EEUU mata a otras cuatro personas a bordo de una narcolancha en pleno debate sobre la legalidad de estas operaciones
La ofensiva Lanza del Sur suma más de 80 muertos desde septiembre mientras el Senado estudia si el Pentágono ha cruzado líneas rojas en el derecho internacional.
Estados Unidos ha añadido una nueva narcolancha a la lista de operaciones letales que está llevando a cabo en el Pacífico Oriental y el Caribe desde septiembre. Este jueves, el Mando Sur del Ejército (Southcom) ha confirmado la muerte de cuatro personas que iban en una embarcación, supuestamente utilizada por el narcotráfico, que han bombardeado en aguas internacionales, en plena tormenta política por la legalidad de estas acciones. La ofensiva, rebautizada como Lanza del Sur, ya ha dejado más de 80 fallecidos en cuatro meses y ha llevado a media Washington a preguntarse si el Pentágono está desbarrando.
El anuncio se ha hecho, con vídeo incluido, a través de la cuenta que tiene el Southcom en X, donde asegura que “el 4 de diciembre (…) la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización señalada como terrorista”. Una operación que se saldó con la muerte de “cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque”. El Ejército de EEUU se ha amparado en una "confirmación" de la Inteligencia estadounidense para llevar a cabo una la operación, ordenada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, asegurando que esta embarcación transportaba “narcóticos ilícitos” en una ruta conocida del narcotráfico.
La intervención de Peter Hegseth vuelve a situarlo en el foco de la polémica. El secretario, que presume de querer restaurar una supuesta “cultura guerrera” en las Fuerzas Armadas, lleva días esquivando las preguntas de la prensa, especialmente desde las informaciones publicadas en el Washington Post sobre un ataque previo, ocurrido el 2 de septiembre en el Caribe. Según el diario, el comandante al cargo de la operación habría ordenado un segundo bombardeo para rematar a dos supervivientes que seguían aferrados al casco destrozado del barco. La Casa Blanca ha negado la versión. De hecho, Donald Trump ha dicho que “no habría querido un segundo ataque” y Hegseth insiste en que él solo vio el primero “en tiempo real” antes de marcharse a otra reunión. Lo que deja en el aire quién dio la orden, cuándo se detectó a los supervivientes y si la embarcación era todavía útil.
El caso ya está en manos del Senado de Estados Unidos. Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley se ha reunido a puerta cerrada con el comité de las Fuerzas Armadas para rendir cuentas sobre el polémico ataque de septiembre. Los senadores, que pretenden aclarar si el Gobierno de Donald Trump habría traspasado algún límite legal, han tenido la oportunidad de ver el vídeo de ese bombardeo. A su término, el presidente del comité de Inteligencia, el demócrata Jim Himes, ha asegurado que en las imágenes se ve cómo hay dos supervivientes en “clara angustia”, mientras que los miembros republicanos cerraron filas para defender la intervención del ejército.
La discusión jurídica no es menor. Según explican oenegés como Amnistía Internacional y varios expertos citados por la agencia Reuters, matar a presuntos narcotraficantes que no representan una amenaza inminente supondría, bajo el derecho estadounidense e internacional, un homicidio. La Administración Trump, en cambio, ha tratado de enmarcar estas operaciones como una “guerra” contra los cárteles, a los que califica como "grupos armados", equiparándolos (sin decirlo expresamente) a organizaciones como Al Qaeda. El problema es que, según la doctrina internacional, los cárteles no cumplen los criterios, ya que no mantienen una campaña armada sostenida con fines políticos o ideológicos. Más aún, el Congreso de Estados Unidos, quien tiene la capacidad de declarar la guerra, no ha autorizado en ningún momento una ofensiva contra organizaciones criminales.
Mientras tanto, el frente internacional se calienta. Francia ha expresado reservas sobre la legalidad de los ataques. La familia de una de las víctimas ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia, el abogado del presidente Gustavo Petro denunció la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en una de las operaciones en el Pacífico y Donald Trump ha declarado esta semana que su Gobierno se prepara para iniciar lo antes posibles operaciones en territorio venezolano para “eliminar objetivos ligados al narcotráfico”, justo cuando la Casa Blanca redobla su presión política sobre Nicolás Maduro.
Las posibles responsabilidades penales no son ciencia ficción. Si la investigación interna concluye que hubo asesinatos ilegales, el Departamento de Justicia podría imputar a Pete Hegseth por delitos federales, mientras que el almirante Frank Bradley y otros mandos podrían enfrentarse a una corte marcial. Nadie puede escudarse en el “solo cumplía órdenes” si la orden es ilegal. Cuestión aparte es que llegue la sangre al río porque Trump conserva la facultad de indultar a cualquier condenado por delitos federales o crímenes de guerra, un último as en la manga que ya ha utilizado antes.
