El Gobierno central lleva a la justicia al de Ayuso por el centro privado del Colegio de Abogados
El Ministerio de Universidades presenta un recurso contencioso-administrativo en el Superior madrileño por el centro adscrito a la Complutense que la Comunidad de Madrid permitirá abrir al ICAM.
Nuevo tira y afloja legal entre el Gobierno central y el de Ayuso. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha interpuesto, a través de la Abogacía del Estado, un recurso contencioso-administrativo contra la orden firmada por la Comunidad de Madrid por la que se autoriza la adscripción del centro universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense (UCM).
El recurso fue presentado el pasado 12 de enero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según la información adelantada por El País y la Cadena SER.
Fuentes del Ministerio que dirige Diana Morant señalan que el propio nombre del centro adscrito ya indica algo que "no había sucedido nunca" en el sistema universitario español, como es el hecho de que un colegio profesional imparta directamente títulos oficiales en España.
Universidades: "No es la función de los colegios profesionales, como dice la ley"
Para el Ministerio, la docencia "está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar". Además, las mismas fuentes recuerdan que la función de impartir docencia oficial "no es la función de los colegios profesionales, como dice la ley".
El Ministerio cree que el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. Por ello, avisa de que la decisión adoptada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados".
El Ministerio advierte de que, de esta forma, se abre otra vía para "desmantelar" la universidad pública y asegura que, si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".
Tras la imposición del recurso contencioso-administrativo contra la orden firmada por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, llegará la interposición de la demanda por parte del Ministerio.