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El juez Peinado vuelve a equivocarse: otro error obliga a archivar una causa contra una supuesta estafa en el sector 'criptobro'

El juez Peinado vuelve a equivocarse: otro error obliga a archivar una causa contra una supuesta estafa en el sector 'criptobro'

El magistrado se equivoca, de nuevo, en los plazos; no informó a los cabecillas de su calidad de investigados y tampoco los llamó a declarar.

El juez Juan Carlos Peinado.

Si hace unos días se supo que un error procesal del juez Juan Carlos Peinado había obligado a archivar una causa contra un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP, ahora otra equivocación del mismo magistrado aboca también al archivo de la causa contra la supuesta secta IM Academy, que captó a miles de jóvenes para, presuntamente, formarlos sobre inversión en criptomonedas, según ha informado el diario El País.

Según cuenta el citado medio, el tiempo legal de instrucción terminó en marzo de 2022 y Peinado no prorrogó el plazo, por lo que todo lo que investigó desde que comenzó la causa, en 2021, hasta tres años después ha quedado invalidado. Pero no solo eso, sino que el juez tampoco llamó a declarar a los investigados. Ambos motivos han llevado a Fiscalía a solicitar el sobreseimiento de la causa, algo a lo que ahora se ha sumado Peinado.

El Ministerio Público ya había solicitado el archivo de la causa en su momento, pero no tanto por no ver indicios delictivos sino por los errores procesales. El Juzgado no solo no llamó a declarar a los supuestos cabecillas sino que ni siquiera les informó formalmente de su condición de investigados. Ambos hechos, sin tener en cuenta que tampoco se decretó la necesaria prórroga, llevarían a la declaración de nulidad de todo el proceso.

Hace unos días, se conoció también que otro error del juez Peinado había obligado a archivar la causa abierta contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid. Según informó también entonces el diario El País, la Audiencia Provincial de Madrid anuló la prórroga de diligencias solicitada por el magistrado el pasado 2 de abril al constatar que el plazo máximo legal de instrucción había expirado ya el 27 de enero.

Ese error impidió seguir adelante con la investigación por supuesta malversación de fondos públicos debido a que no se podrían seguir practicando las pruebas que habían solicitado las acusaciones políticas.