El PP se enreda con la ley de Nietos mientras en Andalucía cede ante Vox

La derecha política española concluye la semana agitada mientras el Gobierno aplica la ‘doctrina García Ortiz’ y descarta la dimisión de los altos cargos que van siendo imputados por las ramificaciones de presunta corrupción que le rodean. Con Vox denunciando “pucherazo electoral” por la ley de nietos, el Partido Popular se enredó en su posición, que tuvo que ir matizando o aclarando con el paso de los días. Además, en Andalucía, Juanma Moreno acabó cediendo ante los de Santiago Abascal para alcanzar un pacto de legislatura. “No había otra salida” si se quería evitar la repetición electoral, resumen en su equipo.

En un momento de máxima debilidad política para Pedro Sánchez, las sensaciones en el principal partido de la oposición son, cuanto menos, agridulces. En el caso de la ley de nietos, un sector del PP interpreta que “de nuevo” han ido a rebufo de Santiago Abascal, que ya hace unos días en el Congreso acusó al presidente de tratar de manipular las próximas elecciones generales. Una idea con la que el PP de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, lleva tiempo coqueteando. Así lo alertó por escrito en una misiva a interventores y apoderados.

“No tenemos que copiar a Vox, tenemos que ser nosotros mismos. Con Sánchez agonizando, le hemos dado oxígeno teniendo que justificarnos”, en palabras de un presidente autonómico consultado por El HuffPost. Para muchos en el PP, la consigna ha de ser la de “fumarse un puro” y evitar “polémicas” como -interpretan- hizo Mariano Rajoy antes de llegar al Gobierno por mayoría absoluta. “¿Para qué distraernos de la corrupción del PSOE?”, se pregunta otro líder regional.

La sensación de parte del PP es que Génova hizo seguidismo a Vox y no salió bien la jugada. “Nunca podremos ir tan lejos como ellos”, se revuelven estas fuentes. En efecto, Alberto Núñez Feijóo dejó claro que no vincula la ley de nietos a un pucherazo, pero pero sí apuntó a “ingeniería electoral” y pidió a los suyos estar vigilantes. Tampoco activó la vía judicial, como sí que han hecho los de Santiago Abascal.

De fondo, al líder gallego también le persigue su propia hemeroteca, toda vez siempre ha defendido el acceso a la nacionalidad de los nietos españoles que emigraron por la Guerra Civil o la dictadura franquista. “Pero no que colgara de la ley de memoria democrática”, se precisa desde Génova.

Andalucía: "Teníamos que ceder"

Con el PP enredado en la cuestión migratoria, llegó el pacto en Andalucía. Moreno tenía claro que no podía demorarse más y este se alcanzó el jueves, apenas unas horas antes de la segunda votación de investidura. “Si queríamos que saliera teníamos que ceder”, se justifican en San Telmo. Y se cedió: la prioridad nacional está en los documentos rubricados, tal y como ya avanzó este periódico la pasada semana, y Vox se ha hecho con una vicepresidencia con importantes competencias.

También sobre este acuerdo, la percepción interna fue de cierta frustración, como ha  llegado a transmitir el propio Moreno en sus declaraciones públicas. “O esto o repetición electoral”. El barón popular era consciente de que “se tenía que comer” las exigencias en materia migratoria, pero le costó asumir la entrada en su Gobierno de Manuel Gavira. Dede Vox pidieron tres consejerías siendo una de ellas con rango de vicepresidencia -Agricultura, Medio Ambiente y Familias- y han acabado teniendo una vicepresidencia con competencias de Turismo o Justicia.

Con Moreno también abrazado a Vox, el PP cierra el ciclo electoral de este año corroborando su dependencia al que ya consideran como su “aliado natural”. “Juanma es un barón más”, deslizaban en el equipo de Abascal, asimilándole a María Guardiola o Jorge Azcón. Para Génova, la prioridad nacional está “completamente asumida e incluso aplaudida” por sus votantes, al igual de su coalición con Abascal. “El que tiene que tener miedo es Sánchez”, se reafirman.

La doctrina García Ortiz

El presidente del Gobierno tampoco es que tuviera una buena semana. Las investigaciones judiciales prosiguen y, con ellas, nuevas imputaciones que han impactado de lleno en la Moncloa. Primero fue la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas en la causa que investiga a Leire Díez. Y después llegó la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y también el DAO, Manuel Llamas. Pero la estrategia de Moncloa es la de prietas filas. “Confianza y tranquilidad”, afirmaron las fuentes consultadas.

El modus operandi es similar al aplicado con García Ortiz, que no dejó su puesto hasta que ya no le quedaba otra. Y, demás, nunca perdió el apoyo del presidente. Extremo que ahora se repite, por ejemplo, con Mercedes González. Si bien, en las últimas horas, Sánchez o Fernando Grande-Marlaska se han cuidado de hacer declaraciones públicas al respecto, aunque desde sus equipos se han remitido “fuentes oficiales” sujetando a la directora de la Guardia Civil.

El presidente se mantiene en la tesis de resistir pase lo que pase. Pero, además, ha pedido a los suyos reivindicar la acción de Gobierno y su capacidad de tomar decisiones positivas para los españoles a la espera de presentar los Presupuestos. Así, antes de agosto, el Ejecutivo aprobará en Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda, que espera llevar al Congreso en el último pleno extraordinario de julio. Además, el acelerón de afiliados a la Seguridad Social de junio les permitió sacar pecho de la regularización de migrantes, cuyas cifras han doblado las estimaciones iniciales. Se presentaron un total de 1.174.978 solicitudes.