La cara B de la negativa de PP, Junts, Vox y PNV a apoyar la prórroga de los contratos de alquiler: "Era un balón de oxígeno para gente sin alternativa. Es vergonzoso"

Casi a la misma hora en la que el PNV informaba esta mañana de su abstención en la votación del decreto que prorrogaba dos años los contratos de alquiler, una medida que más tarde tumbarían con su voto en contra PP, Vox y Junts, decenas de inquilinos e inquilinas se concentraban frente a la sede de la socimi Fidere, en Madrid. En el interior se reunía la Junta de Accionistas de la filial de Blackstone para acordar la venta de 5.300 viviendas al fondo buitre Brookfield Asset Management por más de mil millones de euros. La situación de los vecinos, organizados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, es "crítica". Antes siquiera de ejecutarse el cambio de propiedad de sus viviendas, y pagando hasta 1.200 euros por pisos de dos habitaciones, han recibido ya "burofax de rescisión de contrato o subidas a 1.700 euros". Mientras Blackstone, ya un gigante de los fondos que ostenta el título del mayor casero de España, cierra una operación multimillonaria, los inquilinos desconocen qué pasará mañana, a pesar de que muchos de ellos habían solicitado a tiempo la prórroga de sus contratos.

Aunque Junts insista en el mito del pequeño propietario para justificar su voto en contra, y pese a que los ministros de Sumar en el Gobierno se abrieron este lunes a asumir incluso más beneficios fiscales para los caseros, lo cierto es que la mayor parte de los inquilinos que podrían beneficiarse de la prórroga viven en inmuebles propiedad de fondos, inmobiliarias o entidades bancarias. Según demostró un reciente estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC, la multipropiedad es la norma en el mercado inmobiliario. "Los grandes tenedores — más de diez inmuebles — multiplicaron su patrimonio inmobiliario por más de cuatro, pasando de 138.000 a 626.000 inmuebles", refleja la investigación coordinada por Javier Gil, autor de 'Generación inquilina'.

Santi tiene 35 años y comparte un piso de alquiler con otras dos personas, de 33 y 30 años, en el madrileño barrio de Carabanchel. Su vivienda es propiedad de una gran tenedora, que posee varios pisos en el mismo inmueble y, hasta donde han podido averiguar, siete u ocho bloques más en todo Madrid. "Es una rentista profesional", define Santi por teléfono. Él y sus compañeros son de esas personas que firmaron su contrato durante la pandemia, un acuerdo que debía renovarse este año. "Gracias a las circunstancias excepcionales de la pandemia, logramos un alquiler de 900 euros al mes, que tampoco es barato, pero al menos está lejos de los 1.400 o 1.600 euros que se pagan ahora en la zona", relata. Ante la perspectiva, casi certeza, de que la casera les echara de su casa o les pidiera "una subida del 75% o 100%, que para el caso es lo mismo", solicitaron la prórroga de su contrato una semana después de que se aprobara en el Consejo de Ministros el decreto de la vivienda.

Como la mayoría de personas que han solicitado la prórroga, todavía no han obtenido respuesta. Y, aunque desde el Gobierno insisten en que las solicitudes realizadas con el decreto en vigor son válidas pasara lo que pasase este martes, la no convalidación de la medida no ha hecho más que incrementar su incertidumbre. "Nosotros la damos como válida", dice Santi, convencido de que "toda la gente que no se haya podido acoger a la prórroga se enfrentará a subidas imposibles o directamente al desahucio". En todo caso, lamenta que su aplazamiento sea "temporal". "Nos sentimos protegidas solo estos dos años, pero luego volveremos a lo mismo, a afrontar otra renovación", señala.

Estas últimas semanas, pero sobre todo este martes, Santi y sus compañeros han asistido al debate político con "perplejidad", atónitos a cómo ciertos cálculos partidistas se anteponen a su indefensión. "No deja de ser llamativo que tanto PP como Vox tumben un decreto que, en el fondo y por lo que sabemos, apoyan la mayoría de sus votantes. Es vergonzoso", denuncia el vecino. "Esta medida ni siquiera cambiaba el mercado, ni lo intervenía ni establecía leyes para proteger a los inquilinos, era solo un balón de oxígeno para gente sin alternativa", dice. Esta inacción institucional ha generado un sentimiento de "desconfianza" en todas las Administraciones, ya sea el Gobierno, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento. "Ninguno termina de asumir el problema", considera.

Según cálculos del Ministerio de Consumo, el total de personas que podían verse beneficiados con la prórroga ascendía hasta los dos millones y medio. Santi es tan solo una gota en el océano de la inquietud habitacional. Como él, quien haya solicitado la prórroga, por mucho que el Gobierno insista en su validez si se pidió a tiempo, verá aumentada su incerteza, alterado su futuro. Como él está también, por ejemplo, Pascual, que vive de alquiler en Zaragoza con dos hijos. Su contrato finalizaba este 1 de mayo tras haberlo firmado hace cinco años, de nuevo en la excepcionalidad de la pandemia. A Pascual no le ofrecieron siquiera la opción de pagar más por la vivienda; le enseñaron la puerta que da a la calle. Como Santi, pidió la prórroga y, aunque tampoco haya obtenido todavía una respuesta, no vacila. Se quedará en su casa.

Eso es lo que harán también las vecinas y vecinos de las viviendas que Blackstone ha decidido traspasar a otro fondo. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han avisado ya al nuevo propietario, "el Fondo Buitre Brookfield, que esta operación les va a salir cara y que se van a encontrar con una gran resistencia vecinal". Durante el tiempo en el que las viviendas estaban en manos de Fidere, socimi de Blackstone, muchos de estos vecinos ya se movilizaron con el Sindicato para "plantar cara al fondo" y poner freno a "subidas en 2021 y 2024". "A través de la estrategia 'Nos quedamos', lograron negociar colectivamente y conseguir renovaciones de contrato sin subidas a pesar de haber recibido burofax con subidas del 100% al fin de su contrato", defienden desde la organización sindical. Ahora, además, lo harán con la prórroga solicitada.