Bruselas avisa a España por la regularización masiva de inmigrantes: "Un permiso de residencia no es un cheque en blanco"
La Unión Europea advierte que la regularización es legalmente una decisión nacional, pero no puede tener efectos colaterales en el resto de la Unión.
La Comisión Europea vuelve a marcar límites a la política migratoria española. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, reconoció este martes en el Parlamento Europeo que la regularización masiva de inmigrantes es competencia exclusiva de los Estados miembros, pero lanzó una advertencia clara al Gobierno de Pedro Sánchez: "Un permiso de residencia no es un cheque en blanco".
El aviso llegó durante un debate sobre el tema en el Parlamento Europeo, el proceso anunciado por España para regularizar a más de medio millón de personas, una iniciativa que ha generado inquietud en varios socios comunitarios y que fue impulsada en la Eurocámara por el Partido Popular Europeo, con el respaldo de los grupos de derechas del hemiciclo.
Competencia nacional, impacto europeo
Brunner dejó clara la posición institucional de Bruselas: la regularización es legalmente una decisión nacional, pero no puede tener efectos colaterales en el resto de la Unión.
"Algunas cuestiones siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros", afirmó, "pero esa responsabilidad implica asegurarse de que las decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la UE".
El comisario insistió en que las normas europeas son claras y deben respetarse. En particular, recordó que un permiso de residencia concedido por un país no habilita automáticamente a moverse libremente por toda la Unión fuera de los márgenes legales.
Advertencia directa sobre Schengen
El mensaje más explícito llegó cuando Brunner se refirió al espacio Schengen. Si una persona con permiso de residencia español es detectada viviendo de forma irregular en otro Estado miembro o solicitando asilo en un segundo país, deberá ser devuelta al Estado que emitió el permiso, es decir, España.
"Eso es lo que esperamos ver", subrayó el comisario, "en relación con las medidas anunciadas recientemente por España y con otras iniciativas similares en otros países". La frase supone una presión directa sobre Madrid para que refuerce los mecanismos de control y cooperación con el resto de socios europeos tras una regularización de gran escala.
España, a contracorriente de la UE
La decisión del Ejecutivo español choca frontalmente con la tendencia dominante en Europa, donde la mayoría de los gobiernos está optando por endurecer las políticas migratorias.
También contrasta con la posición personal de Brunner, un conservador austriaco que suele utilizar el término "migrantes ilegales" para referirse a quienes se encuentran en situación administrativa irregular.
Ese giro restrictivo quedó patente el mismo día del debate en Estrasburgo. Horas antes, la Eurocámara aprobó con amplia mayoría la creación de una lista europea de países de origen seguros, una herramienta que permitirá rechazar con mayor rapidez las solicitudes de asilo de personas procedentes de esos Estados.
La votación fue contundente: 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones.
Centros de deportación fuera de la UE
Además, los eurodiputados dieron luz verde a una modificación del concepto de "tercer país seguro", con 396 votos a favor, 226 en contra y 30 abstenciones. Este cambio abre la puerta a establecer centros de deportación fuera de las fronteras de la Unión Europea, una propuesta que ya habían aprobado los Estados miembros a finales del año pasado.
España se ha opuesto con claridad a esta vía, al igual que numerosas organizaciones humanitarias, que advierten del riesgo de vulneraciones de derechos fundamentales.
Un pulso político abierto
El debate deja en evidencia una fractura creciente en la política migratoria europea. Mientras Bruselas y muchos gobiernos apuestan por blindar fronteras y acelerar devoluciones, España defiende una regularización amplia como vía de integración y estabilidad social.
Por ahora, la Comisión no cuestiona la legalidad de la medida española. Pero el mensaje de Brunner es inequívoco: Madrid deberá demostrar que su decisión no tensiona Schengen ni traslada el problema a otros países.