Aplazado 20 días el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que este miércoles enfrentaba un segundo intento de desalojo en el barrio del Retiro, Madrid

El Juzgado ha aplazado 20 días el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles enfrentaba un segundo intento de desalojo de la vivienda que habita desde hace 70 años en el madrileño barrio del Retiro. Según han informado desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, no es casualidad que la notificación se produzca horas antes de la movilización que habían comunicado para esta misma tarde. "No es una victoria, es una manera de intentar desmovilizar a las vecinas y vecinos", denuncian.

Para evitar el desahucio, la organización sindical había convocado para esta tarde una acción en la calle Sainz de Baranda, 46, donde vive Maricarmen; una concentración que contará con un pasacalles, actuaciones infantiles, musicales, y la intervención de personas del mundo de la cultura como Alberto San Juan, Juan Diego Botto o Facu Díaz y del periodismo como Olga Rodríguez. Pese al aplazamiento, el Sindicato mantiene la convocatoria "para exigir una solución". "Dos desahucios en 20 días, sin alternativa habitacional, sin solucionar las cosas, es alargar la agonía de Maricarmen. Están acabando con su salud y con su vida", alertan desde el Sindicato de Inquilinas.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato, ha insistido en un vídeo enviado por la organización en que "no se ha solucionado nada, no se ha garantizado una vivienda, no han parado el desahucio". Lo único que han hecho, ha advertido, es ofrecer a Maricarmen "20 días más de tortura". "Las leyes rentistas están minando su salud y, literalmente, matándola. No vamos a dejar que nos desmovilicen. Queremos una solución definitiva para Maricarmen. No nos vamos, nos quedamos", ha apuntalado la portavoz de la organización.

El primer intento de desahucio se produjo el pasado mes de octubre, también suspendido gracias a la lucha vecinal y sindical. Tiempo después, el Juzgado programó para este miércoles, 3 de junio a las 8.00 horas, el segundo intento de desalojo, ahora aplazado. Maricarmen, a punto de cumplir los 88 años, vive en ese piso desde hace 70 años; en concreto, desde que en 1956 su padre firmó el primer contrato de alquiler.

De las leyes franquistas al desalojo

El problema de la vivienda que atraviesa Maricarmen viene de lejos, y se remonta incluso al machismo imperante en los tiempos de la dictadura. Su padre, como hombre, fue el único que pudo firmar el primer contrato de arrendamiento del inmueble, allá por 1956. Su madre, al ser mujer, no pudo. Se lo impedían las leyes franquistas. Ese primer contrato se conocería luego como alquiler de renta antigua, un tipo de arrendamiento que en principio buscaba garantizar el derecho vitalicio a habitar la vivienda tanto por quien hubiera suscrito la renta como por su cónyuge y descendientes. Cuando murió el padre, Maricarmen y su madre suscribieron un primer contrato de subrogación; al fallecer también la madre, pasó a una segunda subrogación. Según la ley vigente, esta segunda subrogación solo podría tener una duración de dos años "salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviera una discapacidad superior al 65%".

Si el contrato se hubiera firmado en la actualidad, tanto el padre como la madre de Maricarmen serían titulares del primer arrendamiento y, ahora, este seguiría en vigor al tratarse de una primera subrogación. "Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre ante la negación de derechos a la mujer en el matrimonio", denuncian desde el Sindicato de Inquilinas.

En 2018, la familia propietaria del bloque en el que vive Maricarmen vendió el edificio a Renta Corporación, "uno de los grandes holdings de España". La empresa propuso a la vecina que comprara su piso por unos 300.000 euros, un precio que no podía permitirse. Ante esta imposibilidad, Renta Corporación vendió la vivienda a Urbagestión, "una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias". A partir de ese momento, todo se torció. "Llegaron los problemas", dicen desde el sindicato.

Los administradores de la empresa, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, se obstinaron en desahuciar a Maricarmen. Con la excusa de que el contrato debía haberse extinguido en 2007 al tratarse de una segunda subrogación, le pidieron que abandonara su casa. Ella se negó y la llevaron a los tribunales. Aunque en primera instancia la justicia dio la razón a la vecina, tras varios recursos los empresarios consiguieron que en marzo de 2024 el Tribunal Supremo se pusiera de su lado. Maricarmen tenía dos opciones: pagar un alquiler mensual de 1.650 euros, un 300% más de lo que pagaba y cuando tan solo cobra 1.450 euros al mes de pensión (según Urbagestión, es un precio muy por debajo de la media en el edificio, donde ya se alquilan apartamentos por más de 2.600 euros); eso, o irse de casa. Ella, afiliada al Sindicato de Inquilinos, apuesta por una solución intermedia. Por ejemplo, que la compre el Ayuntamiento, la Comunidad o el Gobierno y la pongan en alquiler social.