El Partido Popular no esperaba la jugada. O quizá sí. La ponencia de sentencia que se ha encargado de hacer la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, en el que se avala el grueso de la ley de amnistía aprobada en el Parlamento, ha dejado al PP en una posición incómoda: desautorizado en uno de sus argumentos bandera contra Pedro Sánchez y con una estrategia basada en la ilegitimidad que resulta muy difícil de sostener jurídicamente. El fallo del alto tribunal, que se votará en un pleno monográfico a partir del 24 de junio, respalda el corazón de la norma y desmonta el núcleo del relato que los populares han defendido con uñas y dientes desde el día uno: que la ley era un traje a medida para los independentistas a cambio de una investidura. El Constitucional no entra en ese relato. Y lo que no entra en la sentencia, queda fuera del terreno de juego legal.

“La interpretación que sostiene el Partido Popular es incompatible con una Constitución abierta, inherente al Estado democrático y al pluralismo político”, recoge literalmente la ponencia. Es una desautorización sin ambages a la tesis de que la ley de amnistía es inconstitucional por no estar prevista expresamente en la Carta Magna. “El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente”, añade el texto, y alerta de que impedir al Parlamento ejercer esa capacidad supondría “la infracción del principio democrático, eje vertebrador de nuestro sistema constitucional”.

El tribunal también desmonta la idea de que el contexto político invalida la norma. “Una cosa es el porqué de la ley, esto es, de las motivaciones, razones o transacciones políticas que llevaron a su aprobación, y otra muy distinta es lo que la norma es”, zanja la sentencia. “Los juicios de oportunidad política quedan extramuros de nuestro control”, insiste. No importa si la ley fue fruto de un acuerdo de investidura o de una negociación entre partidos; eso, desde el punto de vista constitucional, es irrelevante.

Incluso la acusación de arbitrariedad se descarta de forma contundente. El tribunal afirma que, aunque pueda discreparse políticamente de la medida, no cabe calificarla de caprichosa: “No responde a capricho o mero voluntarismo”, sino que persigue una “mejora de la convivencia y de la cohesión social” y una “integración de las diversas sensibilidades políticas” para superar el conflicto catalán. El Constitucional también recuerda que esta ley no sustituye a los jueces, no declara inocentes a los beneficiarios ni borra los hechos: “La amnistía no es el olvido. Los hechos son o no son. Ninguna ley puede hacerlos desaparecer”.

El PP ignora la ponencia y redobla la ofensiva

Frente a este posicionamiento jurídico, el PP ha decidido mantener su estrategia política sin alteraciones. Desde un mitin en Cáceres, Alberto Núñez Feijóo repitió su línea habitual: “Comprar un gobierno con privilegios ni es ético, ni es moral, ni es legal”, sentenció. Ignoró por completo el contenido del fallo y sostuvo que la amnistía sigue siendo “corrupción política”. Fue más allá y cargó directamente contra el presidente del Gobierno: “Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción”, dijo, acusando a Sánchez de “cargarse la igualdad de los españoles ante la ley”. En su intervención, Feijóo no solo evitó mencionar el dictamen del Constitucional, sino que se colocó por encima de él, apelando a “todos los expertos” que, según él, han dictaminado que la ley es inmoral: “Los letrados del Senado, del Congreso, el Consejo General del Poder Judicial, los constitucionalistas más prestigiosos… todos han dicho que es inmoral”.

El mitin sirvió como ensayo del tono con el que el PP quiere encarar la manifestación del 8 de junio en Madrid. Allí, junto a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, Feijóo agitó la idea de una España en decadencia institucional bajo el sanchismo, señalando a Extremadura como “la zona cero” de ese deterioro. “Los extremeños no tienen la culpa de que se enchufara al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación”, espetó, en referencia al caso de David Sánchez, actual foco de la oposición regional. También prometió mantener abierta la central nuclear de Almaraz si llega a la Moncloa y se presentó como el antídoto a un país gobernado, según él, por una “mafia institucional”.

La respuesta del partido no ha sido una corrección, sino una escalada: este domingo, el PP ha convocado su sexta gran manifestación contra el Gobierno bajo el lema “Mafia o democracia”. Cuca Gamarra aseguró que el dictamen del TC es, directamente, “una razón más para salir a la calle”, y fuentes del partido explican que la ponencia refuerza su llamado a movilizarse.

La ofensiva no es nueva. El PP lleva semanas sembrando dudas sobre la independencia del tribunal. Uno de sus dirigentes más visibles, Esteban González Pons, llegó a calificar al Constitucional como “un cáncer para el Estado de derecho”, una declaración que levantó tal polvareda que tuvo que matizarla días después. Pese a ello, en Génova se mantiene la tesis de que el tribunal está “copado” por el PSOE y que su fallo responde a intereses políticos. El argumento, ahora, se recicla para alimentar el relato de que las instituciones están completamente degradadas por el sanchismo.

El aval a la amnistía da aire al Gobierno de Sánchez

La reacción del Gobierno ha sido medida y calculada. En pleno asedio de la derecha, con el caso Leire Díez copando titulares incómodos y una manifestación a las puertas, el fallo del Constitucional supone un balón de oxígeno, que refuerza la legalidad de la norma más criticada del mandato de Sánchez, desactivando la tesis de la "investidura ilegítima" con la que la derecha ha intentado cuestionar la legislatura. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha sido el único en pronunciarse sobre el borrador, insistiendo en la idea de que la ley “es plenamente constitucional” y que ya ha tenido “efectos positivos” para “normalizar la vida política en Cataluña”. 

En Moncloa se ha optado por no sobreactuar, conscientes de que la batalla política está lejos de cerrarse. El Ejecutivo lee este aval como una validación silenciosa de su hoja de ruta y prefiere no ofrecer una victoria que movilice aún más a la oposición. Desde Sumar, Ernest Urtasun sí verbalizó lo que en Ferraz se deja entrever: “La ponencia confirma la política del Gobierno ante la judicialización del conflicto y desmonta las mentiras del PP”.

Tampoco los partidos independentistas celebran el fallo. Junts y ERC esperaban el aval, pero recuerdan que la ponencia no entra a valorar aún la malversación, lo que deja fuera a líderes como Puigdemont o Junqueras. "El problema no es la constitucionalidad de la ley, sino la rebeldía del Tribunal Supremo a la hora de aplicarla”, ha afirmado Josep Rius. “Esto es un paso más en un camino que siempre es demasiado largo”, dijo Junqueras en redes.

Vox, por su parte, también ha aprovechado la ponencia que avala el grueso de la ley de amnistía para cargar contra el Partido Popular. Santiago Abascal reprochó a Feijóo haber pactado la renovación del Tribunal Constitucional con el PSOE: “No se puede decir que el Gobierno es una mafia y a la vez llegar a acuerdos con esa mafia”. Con una manifestación a las puertas y un Congreso Nacional del PP en el horizonte, los conservadores buscan su lugar pero con un relato que ya no se sostiene en los tribunales.