Ayuso llevará al Supremo el decreto para la creación de nuevas universidades
La mandataria madrileña asegura que con los nuevos requisitos "se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa y a la libertad de expresión".
Ayuso ha cumplido su promesa, aunque esta no concretase qué decisión acabaría tomando tras aprobar el Consejo de Ministros el decreto que endurece los requisitos para la creación de nueva universidades. La Comunidad de Madrid llevará esta modificación a los tribunales, esgrimiendo la mandataria madrileña que con este se "ataca a las universidades privadas".
A juicio de Ayuso, el decreto que introduce cuestiones como la necesidad de contar con un informe vinculante, un aval, residencia universitaria o un mínimo de docentes doctores y de 4.500 alumnos, "no es más que otra pura arbitrariedad porque se ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa y a la libertad de expresión". Así se ha pronunciado durante una intervención en el II Foro Líderes con Propósito.
El Gobierno no ha ocultado que se ha producido un importante desajuste entre las universidades públicas y las privadas, que amenaza la libertad de elección de los jóvenes que se ven forzados a tener que pagar para poder acceder a una titulación universitaria en sus lugares de residencia.
Ayuso cree que a Madrid no le queda más remedio que alzar la voz "al servicio de España y de su Estado de Derecho"
Ayuso también ha dejado caer que la norma está centrada en la región que gobierna, pero que, por lo contrario, no afecta a otras comunidades. "Y al mismo tiempo está hecha a medida de los nacionalistas una vez más", aseguró Ayuso, que ha insistido en que Madrid se ha visto "perjudicada".
En su habitual discurso, la presidenta madrileña que Madrid tiene que alzar la voz porque está "al servicio de España y de su Estado de Derecho" y por ello utilizará "sus competencias y herramientas legales" para tratar de revertir dicho decreto. En esa línea, una supuesta invasión de competencias autonómicas podría ser la carta que emplee Madrid como estrategia legal.
El Gobierno alerta de que el sistema de igualdad de oportunidad y de ascensor social que supone la universidad pública en nuestro país "se está gripando" ante el empuje de las privadas.
