El Gobierno de Ayuso rechazó activar un plan que garantizaba atención médica 24 horas en residencias durante la pandemia
'El País' ha revelado en exclusiva el contenido completo del 'Plan Burgueño', que proponía un refuerzo médico durante la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

El miércoles 11 de marzo de 2020, durante la primera ola del COVID-19, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encargó al consultor sanitario Antonio Burgueño un plan de actuación para hacer frente a la crisis sanitaria. Apenas 24 horas después, él propuso un documento de 49 páginas con propuestas radicales, entre ellas una clave: que la Atención Primaria prestara asistencia médica 24 horas al día en las residencias de mayores para evitar su hospitalización.
Cinco años después, El País ha revelado en exclusiva el contenido completo del 'Plan Burgueño', nunca implementado, que pretendía reforzar la respuesta sanitaria en los centros que acabaron convertidos en el epicentro del drama. Entre mitad de marzo y mitad de abril de 2020, cuando murieron miles de mayores en residencias madrileñas, más de un millar de médicos de Atención Primaria fueron enviados al hospital de campaña de Ifema, dejando sin ejecutar la asistencia continua que proponía Burgueño.
El plan, cuya autenticidad ha sido corroborada tanto por su autor como por la Consejería de Sanidad, ha sido proporcionado por una fuente externa al Gobierno de Ayuso, quien explica que lo recibió en 2020 y que incorporó un índice de tres páginas para ordenarlo un poco, ya que le parecía una tormenta "caótica" de ideas.
"Sus ideas son sus ideas: no significa que fueran asumidas, ni aprobadas", señala por su parte un portavoz autonómico. Burgueño, que en ese momento fue presentado como "mando único sanitario" por Ayuso, lamentó ante la Asamblea de Madrid en 2021 que su propuesta no se aplicara, calificando esta decisión como "un fracaso".
El jueves 12 de marzo, Ayuso presentó el plan a hospitales y sindicatos como una respuesta integral. Ese mismo día, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo calificó de "plan histórico" y señaló públicamente una de sus medidas clave: "El plan contempla que los pacientes de residencias de mayores que den positivo por coronavirus sean atendidos en la propia residencia".
El origen del triaje y la exclusión hospitalaria
El documento proponía declarar en cuarentena las residencias con casos confirmados, establecer contacto directo con los centros de salud y desplegar una "atención sanitaria intensificada (24h) por médicos de AP y enfermería de AP".
También hablaba de incentivos para los profesionales y de evitar ingresos en hospitales de agudos, una recomendación conectada con el término "geriatría" en los esquemas incluidos. Esta formulación anticipa, según varios expertos, los posteriores protocolos de triaje que establecieron criterios de exclusión hospitalaria para los residentes mayores.
Aunque Burgueño había hablado de "270 medidas", el plan no las enumera como tal. Asegura que elaboró el documento en 24 horas con su equipo de consultoría y que llevaba cinco años sin volver a verlo.
Pese a que la medicalización de residencias fue una de las promesas del Gobierno regional, la realidad fue otra. El viernes 20 de marzo, la Comunidad anunció la apertura del hospital de campaña de Ifema, que reclutó a más de un millar de profesionales de Atención Primaria, los mismos que el plan Burgueño consideraba esenciales para atender residencias. Ifema, sin embargo, solo atendió a 23 mayores de estos centros durante toda la crisis sanitaria.
Burgueño, imputado
La asistencia fallida en múltiples frentes (hospitales públicos, Ifema, hoteles medicalizados, centros privados y residencias) es ahora uno de los argumentos clave en las investigaciones judiciales impulsadas por las familias de los fallecidos, que acusan al Gobierno de Ayuso de "denegación de asistencia sanitaria".
El consultor Antonio Burgueño fue imputado en abril por un juzgado de plaza de Castilla. La semana pasada, una jueza de Leganés interrumpió su declaración como testigo ante la posibilidad de citarle como investigado.
Por ahora, ha preferido no pronunciarse sobre su situación procesal. Las familias esperan que las investigaciones no se detengan en él, sino que avancen hacia las decisiones políticas que condicionaron la gestión de la pandemia en las residencias madrileñas.
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