La derecha vuelve al escenario judicial

Es hasta cierto punto comprensible el irritado nerviosismo de Feijóo y su equipo ante el desairado papel que les corresponde en el proceso político, en el que, tras ganar unas elecciones generales, no encuentran manera de reunir una mayoría alternativa de gobierno, ni, por supuesto, de obligar al gobierno actual a retirarse.

Tras el estallido del ‘caso Ábalos’ con la publicación del informe de la UCO que destapa una compleja trama en la que el antiguo secretario de organización del PSOE y exministro de Fomento aparece seriamente involucrado (sin perjuicio de la presunción de inocencia), el PP se sintió animado por los acontecimientos a presionar de nuevo para revertir la situación. El pasado domingo, se reunió de urgencia el comité de dirección del PP, más como prueba elocuente de máxima indignación que como recurso eficaz ya que la medida que quería adoptarse, la moción de censura, era simplemente imposible o incluso contraproducente. Porque por muy voluble que sea la realidad de las cosas, no es posible conseguir que confluyan las voluntades de unos partidos nacionalistas que aspiran a la independencia de sus territorios con las de VOX. Ni siquiera el oportunismo de algún desalmado facilitaría una contradicción tan insoluble.

Lo grave de caso es que, no pudiendo optar el PP por la formula democrática de la moción de censura -que ha de ser constructiva, a la alemana, porque así lo dispone la Constitución-, se haya decidido descender -o ascender, que no está claro el sentido del avance- a la vía judicial. Este mismo lunes el PP ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella contra el gobierno y el PSOE por tres presuntos delitos: financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho.

En resumidas cuentas, la política sale de nuevo de su escenario natural, el parlamento, para regresar a los despachos y antedespachos de los jueces y los tribunales, donde el PP pretende esclarecer no solo las evidencias que obtienen la UCO y los órganos de investigación, sin también los rumores que aporta la prensa mas politizada. Gamarra ha dicho que ella y su partido buscan “que se investigue lo que ha ido apareciendo en la prensa”, en clara referencia a lo publicado por ciertos digitales que contribuyen generosamente a embarrar el paisaje. Según ellos, por el sistema mediático circulan “bolsas con 90.000 euros en efectivo” que iban a la sede del PSOE o salían de ella, abundantes lingotes de oro que viajan de nos países a otro, minas también de oro que se obsequian a expresidentes del gobierno… infinidad que asuntos que, según la propia Gamarra, son “la punta del iceberg” de una corrupción “sistematizada”.

Basta mencionar el nombre de Bárcenas o referir el episodio contrastado de la destrucción de ordenadores a martillazos para ocultar pruebas para negar toda credibilidad al PP. Pero no hace falta ir tan lejos: es un disparate recurrir a la judicatura, al Poder Judicial, pidiendo árnica cuando se han cegado las vías políticas ordinarias establecidas por la Constitución y el estado de derecho. El grito de Gamarra, “Sánchez está cercado y no puede seguir un minuto más”, recuerda los berridos de un Trump desolado por su propia derrota, dispuesto a todo para revertir una situación que le desesperaba.

Por otra parte, es delicado y bien poco patriótico endosar a los jueces el cometido que incumbe a los políticos. Ya es muy difícil a estas alturas convencer al país que aquí no ha habido “lawfare”, de que no se ha utilizado la Justicia con fines claramente políticos, por lo que resulta incluso inmoral intentar que se conviertan en árbitros de un incendiado combate político que nada tiene de extraordinario pero que sí debería servir para emplazar a los políticos profesionales a asumir plenamente su responsabilidad.

Este pasado fin de semana, los jóvenes y no tan jóvenes de este país se han manifestado en demanda de sensibilidad y de medidas diligentes y concretas con respecto a un problema que nadie parece querer abordar con la decisión precisa: las generaciones emergentes no puede independizase porque no encuentran modo de hacerse con una vivienda. Urbanistas solventes han anunciado que regresará a España una institución felizmente desterrada, o casi, de nuestro paisaje: la chabola. Y en vez de ocuparse de tal encomienda, la clase política se destripa en los juzgados. La indignación social tiene límites y harían bien los servidores públicos no tentando a la suerte.