La cifra final de la regularización de migrantes duplica las previsiones: 1.174.000 personas

Tras finalizar ayer el plazo para la regularización extraordinaria de migrantes, este jueves ya se conoce la cifra definitiva de solicitudes presentadas, así como aquellas que ya han sido tramitadas. Según ha adelantado la Cadena SER, han sido un total de 1.174.000 personas las que han demandado regularizar su situación legal en España mediante este mecanismo.

Cerca de medio millón de esas personas ya han visto avanzado este trámite, habiendo recibido ya comunicaciones provisionales con las que disponen de autorización para residir legalmente —en el país en el que ya lo hacían—, pero también cuentan ahora con permiso para trabajar de forma legal.

Cabe destacar que esta cifra, que algunas estimaciones antes del cierre de plazo apuntaban a que incluso podría superar los 1,2 millones de solicitantes, supera con creces las previsiones iniciales del Gobierno. Estas rondaban el medio millón de personas que se creía que querrían optar a la regularización extraordinaria. 

¿Cuándo podrían estar resueltas el resto de solicitudes?

La gran pregunta que sobrevuela ahora a quienes están pendientes de conocer el resultado de su solicitud de regularización pasa por los plazos. Según la SER, que alude a fuentes técnicas relacionadas con el proceso, el trámite se ha hecho a un buen ritmo de trabajo, logrando estas cifras en tan solo dos meses y medio. Esas mismas fuentes apuntan a que en unos tres meses, la mayor parte de las demandas restantes podrían estar ya resueltas.

¿Qué pasa con el Tribunal Supremo y la Justicia europea?

También cabe recordar que si bien el Tribunal Supremo tumbó los primeros recursos judiciales —de la Comunidad de Madrid de Ayuso y del partido ultraderechista Vox— que reclamaban paralizar como medida cautelar este proceso de regularización, el alto tribunal protagonizaba esta semana un importante movimiento que siembra incertidumbre de cara al futuro.

El Supremo preguntaba a la Comunidad Valenciana y a la de Aragón si veían procedente elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante una cuestión prejudicial, y esgrimiendo que temen una posible "colisión" o choque con la normativa comunitaria del Pacto de Migración y Asilo (PMAUE). Se trata de una cuestión que, de materializarse, podría acabar con una eventual paralización del proceso en un marco de incertidumbre total. Dado que ya se han autorizado provisionalmente medio millón de casos.

Esa duda que plantea el Supremo se sustenta en que "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".