Ya han pasado nueve meses desde que el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que vela por los derechos del colectivo LGTBI. El Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzó un acuerdo tripartito con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales para poner en marcha planes de igualdad y no discriminación en las empresas.

El objetivo principal marcado por el propio Gobierno de España ha sido el de "garantizar derechos", fijar un "protocolo contra el acoso" y poner en marcha "planes de formación". Pero no ha sido hasta el pasado 10 de abril cuando las sociedades con más de 50 empleados se han visto obligadas a ello.

El Real Decreto obliga desde hace tres meses a que las compañías con más de 50 trabajadores tengan aprobados planes LGTBI para garantizar un entorno laboral igualitario, respetuoso y seguro.

El primer pacto tripartito de la legislatura

El Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, puso en marcha una Mesa de Diálogo Social con los agentes sociales y la patronal para alcanzar el único acuerdo tripartito que ha logrado el Gobierno de España desde el inicio de la legislatura.

La firma se realizó el 26 de junio de 2024 y se definió como el 'Acuerdo para la implementación de medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en el ámbito laboral'.

El objetivo principal es el de velar por los derechos del colectivo y poner fin a la desigualdad y a la discriminación que puedan vivir en sus puestos de trabajo. Buscando "erradicar la discriminación a las personas LGTBI en las empresas". "No olvidemos que en los lugares de trabajo pasamos gran parte de nuestra vida y por ello es necesario y urgente una herramienta que ataje", aseguró Díaz en su momento.

Pero no fue hasta cuatro meses después, el 8 de octubre, cuando el Consejo de Ministros dio el visto bueno definitivo a la publicación del Real Decreto 1026/2024, que establece el marco regulador para que las empresas de más de 50 trabajadores elaboren un plan de igualdad LGTBI.

Medidas por la igualdad

La norma se publicó el 9 de octubre de 2024 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en ella desarrollan un conjunto de medidas planificadas para la igualdad y poner fin a la discriminación de personas LGTBI en las compañías españolas.

El Gobierno puso de manifiesto que las empresas deben incluir un protocolo frente al acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente a él. 

Los planes deben cumplir con varios apartados:

El Ministerio de Trabajo resaltó la necesidad de acompañar a estas medidas con un protocolo de actuación frente al acoso y la violencia y que debe contar con agilidad, diligencia, rapidez, respeto, confidencialidad, restitución de las víctimas o medidas cautelares o preventivas, entre otras medidas.

De hecho, en el caso de que las empresas con más de 50 trabajadores no cuenten con un paquete de medidas para la igualdad se podrían enfrentar a sanciones. En concreto, irían desde multas económicas hasta ser excluidas de ayudas públicas o de contratar con la Administración. Su incumplimiento podría alcanzar sanciones de hasta 225.000 euros.

"Un impulso para seguir avanzando"

Virginia Carcedo Illera, secretaria general de Fundación ONCE, explica a El HuffPost que valoran "muy positivamente la aprobación del Real Decreto 1026/2024, que ha venido a concretar y dar contenido a las obligaciones previstas en la Ley 4/2023".

"Para nosotros, este nuevo marco normativo ha supuesto una evolución natural, ya que la diversidad forma parte de nuestro ADN. Adaptarnos a sus exigencias ha sido una oportunidad para reforzar lo que ya veníamos trabajando: el respeto, la inclusión y la no discriminación como ejes vertebradores de nuestra cultura organizativa", defiende.

Virginia Carcedo destaca que la normativa ha sido "un impulso para seguir avanzando" y "estructurar aún mejor nuestro compromiso con la igualdad LGTBI dentro de un plan más global en pro de la diversidad". "Obliga a las empresas a contar con herramientas concretas: un protocolo frente a situaciones de acoso, violencia o discriminación hacia personas LGTBI y un plan de medidas para garantizar la igualdad efectiva del colectivo", añade.

"Para organizaciones como la nuestra, que ya estábamos comprometidas, ha servido para ordenar y reforzar lo que veníamos haciendo. Para otras entidades, puede suponer el primer paso para incorporar de forma estructural la diversidad a su cultura corporativa. Por tanto, puede ser, y esperamos que lo sea, un punto de inflexión hacia una igualdad real y efectiva", explica.

Para Fundación ONCE, la norma ha sido útil para "consolidar nuestra estrategia interna de diversidad, dándole un enfoque más técnico y sistematizado". Pero a nivel general, reconoce que su eficacia "dependerá del grado de implicación real de las organizaciones y del seguimiento que se haga desde las administraciones". "Aun así, es innegable que estas nuevas obligaciones suponen un avance significativo en la garantía de los derechos de las personas LGTBI dentro del ámbito laboral", justifica.

Los siguientes pasos a seguir

A cada avance de derechos, le acompaña las preguntas sobre qué será lo siguiente para seguir mejorando el marco normativo y acabar con la discriminación laboral hacia las personas del colectivo LGTBI.

Virginia Carcedo Illera asegura que desde Fundación ONCE reclaman dos pasos que considera clave tras la aprobación del plan de medidas y del protocolo: la implementación real y el seguimiento efectivo y la formación de la plantilla.

Sobre ese seguimiento efectivo, razona que "de nada sirve contar con documentos si no se aplican adecuadamente ni se evalúa su cumplimiento con indicadores objetivos". "El compromiso debe traducirse en acciones concretas y sostenidas", añade.

Respecto a la formación de la plantilla, la secretaria general de Fundación ONCE explica que "es fundamental sensibilizar y formar a todas las personas que integran la organización, con especial atención al equipo directivo y a los mandos intermedios, que son figuras clave para trasladar la cultura de igualdad al día a día". 

"En nuestro caso, nos encontramos ya inmersos en esta segunda fase, desarrollando acciones formativas y de comunicación que acompañen la implementación del plan", señala.

Como con cada derecho conquistado, todavía queda mucho camino por recorrer. Mientras tanto, la normativa impulsada por Gobierno, agentes sociales y la patronal de empresarios, el primer acuerdo tripartito de la legislatura, da pasos adelante en la igualdad del colectivo LGTBI.