El PP dice que cree "en la libertad de poner banderas" tras vetar con Vox la arcoíris en Náquera
"Se puede pactar sobre cosas de gestión pero no sobre principios fundamentales", sostiene Borja Sémper.
El portavoz de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha afirmado este jueves que su partido cree "en la libertad de poner banderas", después de la polémica en Náquera (Valencia) por el acuerdo de gobierno entre 'populares' y Vox que, entre otras cosas, veta estas enseñas.
En concreto, el pacto de gobierno alcanzado entre ambos partidos señala que, "en cumplimiento con la ley de banderas", no colocará las LGTBI "en balcones y fachadas de instalaciones municipales" y sustituirá las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.
Requerido por esta cuestión, Sémper, durante la presentación de acciones de campaña para las próximas elecciones generales del 23 de julio, ha asegurado que el PP cree "en la libertad de poner banderas" y, sobre las concentraciones contra la violencia machista, dice que no sólo no hay que "prohibirlas", sino que hay que "promoverlas".
Sémper ha insistido en que, allá donde el PP ostente cuotas de poder, no habrá "pasos atrás" en materia de derechos sociales y, en esta línea, ha defendido que el partido de Alberto Núñez Feijóo es "coprotagonista", junto a otras formaciones, de los "avances sociales" que se han producido en España en los últimos años.
Asegura que no habrá "retroceso" en derechos sociales
Citando específicamente la violencia machista, tras días de tensiones por el posicionamiento de Vox sobre la misma, que no identifica como tal, Sémper ha recordado que el PP es firmante del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y siempre lo han identificado como "un problema de primer orden".
Por ello, ha garantizado que el PP no va a renunciar a su postura sobre la violencia machista y ha negado que, dado que su partido ha pactado con los de Santiago Abascal en Valencia, haya accedido al poder "a cualquier precio".
En esta línea, ha defendido que el Gobierno de la Comunidad Valencia garantiza "estabilidad" pero, en ningún caso, "retroceso" en derechos sociales. "Se puede pactar sobre cosas de gestión pero no sobre principios fundamentales", ha justificado.