Trump se inventa un fondo de casi 1.800 millones para compensar a sus amigos investigados por Biden
El dinero estará destinado a indemnizar a individuos y organizaciones aliadas al mandatario que afirmen haber sido objeto de investigaciones fiscales o judiciales injustas por motivos ideológicos durante la administración anterior.
En un movimiento estratégico que entrelaza sus intereses personales con la estructura financiera del Estado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró de forma voluntaria y definitiva su multimillonaria demanda de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro. La acción, motivada originalmente por la histórica filtración de sus declaraciones de impuestos confidenciales, fue desestimada formalmente este lunes ante un tribunal federal de Miami.
Pero la noticia está en que a cambio de archivar el caso, el Departamento de Justicia ha anunciado un acuerdo sin precedentes: la creación del denominado "fondo contra el armamento del Estado" (anti-weaponization fund), un mecanismo dotado con 1.776 millones de dólares provenientes de los contribuyentes. Este fondo estará destinado a indemnizar a individuos y organizaciones aliadas al mandatario que afirmen haber sido objeto de investigaciones fiscales o judiciales injustas por motivos ideológicos durante la administración anterior.
La retirada de la demanda se realizó "con perjuicio", un término legal que sepulta permanentemente el litigio e impide que el presidente, sus hijos mayores -Donald Trump Jr. y Eric Trump- o la Organización Trump puedan volver a interponer la misma reclamación ante la justicia en el futuro.
La batalla legal se remonta a enero de este año, cuando el mandatario y su familia demandaron civilmente a las agencias financieras del gobierno. Alegaban una negligencia sistémica y grave al no resguardar los datos fiscales del entonces presidente entre los años 2018 y 2020, recuerda AP.
El responsable material del hackeo y posterior divulgación fue Charles Chaz Littlejohn, un excontratista de la firma tecnológica Booz Allen Hamilton que prestaba servicios al IRS. Littlejohn sustrajo ilegalmente miles de registros financieros de las fortunas más grandes de EEUU -incluidas las de Elon Musk y Jeff Bezos- y entregó las declaraciones fiscales de Trump a medios de comunicación como The New York Times y ProPublica.
Las publicaciones revelaron que el magnate neoyorquino pagó mínimos o nulos impuestos sobre la renta en múltiples ejercicios fiscales, desatando una tormenta política en su momento. Littlejohn se declaró culpable y actualmente cumple una condena de cinco años en prisión federal. No obstante, en la demanda original, el equipo jurídico de Trump argumentó que el gobierno era plenamente responsable de las acciones del contratista bajo una teoría de "coempleo", puesto que el IRS ejercía una supervisión diaria y estricta sobre sus labores.
El texto de la denuncia inicial detallaba de manera contundente el impacto de las filtraciones: "Causaron a los demandantes un daño reputacional y financiero, vergüenza pública, empañaron injustamente sus reputaciones comerciales, los presentaron bajo una luz falsa y afectaron negativamente la posición pública del presidente Trump y de los demás demandantes".
Además, los abogados del mandatario llegaron a cuantificar los daños estipulando que cada vez que un ciudadano leyó o visualizó los artículos periodísticos que contenían los datos robados, se configuró una violación individual a las estrictas leyes de confidencialidad del Código del IRS (Sección 6103), lo que justificaba la estratosférica cifra de 10.000 millones de dólares. Según el equipo legal, "el contratista que filtró esta información ha sido encarcelado, el Departamento del Tesoro de la administración Trump canceló sus contratos con la empresa que empleaba al filtrador, y el IRS emitió una rara disculpa pública a los contribuyentes afectados por la filtración", afirmaron para fundamentar el flagrante fallo de seguridad del Estado.
Un laberinto ético y la intervención judicial
El litigio despertó desde el primer día una oleada de críticas por parte de expertos constitucionales y defensores de la ética pública. La contradicción fundamental radicaba en que Trump, al asumir nuevamente la presidencia, pasó a ocupar el rol de jefe supremo de la rama ejecutiva. En la práctica, se encontraba en la posición insólita de demandar a agencias federales de su propio gobierno, las cuales operan bajo sus directrices y cuyos líderes responden directamente ante él.
La jueza del distrito federal en Miami encargada del caso, Kathleen Williams, exteriorizó profundas dudas sobre la viabilidad constitucional de mantener un juicio donde el demandante es, al mismo tiempo, el superior jerárquico del demandado. El mes pasado, la magistrada plasmó sus inquietudes en una orden judicial fulminante: "Aunque el presidente Trump afirma que interpone esta demanda a título personal, es el presidente en funciones y sus adversarios nombrados son entidades cuyas decisiones están sujetas a su dirección. De hecho, los propios comentarios del presidente Trump sobre este asunto reconocen la dinámica única de este litigio. En consecuencia, no está claro para este tribunal si las partes son lo suficientemente adversas entre sí como para satisfacer el requisito de caso o controversia del Artículo III".
Para evitar responder a los cuestionamientos jurídicos de la jueza Williams y sortear un posible fallo adverso que desestimara la causa por falta de legitimidad, los asesores de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia aceleraron las negociaciones políticas para resolver el diferendo de manera extrajudicial.
El dinero
En lugar de transferir dinero en efectivo a las cuentas bancarias de la familia Trump, el acuerdo canaliza fondos federales hacia una estructura paralela administrada de manera discrecional. El nuevo fondo contará con una comisión supervisora encargada de distribuir los 1.776 millones de dólares.
Entre los potenciales beneficiarios de estas compensaciones económicas se perfilan organizaciones conservadoras y cerca de 1.600 personas imputadas o procesadas en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El fiscal general en funciones y exabogado defensor de Trump, Todd Blanche, defendió la medida asegurando que el Departamento de Justicia ofrecerá una disculpa institucional formal a los Trump y buscará reparar las injusticias sistémicas.
No obstante, las cláusulas del acuerdo estipulan que el propio presidente Trump mantendrá la facultad exclusiva de destituir y nombrar a los miembros que dirigen la comisión del fondo, y que el organismo no estará obligado a transparentar públicamente sus procesos internos de adjudicación de dinero.
La respuesta de la oposición demócrata y de los grupos de control gubernamental ha sido de indignación total. Apenas unos minutos después de que los abogados de Trump registraran el desistimiento de la demanda en los tribunales de Florida, un grupo compuesto por casi 100 congresistas demócratas de la Cámara de Representantes, respaldados legalmente por el abogado Matt Platkin, presentó un escrito en calidad de amicus curiae (amigos del tribunal) para intentar impugnar el acuerdo. Diversos portavoces legislativos tacharon el pacto de "corrupción institucionalizada" y acusaron al Ejecutivo de desviar ilegalmente fondos presupuestarios para favorecer a su círculo político íntimo.
Un representante de los congresistas demócratas criticó duramente la celeridad del pacto en una declaración conjunta: "Al resolver su absurda demanda de 10.000 millones de dólares contra su propia administración, Trump y el Departamento de Justicia acaban de protagonizar el acto de autoempleo más descarado en la historia de la presidencia, y lo hicieron rápidamente para evitar el escrutinio del proceso judicial, al tiempo que muy probablemente violaron la Cláusula de Emolumentos Domésticos de la Constitución".
Mientras los analistas éticos advierten sobre el preocupante precedente de que un presidente en funciones liquide disputas privadas mediante la creación de fondos discrecionales del Estado, el entorno legal de Trump celebra el cierre del caso como una victoria política. Al eludir el veredicto de la jueza Williams, la Casa Blanca ha logrado transformar un litigio personal adverso en un mecanismo de financiación multimillonario para su base de apoyo, blindando además a las corporaciones asociadas al ecosistema de servicios fiscales de un largo y desestabilizador proceso de auditoría judicial.
Trump ha evitado en las últimas horas aclarar si su familia se acogerá al fondo creado por el Departamento de Justicia. Al ser consultado por la prensa, durante un evento en la Casa Blanca, sobre si su familia optará por alguna compensación económica, el mandatario evitó responder y se limitó a elogiar al comité que gestionará el fondo aprobado. "Creo que era un comité de cinco, y de nuevo, yo no hice este acuerdo. Me lo contaron ayer" dijo el magnate. Agregó que, a su criterio, "debe haber una compensación para las personas que fueron destruidas".
