El Supremo descarta la suspensión urgente del decreto de regularización de inmigrantes
Se espera que gracias a esta medida, que ha entrado en vigor hoy, unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan regularizarse de forma extraordinaria.
El decreto de regularización de inmigrantes seguirá adelante, por lo menos por ahora. El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado este jueves la petición de la asociación ultraderechista 'Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica' para que paralizara de inmediato la aplicación del decreto de regularización de inmigrantes.
Según el Supremo no hay motivos suficientes para aplicar una suspensión urgente. En lugar de eso, ha optado por estudiar el caso con más calma. Para ello, ha dado un plazo de diez días a las partes para que presenten sus argumentos a favor o en contra del decreto.
"La urgencia debe apreciarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes de carácter objetivo, sin que la mera opinión de la parte sobre la forma en que va a desarrollarse un procedimiento sea un criterio a considerar para valorar la urgencia", señalan.
Y agregan que "precisamente por establecer el real decreto unos procedimientos -entre ellos, autorizaciones de residencia temporal a personas extranjeras por circunstancias excepcionales- con sus plazos y trámites, no puede apreciarse una situación de urgencia, ni el riesgo de que se produzcan situaciones consolidadas irreversibles por tramitar la medida cautelar en la forma ordinaria".
Mientras tanto, la medida sigue en marcha. Desde este jueves, las personas interesadas ya pueden iniciar los trámites para regularizar su situación, tanto por vía telemática como presencial. Se espera que gracias a esta medida, que ha entrado en vigor hoy, unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan regularizarse de forma extraordinaria.
Cabe destacar que la asociación que recurrió la medida no es nueva en este tipo de acciones. De hecho, en los últimos años ya ha intentado frenar otras decisiones del Gobierno relacionadas con memoria histórica o patrimonio, con resultados dispares, tal y como recogen el diario 'El País'.