Los misiles SPIKE, proyectiles guiados antitanque, son el producto estrella de la industria armamentística israelí y su desarrollador, Rafael Advanced Defense Systems, es la empresa militar más potente de Israel. De propiedad estatal, Rafael es el principal suministrador de armas y tecnología del Ejército israelí. Es a esta empresa, a través de su filial española, Pap Tecnos, a quien España adjudicó en octubre de 2023 la compra de 1.680 misiles SPIKE por 285,07 millones de euros, un contrato que ahora el Ministerio de Defensa, según ha podido saber El HuffPost y ha avanzado la Cadena SER, busca revocar pese a argumentar hace unas semanas que no era "sustituible". El Gobierno, aseguran fuentes del departamento que dirige Margarita Robles, buscará "cómo obtener la tecnología de ese programa de otro modo" o estudiará "su sustitución para que el sistema funcione sin depender de Israel".

Cuando el Gobierno ordenó la anulación del contrato del Ministerio del Interior para la compra de balas a la empresa israelí Guardian Homeland Security, El HuffPost contó ya que el Gobierno mantenía todavía en vigor dos contratos millonarios con empresas israelíes para la compra de productos que se venden con el sello de "probados en combate en Gaza". Uno era el de los misiles SPIKE; otro, el del suministro del sistema de lanzacohetes de alta movilidad SILAM, que, según reconoció también Defensa, "podría incluir un componente tecnológico bajo licencia" de la empresa militar israelí Elbit Systems. Entonces, el Gobierno no se planteó rescindir ninguno de los dos contratos al considerarlos "no sustituibles", una postura que han modificado ahora con, al menos, el intento de revocar el primero de ellos.

Pero además del contrato para el suministro del sistema de lanzacohetes SILAM, hay más contratos que contradicen el compromiso del Gobierno a no comprar material militar a Israel desde el 7 de octubre de 2023. El Centre Delàs ha localizado al menos 46 contratos, "algunos adjudicados con posteridad a 2024", tal y como señaló a este medio el investigador Alejandro Pozo.

El mismo Centre Delàs, tal y como adelantó la periodista Olga Rodríguez en eldiario.es, reveló hace poco que el Plan para la Seguridad y la Defensa que el Gobierno presentó ante la UE y la OTAN incluye una nueva adjudicación de armamento a la empresa israelí Rafael por valor de 207 millones de euros. Se trata del "diseño de POD para combate aéreo", incluido en la partida "Modernización y mejora de capacidades de entrenamiento (nuevos programas y anualidades previstas en ejercicios anteriores". Los investigadores Pere Ortega y Quique Sánchez ponen en duda que "un designador láser para los aviones de combate Eurofighter pueda considerarse una mejora de capacidades de entrenamiento". En el plan de rearme español se incluye también un contrato adjudicado "a un consorcio del que forma parte la empresa israelí Elbit", 350 millones para el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT).

Todos estos contratos incumplirían, de salir adelante, la proposición de ley para un embargo total de material de defensa a Israel, sean armas o no, que el Congreso tramita por la vía de urgencia; una propuesta impulsada por las entidades de la sociedad civil, presentada por Sumar, ERC, Podemos y BNG y apoyada por todos los grupos parlamentarios (incluidos PSOE y Junts) excepto Partido Popular y Vox. Según el texto de la norma, la aplicación del embargo supondría la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación de armas, pero también de piezas de repuesto, material policial o antidisturbios. Tras aprobarse la toma en consideración de la proposición, fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a la agencia de noticias EFE que aplicar un embargo así "no es tan sencillo".