Gobierno e Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales
La organización eclesiástica se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso
Una firma histórica. El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. Eso sí, no fija baremos e irá caso por caso.
En España, muchos casos de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico no han podido llegar a juicio por prescripción del delito (el tiempo legal ha expirado), fallecimiento del agresor, falta de pruebas tras décadas. El protocolo establece que estas víctimas podrán acudir al Defensor del Pueblo, que actuará ahora como órgano independiente de evaluación y reconocimiento. A partir de ahí, se abre la puerta a una compensación económica, además de medidas simbólicas de reparación, como el reconocimiento público del daño sufrido.
Según el protocolo, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.
Así será el proceso de reparación
La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial, acordada el pasado 8 de enero, entrará en funcionamiento el 15 de abril. Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto . A partir del 15 de abril, las víctimas deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.
El proceso se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) en un plazo máximo de tres meses.
Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.
Si alguna de las partes mostrase su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.
La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras. Si no lo hiciera directamente la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.
Un acuerdo difícil
El pacto llega después de meses de conversaciones entre el Gobierno y la Iglesia. En enero de 2025 ambas partes ya anunciaron un principio de acuerdo, que ahora se concreta. La clave ha sido encontrar un equilibrio entre el reconocimiento institucional del daño, la implicación económica de la Iglesia y la supervisión de un organismo independiente.
Este protocolo introduce cambios relevantes: se reconoce oficialmente a víctimas sin sentencia judicial, se abre una vía de indemnización extrajudicial y se establece un marco institucional para futuras reclamaciones.
El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El informe del Defensor del Pueblo
En octubre del año 2023, el Defensor del Pueblo entregó un informe sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia española a lo largo de las últimas décadas. Un documento, que recibía el nombre de "Una respuesta necesaria", y que se nutría del testimonio de 487 víctimas (87% de ellas, hombres) que habían sufrido "sentimientos de soledad" cuando han dado "el paso de denunciar" y que, a día de hoy, arrastran problemas emocionales y de conducta como consecuencia de los abusos sufridos. Un tercio de ellas afirmaba haber tenido síntomas de estrés postraumático y algunas habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.
El informe también destacaba que la pederastia en la Iglesia española ha sido "ocultada y negada" por su jerarquía eclesiástica durante décadas. Por ello, no podía darse una cifra concreta sobre el número de víctimas, aunque sí publicaba una estudio de Gad3 que señalaba que el 1,13% de la población adulta actual, unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos, denunciaban haber sufrido abusos en el ámbito religioso. En concreto, un 0,6% habría señalado como culpable de esos abusos a algún sacerdote o religioso.
