Un nuevo pacto para un problema de Estado

En los próximos días, el Congreso aprobará definitivamente el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo imprescindible para garantizar un espacio común de las fuerzas políticas desde el que seguir trabajando para combatir la violencia específica que sufrimos las mujeres.

Es un acuerdo excepcional. Y no porque se nos deba reconocer a los grupos políticos el mérito de ponernos de acuerdo en tiempos de máxima polarización y crispación, sino porque de nuevo otorga a la violencia machista la categoría que le corresponde, la de problema de Estado y, por tanto, traslada a toda la sociedad un mensaje de unidad contundente.

Estamos ante un buen pacto, por el que el Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado intensamente. Que recoge 461 medidas y que garantiza una financiación de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años. Un pacto que reconoce la importancia del trabajo y la coordinación de todas las instituciones y les plantea propuestas de mejora para perfeccionar nuestro sistema de prevención y protección.

Es un pacto que recoge el testigo de importantes consensos anteriores, como el de la pionera Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de la que se cumplen ya 20 años, o del primer Pacto de Estado del año 2017.

Es obligado recordar que son ya 1.296 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país desde que en 2003 empezamos a contarlas. A consecuencia de ello, 474 menores han quedado huérfanos o huérfanas y 62 menores han sido asesinados en estos años por sus padres con el único fin de hacer daño a sus madres.

Un cómputo insoportable que nos vemos en la obligación de actualizar de manera constante y que ni siquiera refleja toda la violencia estructural con la que convivimos las mujeres, la que se encuentra detrás de cada vejación, detrás de cada situación de maltrato físico, psicológico o sexual.

Era importante actualizar y renovar el pacto. En primer lugar, porque es nuestra obligación revisar y reforzar las políticas públicas para garantizar que las mujeres pueden vivir una vida libre de violencia, porque necesitamos seguir avanzando. Pero también, porque esa violencia está en constante evolución y necesitamos plantear herramientas para erradicarla en sus nuevas formas, como es el caso de la violencia de género que se da en el ámbito digital; del preocupante repunte de la violencia vicaria, que solo busca dañar a las madres a través del daño a hijos e hijas; o de la violencia económica, con la que los agresores encuentran nuevas maneras de mantener el vínculo y la dependencia de sus víctimas.

También estamos viviendo nuevas amenazas, entre las que hay que señalar el creciente uso de planteamientos cada vez más abiertamente negacionistas de la violencia de género, o incluso de justificación de los agresores; y la dificultad para que la perspectiva de género se incorpore con normalidad en ámbitos profesionales donde es imprescindible para que podamos proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas.

La ultraderecha se afana en destacar que no puede existir consenso porque ellos no están dentro de este Pacto. Pero lo cierto es que, en realidad, no se les esperaba porque nada aportan y su ausencia no resta ningún mérito al acuerdo. No puede ser parte de la solución quien no considera ni siquiera que existe un problema. Una vez más, demuestran un nulo interés por los problemas que sufre la mitad de la población de nuestro país.

El Grupo Parlamentario Socialista -a lo largo del tiempo que han durado los trabajos, tanto la pasada legislatura como la actual-, siempre ha entendido la enorme responsabilidad que le correspondía. Este pacto se ha logrado con diálogo y con generosidad por parte de todas las fuerzas políticas que compartían el objetivo principal. Todas nos hemos dejado alguna cuestión en el camino, pero todas reconocemos el valor de lo conseguido.

Es imprescindible señalar que el texto tiene como punto de partida las innumerables aportaciones de personas expertas y entidades que han hecho llegar su visión y sus propuestas y a las que nunca podremos agradecer su enorme contribución y compromiso.

El nuevo Pacto de Estado ganará aún más valor en la medida en que seamos capaces, con la participación de todas las administraciones públicas y las fuerzas políticas, de poner en marcha sus previsiones y de avanzar en los cambios culturales y sociales necesarios para que nuestros niños y nuestras niñas crezcan en igualdad y teniendo claro que la violencia no tiene cabida en una relación.

Como ya dijimos en 2017 cuando se alcanzó el primer pacto, las y los socialistas seremos leales con el acuerdo y exigentes con su cumplimiento. A las mujeres de este país les va la vida en ello.

Milena Herrera es portavoz de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género del Grupo Parlamentario Socialista y diputada por Illes Balears.