En el año 2009, una investigación de Human Rights Watch reveló que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) mataron a decenas de civiles palestinos con el uso de misiles SPIKE entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, la operación que el Gobierno israelí denominó "Plomo Fundido". Durante esos 22 días, y según un informe de Amnistía Internacional, en Gaza "murieron 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños y niñas, [...] millares de palestinos perdieron su hogar, se destruyeron centenares de empresas y servicios públicos" y se atacaron "reiteradamente ambulancias y equipos médicos, matando a varios trabajadores médicos cuando intentaban socorrer a personas heridas o recoger cadáveres". Este es uno de los empleos de los misiles SPIKE que luego utiliza su fabricante, la empresa israelí Rafael, para venderlos a otros países bajo el sello de "probado en combate". Y el 23 de noviembre de 2023, el Gobierno de España adjudicó a PAP TECNOS, filial española de Rafael, un contrato para el suministro de 168 sistemas de estos misiles SPIKE por casi 300 millones de euros. Una contratación que, según el Ministerio de Defensa, no incumple la promesa de no comprar ni vender armas a Israel. Ni entra tampoco, aseguran, en el compromiso adquirido este jueves de anular cualquier contrato de armamento con empresas israelíes después de que se descubriera que Interior había seguido adelante con la compra de millones de balas a Israel.

El argumento esgrimido por el Ministerio de Defensa es que, aunque "el proveedor tecnológico" del programa SPIKE "es la israelí Rafael, se desarrolla por la compañía española PAP TECNOS”. Aunque española, desde 2010 PAP TECNOS se convirtió en empresa filial de Rafael. A consultas de este medio, desde Defensa añaden además que el contrato "no es sustituible". Fuentes del Gobierno en Moncloa señalan, por otro lado, que en este caso es una empresa española la que compra algún "componente" o "pieza" a Israel. Alejandro Pozo, investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria del Centre Delàs y autor de numerosos informes sobre la adquisición del comercio de armas entre España e Israel, contradice estas aclaraciones. "Que se fabrique en España no excluye que sea israelí", comenta en conversación telefónica con El HuffPost. Es más, según señala, el SPIKE es el "producto estrella" de Israel. Rafael "es una empresa estatal israelí". "La pequeña parte que puede poner Israel es el cerebro que los hace funcionar", apunta Pozo.

Estos mismos argumentos son los que utiliza el Gobierno para defender un segundo contrato que el Ministerio de Defensa adjudicó el 15 de diciembre de 2023 para el suministro del sistema de lanzacohetes de alta movilidad SILAM por un valor estimado cercano a los 600 millones de euros. Aunque el armamento es de desarrollo y fabricación española, desde el Departamento que dirige Margarita Robles reconocen que "podría incluir un componente tecnológico bajo licencia de la israelí Elbit", de nuevo "no sustituible". Según el informe "Negocios probados en combate" del Centre Delàs, publicado en 2022 y del que Alejandro Pozo es uno de sus autores, Elbit es otra de las compañías israelíes que publicita sus productos como "probados en combate en Gaza".

Aunque el Ministerio de Defensa sí ha paralizado la adjudicación de un contrato a la israelí IMI Systems el 26 de noviembre, el mantenimiento en vigor de los acuerdos citados con anterioridad incumpliría el compromiso adquirido por el Gobierno esta misma semana, tras revelar la Cadena SER y eldiario.es que Interior había formalizado la compra de balas a la israelí Guardian Homeland Security a pesar de haber prometido hace seis meses que no lo haría. Este jueves, fuentes del Gobierno, tras rescindir dicho contrato, aseguraron a diferentes medios, entre ellos El HuffPost, que "los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes del 7 de octubre de 2023 y, los que sean de armamento, no se van a ejecutar". Esta última afirmación, comentan desde el Ministerio de Defensa, "no afecta" a los contratos de los programas SPIKE y SILAM. Si bien ambos contratos todavía no se han formalizado, el Gobierno no se plantea rescindirlos, como sí hizo con el de Interior. Desde Moncloa insisten en que "no hay ningún contrato de compra de armamento vigente después del inicio de la guerra".

Desde octubre de 2023, el Centre Delàs ha localizado al menos 46 contratos, "algunos adjudicados con posteridad a 2024", tal y como señala Alejandro Pozo y como ha podido comprobar este medio. Para Pozo, el principal problema es que el Gobierno no acompaña las "declaraciones políticas con medidas legales". Si no se cambia el reglamento para "aplicar un embargo a Israel" al que se deban someter todas las Administraciones Públicas, Pozo está seguro de que seguirán apareciendo nuevos contratos. "Hay que ser consecuente — apunta Pozo —, o bien dices que asumes que hay que tener estos armamentos, o si no, cambias las normas, pero no se puede negar lo evidente", que España continúa importando material de defensa y seguridad desarrollado y fabricado por compañías israelíes.