Defensa ha completado ya su desconexión y no utiliza ninguna tecnología de Israel

El Ministerio de Defensa ha completado ya la desconexión respecto a la industria armamentística de Israel y, desde julio, ya no recurre a ningún componente, armamento ni tecnología israelí, según indican fuentes del Gobierno.

Sin embargo, evitaron referirse al caso concreto del software Pegasus, que presuntamente se ha utilizado para espiar a políticos españoles, actualmente investigado por los tribunales.

Actualmente, no hay ninguna licencia activa, el Gobierno ha pedido el desistimiento de todos los contratos que puedan incluir algún tipo de tecnología procedente de Israel y negocia con sus contratistas, empresas españolas y europeas, la sustitución de los elementos que provenían de este país, agregan las mismas fuentes, citadas por la Agencia EFE.

El Ejecutivo aprobó este martes el real decreto que establece un embargo del comercio de armas con Israel, en respuesta a la ofensiva de país contra Gaza, así como la prohibición de importar bienes desde asentamientos ilegales en la Palestina ocupada.

El Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez defiende que el embargo ha ido "lo más lejos posible" y que solo está limitado por el ordenamiento jurídico y los tratados internacionales, así como por una disposición que permitirá al Gobierno establecer excepciones, sin especificar, "cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales".

En la práctica, esta limitación supone que este embargo no afectará a las bases estadounidenses de Rota y Morón de la Frontera, en el sur de España.

Sin embargo, el socio de los socialistas en el Gobierno, el grupo de izquierda Sumar, quiere ir más allá.

Un embargo "ambicioso" que busca ser reproducido

El Ejecutivo destaca, también, lo "ambicioso de este embargo", que espera que otros países reproduzcan, y aclara algunos elementos respecto a esta medida. Por ejemplo, fuentes del Ejecutivo señalaron que la medida también prohíbe el tránsito de aviones o buques con material de defensa o de doble uso, que ya se estaba aplicando en virtud de una normativa de 2014, a la que ahora se agrega el combustible de aeronaves de uso militar.

Además, el embargo afecta también a los contratos con empresas españolas o con empresas israelíes con sede social en España porque lo que prohíbe es todos los componentes o tecnologías de origen israelí.

Además, se prohíbe importar productos procedentes de los asentamientos ilegales, para lo que se elaborará un listado con códigos postales y localidades y los productos con ese origen no serán autorizados.

Quien los importe estará cometiendo contrabando, y a partir de los 50.000 euros en el valor del producto importado supone un delito penado con entre un año y cinco de prisión. Los dátiles son el principal producto importado desde estos asentamientos, indica el Gobierno.