Por los pelos: el Gobierno logra salvar la Ley de Movilidad Sostenible gracias a otro respaldo de última hora de Podemos y una ausencia del PP

Por los pelos. La ausencia del diputado del PP, Guillermo Mariscal, en la votación del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, en el pleno del Congreso, y el respaldo de última hora de Podemos ha servido al Gobierno para salvar este miércoles la ley de Movilidad Sostenible. Un acuerdo con la formación morada sobre la aplicación del aeropuerto del Prat ha logrado salvar la norma.

Esta norma está considerada como "imprescindible" para modernizar la movilidad en España y luchar contra el cambio climático. De hecho, de su aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de los fondos de la UE. El texto aprobado este miércoles incorpora enmiendas de casi todos los grupos dirigidas a reforzar la financiación estable del transporte público, garantizar la participación de las comunidades autónomas y ayuntamientos en la planificación y enriquecer el texto en materia de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.

De este modo, reconoce la movilidad como un nuevo derecho ciudadano, avanza en la descarbonización, establece, por primera vez, un sistema de cogobernanza en la materia y crea un marco normativo con respeto a las competencias de todas las administraciones.

Se trata de un compromiso de España con la Comisión Europea que marca objetivos y estrategias para llegar a lo que establece el Pacto Verde europeo (la neutralidad climática del transporte en 2050) y eleva a rango de ley el objetivo de la descarbonización del sector. En las últimas horas, quince entidades de la sociedad civil, entre ellas CCOO, UGT y Greenpeace, han reclamado la aprobación de esta ley, en la que patronales, sindicatos y ecologistas trabajan desde 2022.

A pocas horas para la votación, el Gobierno se encontraba sin los apoyos garantizados para sacarla adelante, después de que Podemos (cuya abstención bastaría para su aprobación) haya insistido durante el debate en que "tumbará" el proyecto si el Ejecutivo no se compromete por escrito a parar la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Sin embargo, minutos antes de la votación ha logrado alcanzar el apoyo de la formación morada.

Bien entrada la tarde, el departamento dirigido por Óscar Puente ha emitido un comunicado en el que se ha comprometido a que en el proceso se establezca una vía específica para que el proyecto se evalúe con carácter vinculante sobre su grado de ajuste en emisiones de gases invernadero, así como las determinaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible para el transporte en general y el transporte aéreo en particular.

Además, la formación de Ione Belarra ha asegurado que el Ministerio estará obligado a elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55. Dicho texto fija una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050

Por su parte, fuentes parlamentarias han confirmado a la agencia Efe que el diputado popular no estaría presente en la votación porque se encuentra de viaje en México, mientras que desde la Mesa del Congreso han señalado que solicitó el martes votar telemáticamente, pero no le fue concedido por no cumplir ninguno de los supuestos que contempla el reglamento.

Transportes aclara que la ampliación no empezará antes de 2031

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aclarado este miércoles que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031, fecha en la que deberá entrar en vigor el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, dotado con 12.888 millones de euros. No obstante, no se incluyen los 3.000 millones que calcula Aena que invertirá en la ampliación del Prat.

El ministerio ha precisado que es previsible que la ampliación, afecte a un espacio que forma parte de la Red Natura (la laguna Ricarda), por lo que deberá tener la conformidad de la propia Comisión Europea.