Menos impuestos a la gasolina y a la electricidad: qué incluye el decreto 'de guerra' del Gobierno 

El Gobierno ha aprobado este viernes un decreto ley con medidas concretas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, después de que el diésel y la gasolina se haya disparado un 29% y un 16% respectivamente en menos de tres semanas, o el precio de la luz, hasta un 32% en estos últimos días. La semana que viene, dicho decreto deberá ser convalidado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

Entre las medidas que han aprobado se encuentra una reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%. En concreto, de la gasolina, el gasóleo y el gas. También se aplicará lo mismo a la luz, a las briquetas y los ‘pellets’. Además, se rebaja el impuesto especial sobre hidrocarburos “hasta el mínimo permitido en la Unión Europea”. Todo ello, según ha anunciado Sánchez, supondrá una reducción de hasta 30 céntimos por litro de carburante, unos 20 euros de ahorro a la hora de llenar el depósito de un coche medio.

De este modo, el Ejecutivo aplica rebajas fiscales y evita la bonificación al precio de los combustibles, como ya se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos. Eso sí, habrá una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que “esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra”, ha apuntado.

Además, para paliar la subida de la factura de la luz, el Ejecutivo también tendría previsto aprobar una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (del 5% al 0,5%) y suspenderá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (ahora en el 7%).

El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), actualmente en el 5,1%, es un tributo indirecto de carácter estatal que grava el consumo de energía eléctrica, aplicándose sobre la suma de la potencia contratada y la energía consumida en la factura de la luz. Su objetivo es recaudar fondos públicos y fomentar el ahorro energético.

Por otroo lado está el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, un tributo directo y real creado en 2012 que grava la producción e incorporación de electricidad al sistema con un tipo general del 7% sobre el valor de la energía producida.

En lo que se refiere a ayudas a personas vulnerables, el decreto incluiría una mejora el bono social eléctrico -el descuento sería del 42,5 % para consumidores vulnerables y del 57,5 % para vulnerables severos-, el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la garantía de suministro de agua y energía.  

De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, junto a otras bonificaciones para autoconsumo, bombas de calor y rehabilitación energética. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas.

En un tenso Consejo de Ministros, con PSOE y Sumar a la gresca, la parte minoritaria ha conseguido incluir un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible. En concreto, el Gobierno ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de Competencia, así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.

Para ello, se modificará la Ley del sector de hidrocarburos, concretamente el artículo 116, para aclarar la competencia sancionadora de la CNMC en ese ámbito, al tiempo que se plantea un esquema de seguimiento más cercano de la evolución con informes periódicos y recabando información adicional de los distintos agentes.

En un segundo decreto aprobado se incluye la otra medida estrella exigida por Sumar: la prórroga por dos años de los contratos de alquiler. A diferencia del primero, Pedro Sánchez ha admitido que no cuentan todavía con los apoyos necesarios para su convalidación. Sin embargo, se dan un margen de un mes para lograr esos votos de PNV y Junts y poder mantener dicha prórroga hasta diciembre de 2027. 

Medidas aprobadas en el "decreto de guerra"