El hermano de Sánchez, ¿sanguinario criminal?

España está muy revuelta estos días, en que el aire huele a putrefacción, a ambiciones humanas y a algunas dosis de mala uva. Hay varios casos de corrupción en los tribunales y la ciudadanía, que sabe perfectamente que en el estercolero español «hay lawfare pero no solo lawfare», se interroga sobre esta pugna manifiesta entre los poderes ejecutivo y judicial y sobre al alcance de la batalla ideológica que, para algunos, ya no se puede definir en forma de binomio derecha izquierda sino que ha adquirido tintes oscuros entresacados de la dicotomía dictadura-democracia. La presencia de VOX en el tablero ha tenido este pernicioso efecto.

De entre todos los casos en activo, destaca por excepcional, y hasta por extravagante, el del hermano de Pedro Sánchez, David, un músico profesional que está siendo juzgado en Extremadura porque, supuestamente, la diputación de Badajoz creó exprofeso una plaza pública de coordinador musical para que la ocupara. La acusación ha sido concretada en las figuras delictivas de prevaricación y tráfico de influencias. Cuando se escriben estas líneas, ya avanzada la vista oral, los representantes de la acusación popular han doblado la petición de pena: han pasado de solicitar tres años de prisión a seis años. Dichos representantes forman un monocolor repertorio ultra: Manos Limpias —entidad que presentó la denuncia inicial y asumió la dirección unificada de las acusaciones populares—, Vox, Partido Popular, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Iustitia Europa. La sobreabundancia de instancias puritanas que claman justicia recuerda inevitablemente la imagen de un voltio de buitres carroñeros que observan en círculos el estado de la presa para abalanzarse sobre ella.

La tesis de que la plaza en cuestión se creó ad hoc desde Madrid para que David Sánchez la disfrutara no se tiene demasiado en pie. La propuesta para crear el puesto de alta dirección relacionado con los conservatorios de la Diputación de Badajoz se presentó formalmente en octubre de de 2016. En marzo de 2017, según la UCO, la plaza ya figuraba incorporada al organigrama interno de la Diputación. Provincial. El 17 de mayo de 2017, la Diputación impulsó oficialmente la cobertura “urgente” del puesto y firmó la petición administrativa para ponerlo en marcha. El 19 de mayo de 2017 se publicaron las bases de la convocatoria pública y durante junio-julio de 2017 David Sánchez fue examinado, nombrado y tomó posesión del cargo. Pues bien: mientras David Sánchez daba este paso profesional gracias a unas dotes que nadie ha discutido, su hermano Pedro, el supuesto benefactor de aquel, se las estaba viendo con su propio partido, el PSOE: fue forzado a dimitir como secretario general del PSOE el 1 de octubre de 2016, tras el dramático Comité Federal en el que perdió la votación sobre la convocatoria inmediata de un congreso y primarias. Posteriormente, volvió a ser elegido secretario general en las primarias del PSOE celebradas el 21 de mayo de 2017, imponiéndose a Susana Díaz y Patxi López. Formalmente, fue proclamado de nuevo secretario general por el Congreso Federal del PSOE celebrado entre el 16 y el 18 de junio de 2017. La moción de censura contra Mariano Rajoy tardaría en legar: se resolvió en dos sesiones que se celebraron el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018. En consecuencia, cuando nació en la diputación de Badajoz la propuesta para la plaza en cuestión, Pedro Sánchez no era políticamente nada. El 1 de ese mes había sido defenestrado por los suyos, por lo que hubiera sido muy extraño que en aquellos momentos críticos se hubiera ocupado de buscar influencias para el entorno familiar.

Sucede además que la provisión del puesto de trabajo se desarrolló con plena normalidad y con notoria concurrencia. Nadie recurrió los resultados, y la única candidata frustrada que fue requerida como testigo y que se consideró perjudicada por el supuesto enchufe —el perjuicio consistió, según sus propias palabras, en que a David el tribunal le formuló varias preguntas y a ella no— ha demostrado en anteriores y posteriores convocatorias semejantes que no era precisamente una gran experta puesto que ha sido rechazada —suspendida— varias veces. La denuncia formal, en fin, provino de los actores mencionados, expertos en promover la acción popular a partir de pruebas que suelen limitarse a recortes de periódicos. Son organizaciones que cometen claramente fraude de ley ya que la Constitución, que consagra la acción popular en el artículo 125, lo hace con nobles intenciones y no al servicio de viles intereses. Es relevante considerar que la fiscalía del Estado no ejerce en este caso la acusación, puesto que considera que no se ha cometido delito alguno.

La instructora del caso fue la jueza Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz. Tiene perfil discreto y técnico y goza de cierto consenso provincial puesto que fue elegida con amplio margen jueza decana de Badajoz. El tribunal de la Audiencia Nacional que imparte justicia está formado por tres jueces sin relevancia política ——José Antonio Patrocinio Polo, María Dolores Fernández Gallardo y Emilio Serrano Molera, que pertenecen a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz—, aunque lógicamente están sometidos a fuerte presión desde distintos frentes. Es evidente que el aparato judicial que da curso al proceso está en el disparadero mediático por la notoriedad del asunto, que muchos ciudadanos ven perturbado por las malas intenciones de la ultraderecha, que pretende desacreditar a la izquierda y acosar a la familia de Pedro Sánchez.

A la confusión generada por el contenido político del proceso se suma cierto debate jurídico que ha terminado de intensificar el desconcierto: una parte de los expertos en derecho consideran que el caso no debía haberse planteado nunca en el terreno penal: hubiera debido permanecer en el ámbito administrativo. Es lo que sucede normalmente cuando se producen errores o disfunciones en los trámites de los concursos públicos. Y máxime cuando no se percibe mala fe en los supuestos contraventores de la legalidad. Lo que ocurre es que las tensiones políticas que se han acumulado en torno a distintos episodios de corrupción del actual gobierno, que se suma en la opinión pública a otros juicios todavía protagonizados por el anterior equipo del PP, han caldeado el ambiente, han puesto en guardia al poder judicial y han generado un marco de rigor que acentúa la ya proverbial judicialización de la política española.

De lo que hemos visto de la vista oral, Diego Sánchez parece un músico experto de calidad que no desentona en el cargo que ha obtenido por concurso. No parece que haya fraude, pero, en todo caso, es una abyección que las acusaciones pidan para esta persona nada menos que seis años de cárcel, como si fuera un cruel y sanguinario delincuente.