Corrupción y cloacas del Estado: cinco claves del juicio más esperado de los últimos años, el de la familia Pujol Ferrusola
Jordi Pujol (95 años) y sus hijos (su mujer murió en 2024) están acusados de amasar una fortuna en paraísos fiscales gracias a la posición del patriarca como presidente de la Generalitat durante más de 20 años.
Tras negar en repetidas ocasiones que tuviera dinero en cuentas en el extranjero, el longevo expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol (95 años) confesó en 2014 que en 1980 había recibido una herencia de su padre por valor de 140 millones de pesetas y que sí, que estaba fuera porque su progenitor "tenía miedo de lo que podía pasar". Esa defensa se ha mantenido con los años y es la que ahora utiliza la familia entera ante el inicio de uno de los juicios más esperados de los últimos años; Pujol y sus siete hijos (su mujer, Marta Ferrusola, falleció en 2024) están acusados de crear una red corrupta para amasar una fortuna con las comisiones que les pagaban empresarios a cambio de obtener adjudicaciones de contratos públicos. O, como señaló el magistrado que instruyó el caso, José de la Mata, "existen indicios de que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas". Os dejamos unas claves de una causa que comenzó a investigarse en 2012 y cuyo juicio está previsto que se alargue varios meses, hasta al menos mediados de 2026.
CÓMO EMPEZÓ TODO
La presión sobre la familia Pujol i Ferrusola era inmensa, ya fuera mediática, judicial, policial o política. Sobrevolaba cada vez más la idea de que la corrupción había sido la clave de bóveda del hombre que gobernó Catalunya desde 1980 y hasta 2003. Más de 20 años en el puesto más alto de la política catalana. Las noticias sobre movimientos de dinero oculto en el extranjero caían como un goteo incesante y, para sorpresa de muchos y con la intención de defender a su familia, Pujol sorprendió a todos con un comunicado el 25 de julio de 2014. Reconoció que desde hacía años guardaba dinero en el extranjero (Andorra y Suiza), pero no por corrupción, sino proveniente de una herencia de su padre, Florenci Pujol, que supuestamente le había dejado unos cuantos millones de pesetas para que los repartiera entre su mujer y sus hijos; un dinero que, "nunca" llegó a regularizar por no encontrar el momento, dijo. El comunicado, que buscaba poner cierto freno a las pesquisas que acorralaban al clan, no fue más que la gota que colmó el vaso. Su confesión supuso el inicio de unas investigaciones y unos paseíllos ante la Justicia que concluyeron en el juicio que comienza esta semana.
¿QUÉ PINTA VILLAREJO AQUÍ?
Pese a todos los indicios y a la propia confesión de Jordi Pujol, el juicio al clan no se entendería sin las llamadas cloacas del Estado, que pusieron en marcha la conocida como "Operación Cataluña", todo un entramado policial, político y judicial que buscaba fabricar pruebas falsas para incriminar a los líderes del independentismo catalán. Pujol tuvo la mala suerte, claro, de que a él sí le encontraron cosas. Uno de los principales protagonistas de la operación fue el comisario José Manuel Villarejo, quien confesó que todo se orquestó desde el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al mando del Ministerio del Interior. En estos momentos, una Comisión de Investigación en el Congreso trata de aclarar todo lo ocurrido.
¿DE QUÉ SE ACUSA A LOS PUJOL?
Según el juez que instruyó la causa, durante años los Pujol i Ferrusola, tanto padre, madre como los siete hijos, se aprovecharon de la "posición privilegiada" de la familia, sobre todo del progenitor y sus más de 20 años al frente de la Generalitat, "para acumular un patrimonio desmedido". Durante años, el clan habría estado moviendo dinero con procedencia ilícita entre diferentes cuentas en paraísos fiscales para después utilizarlo en inversiones inmobiliarias, mobiliarias o de cualquier tipo "con el objetivo de reintegrarlo a la vida comercial lícita, siempre en beneficio de la familia y cada uno de sus integrantes".
Para De la Mata, los cabecillas de la organización criminal serían el propio Jordi Pujol y también su mujer, Marta Ferrusola, quien se autodenominaba como "la madre superiora de la congregación". Ferrusola estaba también imputada, pero murió en 2024. Tras ellos, el papel más relevante en la familia lo ostentaba el hijo mayor, Josep, "el capellán de la parroquia" y quien "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas". Pero ninguno de los hijos se libra. En mayor o menor medida, el magistrado sitúa como beneficiados y también participantes a todos y cada uno de los hijos de la familia: Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia.
El magistrado les acusa de delitos que van desde la asociación ilícita y blanqueo de capitales, pasando por falsedad documental o delito contra la hacienda pública.
¿QUÉ PENAS ENFRENTA LA FAMILIA?
Aunque la Fiscalía Anticorrupción pide para Jordi Pujol nueve años de prisión y una multa de más de 200.000 euros, la petición de penas más elevadas la reserva para sus descendientes. Anticorrupción pide la pena más alta, 29 años de prisión y más de seis millones de euros de multa, para el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y para su mujer, Mercé Gironés (17 años de cárcel y 600.000 euros de multa). La segunda pena más elevada sería para otro de los hijos, Josep, para quien pide 14 años. Para los demás, Anticorrupción solicita 8 años por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
¿Y JUZGARÁN AL PATRIARCA, ENFERMO?
La defensa de Jordi Pujol quería que la Audiencia Nacional no juzgara a Jordi Pujol, de quien decía "no estaba en condiciones" de continuar con el proceso al presentar "un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular". Pero el tribunal que lo juzga no lo ve así y este lunes ha decidido que "se inicie el juicio con su presencia". Eso sí, si se produjera "cualquier modificación de su estado de salud", los jueces volverían a debatir su continuidad.
