El 4 de abril de 1919 la Gaceta de Madrid – antecesor del BOE - publicó el real decreto que fijaba en ocho horas al día o cuarenta y ocho horas semanales, la jornada máxima legal. La norma, promulgada tras el empuje del movimiento obrero en la intensa huelga llevada a cabo en la compañía “La Canadiense” durante los meses anteriores, posicionó a España a la vanguardia europea, reduciendo una jornada laboral que solía ocupar en torno a doce horas diarias durante seis días a la semana como consecuencia de los aumentos en las duraciones de las jornadas de trabajo que acompañaron en el contexto de la Revolución Industrial.

Hubo que esperar casi 65 años, hasta 1983, cuando en un nuevo avance histórico y bajo un gobierno liderado por el PSOE, se redujo por última vez la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo a las actuales cuarenta horas semanales de trabajo efectivo. Es la norma vigente al día de hoy.

Siguiendo estos hitos históricos para España, su clase trabajadora y nuestro tejido productivo, el Gobierno de coalición progresista liderado por Pedro Sánchez ha aprobado, el pasado 6 de mayo a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión que permitirá la reducción de la máxima ordinaria de trabajo a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. La iniciativa ha sido abordada en el marco del diálogo social y traslada el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales mayoritarias CCOO y UGT el pasado 20 de diciembre de 2024.

Tras casi cinco décadas de democracia en las cuales nuestra economía ha dado pasos sustanciales hacia la modernización, la innovación y la apertura al mundo es hora de dar un nuevo paso para extender al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras una reducción por ley de la jornada semanal de referencia para fijarla en las 37,5 horas semanales.

Los cálculos del Ministerio de Trabajo apuntan que el recorte de jornada beneficiará, en alguna medida, a un total de 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Un tercio de estos empleados (4,4 millones de personas), que son los que ahora tienen las jornadas más largas, trabajarán al menos una hora y media menos a la semana. Todo ello sin que los salarios se vean afectados, tanto si se trata de trabajadores a tiempo completo como a tiempo parcial. La ley también incluye cambios sustanciales en el registro horario, que pasa a ser obligatoriamente digital, así como un aumento de las sanciones a las empresas incumplidoras. Porque de nada sirve reducir la jornada laboral sin instrumentos efectivos para hacer que se cumpla.

Lo cierto es que en los últimos años el rumbo a escala internacional ha sido reducir las horas de trabajo, gracias a los avances tecnológicos y a la creciente concienciación sobre la importancia del equilibrio entre la vida laboral y la personal. Francia ya acordó en el año 2000 una implantación progresiva de la jornada de 35 horas semanales, y son varios los países europeos que ya han reducido su semana laboral por debajo de las 40 horas. Más todavía: algunos países, como Japón o el Reino Unido, llevan a cabo pruebas para medir el impacto de la semana laboral de cuatro días en la actividad económica.

Esta rebaja en la jornada semanal supone un nuevo avance que vuelve a situar a nuestro país en la vanguardia de un derecho al tiempo que es el estandarte de las sociedades modernas, civilizadas y orientadas al bienestar para las mayorías sociales.

Los colectivos más beneficiados por la medida son las personas trabajadoras no cubiertas por convenios colectivos, que pueden actualmente verse sometidas a una jornada laboral similar a la de los últimos cuarenta años y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.

La disponibilidad de tiempo libre es esencial para que cualquier persona pueda ejercer otros derechos y obligaciones distintos de los relacionados con el trabajo, como la corresponsabilidad en los cuidados o la conciliación con la vida personal de forma equitativa entre ambos sexos.

Además, la reducción de la jornada de trabajo también fomenta el desarrollo de otros derechos y actividades que quedan restringidos cuando las jornadas laborales se alargan tales como el cuidado de la propia salud, el disfrute de la cultura o la participación ciudadana, por poner algunos ejemplos. De este modo, la reducción de la jornada laboral promueve un mejor equilibrio entre la vida profesional y personal y mejora el bienestar de las personas a todos los niveles que redunda en la mejora de la salud mental y física.

Es importante señalar que la reducción de la jornada laboral no perjudicaría a nuestra economía, sino bien el contrario. Como ha demostrado la Reforma Laboral impulsada en 2021 por el Gobierno de coalición progresista, el apostar por el capital humano dignificando sus condiciones laborales hace que la economía no solo crezca sino que crezca y lo haga en términos de mayor competitividad y de redistribución del crecimiento y el progreso entre todos los agentes implicados. Porque desde el año 2018 nuestro país crea más empleo que nunca (hoy ya 21,6 millones de personas en activo), crece más que los países de nuestro entorno, la cuenta de resultados de nuestras empresas se han incrementado en niveles récord y todo ello dando más estabilidad (con la menor cifra de temporalidad de nuestra historia) y mejores condiciones laborales a nuestros trabajadores y trabajadoras. Un círculo virtuoso en el que todas y todos ganamos, no solo unos pocos.

Otras ventajas, claves para las empresas, que podemos destacar de esta medida serán una productividad en alza, una satisfacción y retención del talento, menos ausencias o reducción del absentismo, la optimización de recursos de las empresas o la mejora de la imagen corporativa.

Finalmente es importante señalar, como ya dijo el Presidente Pedro Sánchez, que la reducción de la jornada que impulsa el Gobierno de España cuenta con un importante respaldo social según distintas encuestas realizadas. Un apoyo transversal entre la ciudadanía de diferentes edades, escala social, profesional e ideologías. Por lo tanto, hablamos de una medida socialmente reclamada y aceptada.

El Proyecto de Ley entra ahora en Cortes Generales, en el Congreso primero y posteriormente en el Senado, para su tramitación parlamentaria. Y como en toda tramitación parlamentaria, es el espacio adecuado para introducir, desde el debate y diálogo constructivo, mejoras en la misma que nos lleve, siendo fieles al espíritu y contenido esencial de la medida, poder ampliar sus apoyos iniciales, sean políticos o sociales, con el objetivo de lograr el máximo consenso posible.

La política útil adquiere su especial fundamento cuando ataja cuestiones que impactan realmente en positivo en la vida de la ciudadanía. Esta iniciativa es, sin duda, una de ellas y demandada por la mayoría social. Atendamos esa demanda que va a hacer de nuestro país y nuestra sociedad un espacio de mayor desarrollo, progreso y bienestar. Y ahí ganamos todos y todas.  

Javier Remírez Apesteguia es senador por Navarra y portavoz de Trabajo del PSOE en el Senado