Ayuso tiene un plan, en el ámbito educativo, digno de la Administración Trump. En un contexto en el que la Comunidad de Madrid viene de asfixiar económicamente a las universidades públicas madrileñas, mientras impulsa la creación de nuevas privadas, ahora ha fijado la vista en un componente básico del ADN de los campus. Las protestas.

Según ha adelantado El País, tras tener acceso al borrador de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y con fecha de 26 de mayo, en ese texto que preparan desde Sol se recoge una batería de sanciones contra los escraches y las manifestaciones no autorizadas en las universidades públicas.

Para hacerse una idea de lo que cambiaría este proyecto legislativo de salir adelante, se catalogarían esos supuestos, escraches y 'manis' no autorizadas, como "graves". En ese estadio, la horquilla de las multas se puede ir hasta los 100.000 euros, según la mencionada información. El citado diario ha tratado de confirmar con un portavoz de la Consejería de Educación madrileña si esta es la versión definitiva de norma, sin lograrlo.

15.000 euros por una pancarta: hasta un millón por bloquear a policías o permitir un "referéndum ilegal"

Asimismo, el texto del borrador al que ha tenido acceso El País también menciona otra tipo de sanciones, las "leves". En esa modalidad entraría, por ejemplo, ser sancionado con hasta 15.000 euros por colocar una pancarta sin permiso. Pero lo cierto es que el proyecto contempla incluso faltas "muy graves" que suponen sanciones superiores a los 100.000 euros. Precisamente, esa es la cuantía más baja de una horquilla que alcanza el millón de euros.

En estas últimas faltas "muy graves" se contemplarían casos como impedir "la acción legítima" de las fuerzas y cuerpos del Estado o unas elecciones o permitir la celebración de un "referéndum ilegal". También entrarían otras cuestiones, como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra".