El PP se niega a reconocer como lugar de memoria el Palacio de la Magdalena, el primer campo de concentración franquista

Fue el primer campo de concentración del franquismo, uno pionero que serviría luego a Francisco Franco para desarrollar toda una red de campos similares en toda España. No solo los nazis iban a disfrutar de tal abyecto mérito. El bando sublevado llegó a aprisionar allí, en sus caballerizas, a 1.600 personas, quienes, entre otras cosas, estaban obligadas a realizar el saludo fascista, cantar el Cara al Sol, asistir a misa o participar en actividades destinadas a fomentar lo que el franquismo consideraba "espíritu español", acaso como si todos ellos fueran menos españoles que los que dieron el golpe de Estado. Por todo esto, el Gobierno ha declarado el Palacio de la Magdalena, en Santander, como un Lugar de Memoria Democrática. Pero se ha topado con la defensa Ayuso. El Ayuntamiento, en manos del Partido Popular, no quiere. La alcaldesa santanderina, Gema Igual, dice que el Ejecutivo no debería "dedicar recursos de todos los españoles a manchar y ensombrecer la historia de 117 años de un lugar emblemático para los santanderinos por un episodio puntual que duró dos años". Como si el tiempo fuera eximente de la tortura.

El escritor y profesor de Teoría del Arte de la Universidad de Salamanca, Alberto Santamaría, realizó hace años un profundo trabajo de investigación acerca del uso del Palacio de la Magdalena como un campo de concentración, "sin lugar a dudas un espacio terrible". El campo de concentración santanderino, según cuenta Santamaría en su trabajo memorialista, "se situó como un enclave fundamental en tanto que la caída del País Vasco hizo de la zona y alrededores del palacio el lugar ideal para generar un sistema represivo acorde con los intereses del franquismo (aislar, depurar, eliminar)". Gracias a sus pesquisas, Santamaría, también poeta, fue capaz de perfilar el funcionamiento del campo: "El sistema, a imitación del alemán, consistía en recluir en un recinto al mayor número de sospechosos, sin juicio alguno, sin garantías de ningún tipo. Estos presos podían estar meses allí recluidos hasta que les era tomada la declaración. Durante esos meses de espera muchos de ellos enfermaban, otros, directamente, morían. Tras serles tomada la declaración y ver, su mayor o menor adhesión al régimen franquista, (lo que suponía la presentación de avales que debían incluir palabras favorables de la Guardia Civil, el cura y la Falange de sus respectivos pueblos), su futuro seguía en el aire".

Las conclusiones a las que llegó Santamaría son las que ahora utiliza el Gobierno para comprender que el Palacio de la Magdalena, situado en una península en Santander, debe ser nombrado como un Lugar de Memoria Democrática, que no es otra cosa que recordar lo que allí sucedió durante la dictadura franquista, sin mayor menoscabo del uso que actualmente se le da al espacio, utilizado para charlas, conferencias o actividades de similar menester. Según la argumentación utilizada por el Ejecutivo, el del Palacio de la Magdalena "constituye un ejemplo de los espacios utilizados por el régimen franquista para la represión y el internamiento de la población considerada enemiga o «desafecta». En él se cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tales como la privación arbitraria de libertad, el sometimiento a condiciones inhumanas y la ausencia total de garantías jurídicas. Este tipo de lugares se inscribe dentro de un marco más amplio de violencia institucionalizada, que tuvo como objetivo la persecución política, ideológica y social de miles de personas durante y después de la Guerra de España".

Así lo ve el Gobierno como los historiadores, pero no el Ayuntamiento de Santander, que en todo caso es capaz de reconocer lo que sucedió en las caballerizas del Palacio, "un lugar distante y distinto". Para la Alcaldía de la ciudad, que ostenta Gema Igual, reconocer los hechos que allí sucedieron supondría vincularlo "a valores erróneos como la persecución ideológica o la represión". "Queda claro que la decisión del Gobierno de Sánchez es una ofensa prepotente y agresiva sin base legal y sin más fundamento que reabrir heridas y generar conflictos", arguye su alcaldesa.

Como Isabel Díaz Ayuso, que ha convertido la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria en una batalla legal con el Ejecutivo, Gema Igual considera que la memoria es "una ofensa prepotente y agresiva", cuando lo que busca, en realidad, es tan solo recordar para, llegado el caso, evitar que se repita.