La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a los seis hijos varones del empresario, ya fallecido, José María Ruíz-Mateos por delitos de blanqueo de capitales, estafa y alzamiento de bienes por la estafa en la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011. Según ha detallado la AN, los acusados captaron fondos de al menos 4.110 personas con "agresivas campañas" en prensa para así pagar la deuda de la compañía, "ocultando su insolvencia". 

En la sentencia, de más de 600 páginas, consultada por Europa Press, la Sala de lo penal ha condenado también a seis años y tres meses de prisión a José Ramón Romero, el que fue director de la oficina del Grupo Rumasa en Jerez de La Frontera. Asimismo, imponen una pena de seis años y cinco meses de cárcel a un sobrino del empresario fallecido en 2015, Zoilo Pazos, quien también participaba y figuraba como administrador de algunas sociedades del holding. 

También han condenado a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre tres y cinco meses de prisión por delito de alzamiento de bienes, mientras que han absuelto cuatro personas que se sentaron en el banquillo de los acusados. Además, la magistrada Teresa García ha condenado a los hermanos del empresario Ruiz-Mateos, junto con Pazos y con Romero, a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados de la causa, así como al pago de las costas causadas.

El grupo societario estaba dirigido y orquestado por los acusados Álvaro, José María, Zoilio, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero, junto con su padre José María Ruiz-Mateos, quienes también contaban con la colaboración de un amplio grupo de personas. 

Una captación de fondos masiva para camuflar la insolvencia económica de la empresa

Según dicta la sentencia, Nueva Rumasa, que se encontraba en situación de insolvencia y que no podía seguir recurriendo a la financiación bancaria, ocultó la situación "critica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público con los que poder, no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros".

Además, para la captación de fondos, los acusados, junto con su progenitor, comenzaron a lanzar "agresivas" campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional, especialmente en la prensa escrita, a través de los cuales los responsables animaban a invertir en sus sociedades a cambio de jugosas remuneraciones, siempre cuidando la imagen para mostrar cierta "solvencia", que realmente no tenían. 

Sociedades en Belice, Panamá y Holanda

El grupo empresarial, que se encontraba compuesto por un gran conglomerado de sociedades, que aunque participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no componían un grupo consolidado conforme a la legislación mercantil y fiscal, al contrario de lo que trataba de mostrar en la publicidad, pues no contaban con una matriz común. A pesar de ello, defiende la audiencia, el patrimonio y la tesorería de las sociedades se ponía en común del grupo, que de hecho funcionaba como una única compañía tanto en el aspecto económico como en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. 

Además, la Sala apunta que la mayoría de las sociedades, que pertenecían en última instancia a la familia del fallecido empresario, realmente pertenecían a otras sociedades extrajeras, ubicadas normalmente en paraísos fiscales y en jurisdicciones de tributación reducida (Panamá, Belice y Holanda), lo que sumado al uso de testaferros y despachos fiduciarios "permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad". 

"Entre ese cúmulo de sociedades podían distinguirse unas auténticamente productivas- fundamentalmente ubicadas en los sectores vinícola, hotelero y de alimentación-junto con otras sociedades instrumentales o meramente patrimoniales- la mayoría radicadas en Belice- que se limitaban a ostentar la propiedad nominal de aquellas sociedades y de sus marcas comerciales, así como de algunos inmuebles de los miembros de la familia Ruiz-Mateos", destaca la sentencia. 

El fraude a la banca

El problema se agrandó en 2009, cuando Nueva Rumasa tenía deudas por un total de 577 millones de euros y no contaba con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones ni para "sostener la actividad regular de las empresas", que requerían 52 millones para cubrir los pagos más urgentes.

Solo en ese año, la compañía debía hacer frente a compromisos por 197,5 millones, mientras que el año siguiente se sumaban otros 194,6 millones. "Para paliar en parte esa situación", señala la Fiscalía, los directivos de Nueva Rumasa recurrieron al descuento bancario de efectos, "mediante el cual conseguían financiación a corto plazo en función de las necesidades de tesorería de las empresas". Con este fin, los acusados utilizaron 25 empresas instrumentales sin actividad real ni personal, las cuales se conocían como "sociedades fuelle", según la definición de los Ruiz-Mateos. Estas entidades solo existían para emitir facturas de operaciones ficticias y presentarlas a los bancos para obtener financiación.

A través de este esquema fraudulento, Nueva Rumasa obtuvo un total de 540,9 millones de euros del Banco Santander entre 2009 y 2011, los cuales fueron destinados a empresas del grupo, como Clesa o Dhul. Estas, a su vez, transferían 538,8 millones a las sociedades instrumentales para que pudieran ir pagando las facturas al banco. Según el fiscal, "este mecanismo financiero circular de naturaleza piramidal agudizaba la situación crítica del Grupo Nueva Rumasa, pues, además de tener que devolver los fondos dispuestos, generó al grupo un coste financiero adicional de 11 millones".

Se aprovechaban de la confianza de los inversores

El modus operandi de los acusados, según el tribunal, consistía en obtener préstamos de los inversores cuya devolución se garantizaba, supuestamente, a través de "pagarés de empresa" o "pagarés corporativos" no a la orden, emitidos y avalados por sociedades del Grupo Nueva Rumasa, aprovechando la imagen de la empresa y ocultando su verdadera situación económica e insolvencia. Respecto al número de afectados, la resolución concluye que no se conoce con exactitud el balance total, pues algunas de las inversiones fueron opacas, aunque según sus propios responsables, se captaron al menos a 4.110 personas. 

En total, siguiendo los datos conocidos, el importe de los fondos captados fue de al menos 337.377.450,60 euros, mientras que el auxilio judicial ha podido detectar la entrada en las cuentas del grupo empresarial de al menos 243.476.514 euros originarios de pagarés de entre febrero de 2009 y febrero de 2011. Con el dinero captado, recoge la sentencia, se llenaba una caja común en el Banco Etcheverría (en la sucursal de la madrileña calle de Pedro Teixeira) desde la que luego se iba repartiendo el dinero entre las distintas sociedades en función de sus necesidades. Además de para las sociedades, los acusados también utilizaron los fondos para la adquisición de bienes de la familia Ruiz-Mateos, como vehículos, inmuebles, o incluso los pagos corrientes vinculados a ellos, bajo el nombre de sociedades españolas que a su vez eran propiedad de otras sociedades beliceñas.

Al igual que en otras estafas piramidales, el esquema logró captar la atención de la mayoría de personas al comenzar a pagar a los primeros inversores, quienes recibieron un total de 96 millones de euros. Sin embargo, a medida que el déficit crecía, se dejaron de abonar 289,1 millones. De hecho, ocho de las sociedades involucradas ni siquiera llegaron a hacer ningún pago a los inversores.

Nulidad parcial

A pesar de que los familiares de Ruiz-Mateos habían solicitado la nulidad total de los hechos, argumentando una vulneración de los derechos fundamentales en la recogida de pruebas (pues venían de revelaciones de su abogado Joaquín Y., condenado por revelación de secretos), la Sala solo ha estimado dicha nulidad para las pruebas que hayan sido afectadas por dicha revelación. "Tal causa de nulidad - señala la sentencia- no puede entenderse que invalide, como se pretende por la defensa, a la totalidad de la prueba practicada en el acto del juicio oral por el hecho de que hubieran sido exhibidos a los testigos documentados obtenidos a partir de tales pruebas ilícitas", recoge la Sala. 

El 'banquito de Jerez'

Uno de los puntos clave de la investigación fue la gestión de una de las oficinas del grupo, ubicada en la localidad gaditana de Jerez, conocida como el 'banquito de Jerez', que operaba a nivel local mucho antes de que comenzara la emisión de pagarés corporativos a nivel nacional y que se dedicaba a la captación de importantes inversiones de clientes. Entre 2009 y 2011, la oficina captaba fondos a través de préstamos retribuidos a un interés del 9% al 10%, aunque también había algunas con interés menor, del 4% al 5%, para evitar la tributación completa. A aquellos que decidían invertir, se les prometía la devolución con intereses a través de la concesión de letras de cambio relacionadas con sociedades del grupo empresarial, cuya verdadera situación se ocultaba a los inversores.

Respecto al destino final del dinero que entraban los inversores en esta oficina, el tribunal agrega que "se desconoce el destino último de los cuantiosos fondos en efectivo que los inversores entregaron en mano en la oficina de Jerez de la Frontera". Además, el director de esta oficina ha sido condenado por un delito contra Hacienda, pues se considera acreditado que solo en el 2007 llegó a obtener al menos 360.000 euros en efectivo que nunca llegó a tributar a la Agencia Tributaria. 

El primer caso de expropiación en la democracia

Hace ya más de tres décadas que el gobierno socialista de Felipe González expropió y privatizó al empresario Jose María Ruiz-Mateos uno de los mayores holding españoles por aquel entonces, Rumasa, negocio nacido en el franquismo del que era presidente el andaluz, en una época en la que los jóvenes Jesús Polanco, Gabriel Escarrer o Gabriel Barceló comenzaban también sus trayectorias empresariales. 

El 23 de febrero de 1983, mediante un decreto ley aprobado para aquel momento, la Policía Nacional se personó en la sede central de Rumasa, que posteriormente iba a ser expropiado, y registró la vivienda principal de su presidente, encontrándose con un déficit patrimonial de más de cien mil millones de pesetas y setecientas sociedades de las que al menos un tercio eran compañías fantasma (no existían). Tras esto, Ruiz Mateos se dio a la fuga y no regresó a España hasta que finalmente fue arrestado en el aeropuerto de Fráncfort. 

Tras pasar una breve estancia entre barrotes, ocurrió años más tarde, en mayo de 1981, el ya histórico puñetazo al ministro Miguel Boyer mientras que gritaba "¡Qué te pego leche!", y a las semanas fue designado como miembro del Parlamento Europeo por una formación fundada por el mismo. A pesar de ello, y en línea con la gravedad del caso y la mala situación del holding, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al país por no haber juzgado la estafa en un plazo razonable y en términos de igualdad y cuatro años después el TS absolvió al andaluz de los delitos que le acusaba el gobierno. 

De este modo, en 1996 el empresario consiguió volver a fundar Rumasa bajo el nombre de Nueva Rumasa, un holding que compró el equipo de fútbol del Rayo Vallecano, pero que acabó con el mismo destino que su predecesora: arruinada y con un presidente procesado por estafa y alzamiento de bienes.  Ruiz-Mateos falleció finalmente en 2015. Sus restos fueron exhumados en 2017 para realizar una prueba de paternidad que dio positivo y confirmó una nueva hija fuera de su matrimonio, dejando catorce descendientes, la gran parte de ellos imputados en la trama de Nueva Rumasa.