Sánchez: "He valorado la posibilidad de dimitir, pero tirar la toalla nunca es una opción" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado este miércoles en el Congreso de los Diputados que valoró la posibilidad de dimitir y convocar elecciones generales tras conocer el informe de la UCO que vinculaba a Santos Cerdán con el caso Koldo, pero lo reconsideró porque es "un político limpio". "Tirar la toalla nunca es una opción", ha dicho.

Durante su intervención en un pleno monográfico para debatir sobre los casos de corrupción que acorralan al PSOE, Sánchez ha dado a conocer las tres razones por las que ha decidido continuar al frente del Gobierno. "La primera es porque yo no conocía las corruptelas de estas personas. La segunda es porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios. Sé que están bajo presión, pero les digo que voy a estar a la altura y voy a satisfacer sus expectativas de regeneración y que voy a cumplir los compromisos que tengo con ellos. Y la tercera es porque el proyecto político de este Gobierno va mucho más allá de mi persona y aún no está culminado. PP y Vox llevan años construyendo la idea de que soy un presidente megalómano que aguanta para volar en el Falcon y vivir en la Moncloa. Forma parte de su deshumanización. Pero para nosotros, el Gobierno es un alto honor, pero también una inmensa oportunidad de transformar para bien la vida de la gente", ha dicho.

Sánchez, que ha vuelto a pedir disculpas, ha dicho que asume su responsabilidad por lo ocurrido y que tiene una "honda decepción" consigo mismo "y con aquellos en los que nunca debí confiar". "Me equivoqué en confiar en Ábalos y Cerdán. Y pese a la reacción inmediata de sus expulsiones, los mecanismos de control internos no funcionaron correctamente. El culpable es quien comete esos delitos, y le corresponde a la Justicia determinarlo. Pero como la persona que los nombró, tengo responsabilidad y lo asumo. Yo he considerado la dimisión y convocatoria de elecciones. Hubiera sido lo más sencillo, pero tirar la toalla nunca es opción", ha dicho.

El líder socialista ha contado también cómo conoció a Ábalos y Cerdán a lo largo de estos últimos años y por qué los mantuvo en los órganos de poder del PSOE. "Yo conocí a Santos Cerdán en el año 2014, cuando llegué a la secretaría general del partido. En el año 2017, fue una de las personas que me apoyó y me aupó para ganar esas primarias. En el Congreso Federal de julio de 2017, Ábalos fue nombrado secretario de organización y en 2021 lo fue Cerdán. Ese fue mi error, confiar en ellos, y lo hice porque yo estaba convencido de que eran personas comprometidas con la causa socialista", ha señalado.

Según su relato, en noviembre de 2024 conoció los primeros rumores sobre la implicación de Cerdán en el caso Koldo. "Mi primera reacción fue de incredulidad, porque las informaciones carecían de pruebas y en un contexto de desinformación. Pero convoqué a Cerdán, él me lo desmintió todo y yo le creí. Pese a que debo respetar la presunción de inocencia, resulta evidente que me equivoqué. Nos enteramos del informe de la UCO cuando se hizo público, porque en mi gobierno no existe la policía patriótica. Descubrir ambas cosas fue un duro golpe para mí. También para mi organización. Por eso pido disculpas", ha dicho. 

Sus medidas anticorrupción "de importante calado"

Sánchez ha defendido igualmente que la corrupción en España no es sistémica, pero cree igualmente que hay que introducir nuevos mecanismos para combatirla. Para empezar, dentro del propio partido del PSOE, con las medidas que anunció el pasado sábado durante el Comité Federal. "Mi partido va a tener las reglas más ambiciosas en materia de transparencia y compromisos feminista", ha dicho.

Igualmente, el presidente del Gobierno cree que los mecanismos preventivos deben ampliarse a otras esferas, como el de las instituciones o las empresas. Por ello, ha presentado un plan estatal de lucha contra la corrupción, dotado de 15 medidas "de importante calado" que el gobierno de coalición ha diseñado junto a la OCDE e incorporando propuestas de otros organismos. "Este plan supondrá el mayor impulso a la lucha contra la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en este país", ha prometido Sánchez. 

El presidente del Gobierno lo ha presentado en función de cinco ejes. El primero habla de la prevención de riesgos y controles en materia de corrupción. Entre las medidas incluidas en este paquete se encuentra la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública que asumirá las funciones clave para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas También, se extenderá la metodología aplicada de la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la administración del Estado, introduciendo aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para automatizar y optimizar la detección de patrones anómalos. 

Igualmente, el Estado exigirá sistemas de compliance y anticorrupción a las empresas que obtengan contratos públicos y que sirvan para monitorizar los procesos de contratación. Además, se establecerán controles patrimonios aleatorios a altos cargos de las administraciones públicas para detectar que nadie obtenga un beneficio irregular. Y a los partidos y fundaciones con financiación público superior a 50.000 euros, se les obligará a realizar auditorías externas e independientes. El último punto es una nueva Ley de Administración Abierta, que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana y una actualización del Portal de Transparencia.

El segundo eje del plan presentado por Sánchez se centra en la protección de quienes denuncian supuestos casos de corrupción. "Cualquier persona que denuncie debe contar con garantías plenas de confidencialidad y de apoyo legal. Y las empresas deberán tener canales internos de denuncias. La lucha contra la corrupción no pueden basarse en rumores, pero tampoco que información de valor se pierda en los pasillos", ha dicho Sánchez.

El tercero va sobre la capacidad del Estado para investigar la corrupción. Para ello, Sánchez ha prometido que creará secciones especializadas en delitos contra la administración pública con jueces especializados y la creación de "procedimientos sumarios" para las causas que involucren a los cargos públicos, "puesto que muchas veces vemos dilaciones calculadas que merman la confianza de la ciudadanía en la acción de la Justicia". 

Igualmente, en lo relativo a la Justicia, Sánchez ha dicho que se reforzará la fiscalía anticorrupción y se remitirá las Cortes un anteproyecto de enjuiciamiento criminal, incluyendo una reforma estructural del modelo de instrucción penal para que sea la Fiscalía la que ejerza esta competencia.

El cuarto punto tiene que ver con las empresas que pagan las mordidas a cambio de contrataciones públicas. "Endureceremos las penas por delitos contra la administración pública, duplicaremos los plazos de prescripción de los delitos y aumentaremos las multas a las empresas corruptoras, calculándolas sobre sus ingresos anuales. Y elaboraremos listas negras para que esas empresas no puedan seguir acordando con la administración públicas", ha dicho Sánchez, añadiendo que también habrá castigo para los partidos políticos que mantengan en sus filas a personas manchadas por la corrupción.

En lo referente a este eje, Sánchez también ha dicho que aumentará los medios de la Oficina de Recuperación y gestión de activos, optimizará la coordinación con juzgados y fiscalías e introducirá la figura del Decomiso administrativo preventivo, "que permitirá incautar bienes vinculados a las actividades delictivas sin necesidad de condena previa para que los responsables oculten y dispongan de dinero robado antes de que llegue la Justicia". 

El último eje versa sobre la "cultura de integridad" en las administraciones y en el sector privado. "Haremos estudios demoscópicos para medir el alcance del problema y evaluar las políticas y su eficacia. También lanzaremos campañas, promoveremos el uso de los canales de denuncia y reforzaremos la formación de los empleados públicos en integridad y prevención", ha dicho.

En su conclusión, Sánchez ha dicho que se cumplirá hasta "la última palabra" de las medidas presentadas y que se darán cuenta de los avances realizados a los 12 y 24 meses desde su puesta en marcha.