El Congreso da la espalda a tres millones de inquilinos: decae el decreto con la prórroga de los alquileres

La mayoría del Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el decreto del Gobierno con la prórroga de los contratos de alquiler de viviendas, una medida que beneficiaba a unos tres millones de inquilinos y que, tras decaer, podría traer consigo un aluvión de demandas en los juzgados. 

El bloque de derechos, con PP, Vox y Junts, ha hecho valer su mayoría absoluta (177 votos) para hacer decaer el decreto aprobado por el Ejecutivo el mes pasado. Un texto que congelaba, por un lado, los contratos de alquiler a punto de vencer y, por otra parte, fijaba un tope del 2% para las actualizaciones anuales en los dos próximos ejercicios. En otras palabras, permitía a los inquilinos cuyos contratos vencían antes del 31 de diciembre de 2027 solicitar a su casero la prórroga automática del mismo, de tal manera que podían quedarse en las casas sin temor a que el propietario les pudiera echar o les subiera de manera significativa el precio del alquiler. Los sindicatos de inquilinos estiman que casi tres millones de personas se encontraban actualmente en esa situación.

El temor a que PP, Vox y Junts se unieran para tumbarlo en la Cámara Baja, después de que ocurriera lo mismo con el decreto que incluía la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, hizo que el ala más progresista del Gobierno se pusiera en marcha para lanzar una campaña dirigida a esos inquilinos con el fin de que enviaran un burofax a los propietarios para solicitar esa prórroga antes de que el decreto pudiera decaer en el Congreso. 

Cabe recordar que un decreto-ley aprobado por el Ejecutivo entra en vigor de forma automática tras aprobarse en Consejo de Ministros pero debe después ser convalidado por mayoría simple en el Congreso durante 30 días. Mientras está en vigor, sus efectos son plenos. Sin embargo, en el caso de que decaiga, pierde toda efectividad. 

De ahí que no haya consenso entre los juristas sobre qué puede ocurrir ahora, una vez que este decreto haya sido rechazado por el Congreso. ¿Todo los inquilinos que han pedido la prórroga quedan protegidos o sólo a aquellos cuyos contratos vencían hasta hoy? ¿Puede un propietario que recibió el burofax echar al arrendantario una vez haya expirado el contrato o a subirle la renta en función de la oferta y demanda?

Lo cierto es que la prórroga no está garantizada y es probable que esta cuestión se dirima en el ámbito judicial. El artículo 86 de la Constitución indica que "el resultado negativo de la convalidación produce la inmediata cesación de los efectos del decreto-ley", por lo que puede entenderse que su contenido no deja ningún efecto legal. Sin embargo, algunos juristas, el propio sindicato de inquilinos y los representantes de Sumar y Podemos señalan que la no convalidación no puede tener efectos retroactivos. Es decir, que aquellos que han pedido la prórroga se han servido de un texto legal y en vigor en el momento de la petición. Y eso no cambia aunque la norma, después, decaiga. En todo caso, ante el temor de que esto finalmente no sea así, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, animó al Ejecutivo a “preparar un plan B para proteger a los inquilinos” y apostó por aprobar decretos similares cada mes si hace falta. La oleada de litigios, en todo caso, parece asegurada.

El decreto nació ya entre fuertes turbulencias después de que Sumar se negara a sentarse en el Consejo de Ministros del pasado 20 de marzo después de comprobar que el texto que iba a aprobar el ala socialista para paliar los efectos del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán no incluía ninguna medida dedicada a vivienda. Finalmente, tras un aplazamiento de más de dos horas, se llegó al consenso de que se aprobarían dos reales decreto-ley diferentes. Uno, con las medidas que en principio contaban con el respaldo de la mayoría del Congreso. Y el segundo, el de vivienda, que no tenía garantizado ese respaldo.

Consciente de lo que esperaba poco después en la votación, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y encargado de defender la norma en el Congreso, Pablo Bustinduy, ha advertido que "los españoles", incluidos muchos votantes de PP, Vox y Junts, apoyaban la medida y "tomarán nota" de la negativa de las tres formaciones. 

Aún más indignado, tras la votación añadía a la prensa que "ojalá paguen un precio político muy caro, porque no es de recibo". "Tanto que hablan de la 'prioridad' hoy entre el 'fondo buitre' y una familia española se han puesto de lado del 'fondo buitre'", ha añadido Bustinduy, reiterando que "haremos lo que haga falta hasta que se apruebe".

"Cada euro de más de los inquilinos, cada despedida del barrio, cada maleta llena de ropa mal doblada por las prisas tendrán el nombre y los apellidos de cada parlamentario que ha votado en contra", ha espetado tras defender "ante un Congreso semivacío" lo "razonable" y lo "proporcionado" de la iniciativa de Sumar.

PP, Vox y Junts se opusieron desde el primer momento. Los populares creen que todas las medidas del Gobierno en materia de vivienda han sido un fracaso porque son leyes "sectarias". Los independentistas catalanes, mientras, creen que este decreto favorece la okupación y la "inseguridad jurídica" en un sector muy tensionado. Y eso que Sumar se había abierto en las últimas horas a apoyar algunas propuestas de Junts, como bonificar a propietarios afectados por la prórroga o bajar el IVA a autónomos. Pero de nada han servido estos cantos de sirena y las tres derechas, junto con la abstención del PNV, han impedido la convalidación del decreto. Y tres millones de inquilinos vuelven a verse sometidos a la brutal presión de un mercado de la vivienda que ha sufrido incrementos de valor de más de un 30% en los últimos cinco años.