único interés el acceso al poder, a costa de lo que sea.

El 2027 está ahí, y los ciudadanos tendrán la palabra.

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Alejandro Soler es presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública y diputado por Alicante.