El Gobierno presenta su Plan Estatal de Vivienda a falta de un año para que termine la legislatura y sin intervenir el mercado: "No se expulsa a los especuladores"

Era y es el gran tema de la legislatura, casi un asunto de época, y este martes, a falta de un año para que finalice el tercer mandato de Pedro Sánchez, el Gobierno aprobará este martes en su Consejo de Ministros su ansiado plan de vivienda, un programa quinquenal que busca revertir la crisis del acceso a un hogar. Según la ministra en la materia, Isabel Rodríguez, el plan nace con cinco objetivos: incrementar el parque de vivienda asequible, que estará protegido de manera permanente; rehabilitar el parque existente; reducir la edad de emancipación joven; rebajar el esfuerzo financiero; y revertir las zonas de mercado tensionado. Pero... ¿Servirá para solucionar un problema que, desde hace tiempo y cada vez más, secuestra la cartera de la gente?

El proyecto del Ejecutivo parte "con una dotación histórica" de 7.000 millones de euros y quiere sentar las bases de un "sistema público de vivienda" que la consolide como "el quinto pilar del Estado del Bienestar". "Se trata del primer plan [...] que contempla la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado", defienden desde el Ministerio de Vivienda. Un proyecto que, según consideró hace unos días Isabel Rodríguez, "viene a revolucionar la forma de entender la vivienda en España".

El 40% de la inversión, casi 3.000 millones de euros, se dedicarán al incremento del parque público de vivienda, ya sea mediante ayudas a la construcción, a la adquisición o a la movilización de vivienda vacía. Un 30%, unos 2.000 millones de euros, se destinarán a la mejora de las viviendas, con ayudas para mejorar la eficiencia y la accesibilidad y/o la rehabilitación. Además, el plan incluirá diferentes ayudas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda (ayudas al alquiler, al aquiler con opción a compra o a la compra en zonas en riesgo demográfico). La medida estrella, sin embargo, está en que toda nueva construcción será de viviendas protegidas de manera permanente, es decir, no podrán incorporarse nunca al mercado especulativo.

Pero tanto desde los socios del PSOE, ya sea de Gobierno como de investidura, y sobre todo desde las organizaciones de inquilinos, echan en falta la ausencia de medidas que impacten de forma directa en los precios que se pagan actualmente. En un contexto en el que todo apunta a que la prórroga de los contratos de alquiler caerá dentro de unos días, el Plan de Vivienda no pone ningún tope a los precios actuales. Hasta donde se sabe, no incluye nada que pueda impedir que los costes del alquiler existente puedan seguir incrementándose año tras año, renovación tras renovación.

¿Intervenir el mercado?

Pese a que hace unos días la ministra de Vivienda compartió que había que "intervenir la vivienda" en respuesta a unas palabras del cómico Pepe Viyuela en La Revuelta, el programa del Gobierno no lo contempla. "El Plan de Vivienda viene a complementar el mercado de la vivienda, pero no lo sanea", explica Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, quien denuncia, además, que "van a ser muy pocas personas las que puedan acceder a una vivienda protegida, a una vivienda pública". "Millones de personas, más del 90%, seguiremos en el mercado privado. ¿Qué tiene que decir sobre esto el Gobierno? Hay que intervenirlo para expulsar a los especuladores y que los precios bajen", reclama De los Santos.

Para el portavoz del Sindicato de Inquilinas, la inversión del plan es insuficiente. "De esos 7.000 millones, solo el 40% va a destinarse a la adquisición de vivienda. Si es un plan a cinco años, quiere decir que al año se destinarán 336 millones de euros a vivienda protegida, lo que quiere decir que hay que tener muchísima suerte para que te toque una casa". Fernando de los Santos compara además la cifra con el gasto anual en Defensa, "33.000 millones". "El gasto para la adquisición de vivienda representa un 1% del gasto militar. Es insultante, hay que reordenar las prioridades presupuestarias", considera. 

En opinión del sindicato, por otro lado, sería preferible que los 7.000 millones de euros del plan se destinaran a la "intervención de operaciones especulativas de los fondos". "Hay que recuperar las viviendas en manos de los fondos para así expulsar a los que son el principal motor de la especulación y la subida de precios, y convertir esas casas en verdadera vivienda pública, con alquileres indefinidos, con costes adaptados al sueldo, las pensiones o los ingresos y gesionadas por los vecinos o la administración", dice.