Todas las razones por las que los ataques de EEUU e Israel a Irán son ilegales

Estados Unidos e Israel prosiguen por cuarto día consecutivo con sus ataques contra Irán, que replica sin límite. Hasta 14 países de Oriente Medio y del Mediterráneo (hasta de Europa) se han visto ya afectados por los bombardeos, en una espiral de violencia que nadie sabe en qué puede acabar y que, además, tiene pies de barro, porque su base legal está en tela de juicio. 

Al igual que ocurrió con el bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes el verano pasado, en la Guerra de los 12 Días, y en la captura militar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero, estas andanadas ponen en primer plano el debate sobre el derecho internacional, su alcance y su respeto, en este nuevo orden mundial asertivo, del que el presidente norteamericano, Donald Trump, es el mejor exponente, pero no el único. Su amigo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no le va a la zaga en sus dominios. 

Las conclusiones son aplastantes: no, no estamos ante un ataque legal, ni en el plano internacional ni en el doméstico de los dos estados que dispararon primero. Tampoco está siendo legal la respuesta iraní, porque una cosa es que responda al ser golpeada y, otra, el cómo lo hace. Hasta la guerra tiene leyes y hay que cumplirlas. 

Según la Carta de las Naciones Unidas, los países tienen prohibido utilizar la fuerza unilateralmente, excepto en dos casos: el primero, cuando lo autorice el Consejo de Seguridad de la ONU; el segundo, cuando lo hagan en defensa propia, ante un ataque armado real o inminente.

Ni Washington ni Israel acudieron al Consejo de Seguridad antes de los ataques del sábado. Esto deja la legítima defensa como la única justificación posible bajo el derecho internacional. Sin embargo, en este caso, esta justificación se queda corta considerando los hechos: ninguno de los dos ha presentado pruebas de la inminencia de un ataque por parte del régimen de los ayatolás, ni tampoco de la posibilidad real de que tuviera una bomba atómica lista en unos días. 

Sólo hay declaraciones y no hechos, lo que tampoco es nuevo, dado que Netanyahu lleva repitiendo este discurso desde hace al menos 15 años, una de sus obsesiones políticas, que no suele sustentar en informes. La duda que ronda a todos los analistas en estos días es si los dos aliados han atacado con datos sólidos, reales, que no se han hecho públicos aún, o si estamos ante una repetición de las famosas armas de destrucción masiva de Irak, en 2003, un argumento que se acabó demostrando como falso pero que hizo que se adhirieran a la contienda naciones como Reino Unido y España. 

El caso de Washington

En el caso del paso dado por EEUU, la cuestión de la legalidad se entremezcla con la autoridad ejecutiva y el alcance de los poderes presidenciales, el enorme debate del país desde que Trump regresó a la Casa Blanca. ¿Acaso alguien puede parar al presidente?

La Casa Blanca no ha presentado una justificación legal al público norteamericano pero es que el secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco ha aportado un informe completo de la guerra a los miembros del Congreso, que son los representantes de los ciudadanos y que, incluso en un plano más privado si era necesario, debían saber. 

Por eso, Trump "violó la Constitución al invadir Irán porque la Constitución es meridianamente clara sobre quién tiene la autoridad para declarar la guerra y comprometer a los militares estadounidenses en la batalla y ese es solo el Congreso", expone Christopher Anders, abogado del Sindicato Estadounidense por las Libertades Civiles y experto en asuntos de seguridad nacional. "El presidente ha intentado apropiarse de ese poder sin obtener antes autorización del Congreso", añade en una nota. Por eso, se dice que es una guerra de elección, y no de necesidad. 

La Constitución establece inequívocamente que sólo el Congreso puede declarar o autorizar la guerra. Ya se jugó mucho con las etiquetas cuando se comenzaron a atacar barcos en el Caribe, supuestamente cargados de drogas y de traficantes, en los que EEUU ha matado a más de cien personas y de los que, de nuevo, no se han presentado pruebas ni se ha informado a las cámaras, llevando al Partido Demócrata a denunciar que han sido "ejecuciones extrajudiciales". 

Para el Gobierno de Trump, la cosa no tenía empaque para llamarla guerra, pero es que ahora es hasta el presidente quien usa esa palabra para referirse a Irán. En su mensaje anunciando los ataques, el sábado, el presidente dijo: "El régimen iraní busca matar. Se podrían perder las vidas de valientes héroes estadounidenses y podríamos tener bajas. Eso suele ocurrir en la guerra, pero no lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro, y es una noble misión".

Si bien sólo el Congreso puede declarar o autorizar la guerra, Trump y otros presidentes han citado continuamente el Artículo II de la Constitución, que dice que el comandante en jefe tiene el poder de dirigir las fuerzas militares estadounidenses en combates necesarios para promover los intereses nacionales estadounidenses en el exterior.

Además, la Corte Suprema ha sido generosa al aprobar el uso expansivo del poder por parte de Trump, sobre todo en su fallo de inmunidad de 2024. Esta opinión contribuyó al análisis para avanzar bajo la autoridad del Artículo II, cuando atacó a Irán el verano pasado, según declaró entonces un alto funcionario de la Casa Blanca a la CNN.

El Artículo II se utilizó en parte para justificar legalmente la reciente operación militar estadounidense para capturar a Maduro, en Caracas. El Departamento de Justicia emitió una opinión legal clasificada (y posteriormente una versión censurada) que afirmaba que Trump no estaba limitado por la legislación nacional para llevar a cabo operaciones policiales en el extranjero.

¿Y si se prolonga en el tiempo?

El memorando de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia también argumentó entonces que la escala, el alcance y la duración de la operación contra el mandatario chavista no alcanzaban el nivel de guerra en el sentido constitucional y, por lo tanto, no requerían autorización previa del Congreso.

La cuestión de la escala, el alcance y la duración se planteará con las nuevas acciones contra Irán, sin duda. Trump, en el vídeo en el que anunció los ataques, describió la campaña militar como "masiva y continua". Las fuerzas armadas estadounidenses planeaban varios días de ataques, viene diciendo la prensa nacional, pero el propio presidente dijo anoche que quizá se vaya a varias semanas. 

"El Departamento de Justicia ha presentado una serie de argumentos cada vez más dudosos en un intento de defender tales ataques, pero prácticamente todos esos argumentos se han basado en afirmaciones de que los ataques fueron limitados y es poco probable que conduzcan a un conflicto más amplio", expone en la cadena norteamericana Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema del medio y profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. "Incluso si fuera un argumento legal, en lugar de político, es difícil tomarlo remotamente en serio aquí", ahonda.

Se citaron los poderes del Artículo II para el uso de la fuerza por parte del presidente George H. W. Bush contra Panamá, para derrocar al dictador Manuel Noriega, además del el uso de ataques aéreos por parte del presidente Barack Obama en Libia y las acciones de Trump en su primer mandato contra Irán y Siria.

"Si bien Estados Unidos no es el policía del mundo, a medida que su poder ha crecido, la amplitud de sus intereses regionales se ha expandido y las amenazas a los intereses nacionales planteadas por el desorden extranjero han aumentado", escribió la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Trump en 2018 con respecto a los ataques aéreos en Siria.

Además, las Administraciones demócratas y republicanas han ampliado repetidamente la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra Irak de 2002, que autorizó la guerra contra Sadam Hussein. Una AUMF anterior, que aprobó acciones contra los yihadistas de Al Qaeda y grupos asociados, también se ha utilizado más allá de lo previsto en la era posterior al 11-S, que es para lo que se concedieron. Todos se han extralimitado, esa es la verdad. 

Un Congreso "cómplice"

El Brennan Center for Justice, un instituto de derecho y políticas públicas independiente y no partidista, con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), ha lanzado un informe demoledor no sólo contra Trump por su falta de información y de cobertura en casa y en la ONU, sino contra el Congreso porque, entiende, "al no haber respondido a las otras hostilidades no autorizadas iniciadas por Trump, (...) es cómplice de este nuevo abuso". "Si los congresistas no toman medidas ahora para ponerle freno a este abuso de poder más reciente y mucho más trascendental, lo único que lograrán será envalentonar a Trump aún más", avisa.

La acción de llevar al país a una guerra sin rendir cuentas a nadie era uno de los principales peligros que querían evitar los fundadores de la Constitución, recuerdan, y por eso "se cuidaron de concederle el poder de declarar la guerra al Congreso, no a un presidente inspirado en la monarquía británica". La "tentación" de llevar al país a una guerra, argumentó James Madison, sería demasiado grande "para un único hombre", especialmente porque "la guerra es, en efecto, la verdadera semilla del engrandecimiento del ejecutivo".

Sin embargo, entienden en el Brennan, "Trump ha ignorado esta restricción constitucional fundamental", sin debate en el Congreso, sin autorización, sin amenaza imprevista ni ningún ataque inminente. "Para ser claros, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, era una figura brutal, cuyas fuerzas asesinaron a miles de su propio pueblo por protestar. Su régimen ha sembrado el caos en el Medio Oriente durante años. Pero nada de todo esto constituye una autorización legítima de guerra. Al haber actuado unilateralmente, Trump ha usurpado los poderes de guerra del Congreso", expone. Y el Congreso "ha permitido esa usurpación al no obligar al presidente a rendir cuentas por sus abusos anteriores".

"Este nivel de sumisión del Congreso es nuevo y alarmante. Durante el primer mandato de Trump, el Congreso invocó la Resolución de Poderes de Guerra dos veces: en 2019 para obligar a Trump a ponerle fin a la participación militar de EE. UU. en la guerra de Arabia Saudita en Yemen, y en 2020 para evitar una escalada del conflicto después de que Trump ordenara el asesinato de un general iraní", recuerda el texto. "Nos ha llevado a un terreno desconocido con la total abdicación de su función constitucional ante un presidente propenso como nunca nadie a abusar del poder ejecutivo", asume. 

Pero, pese al pesimismo, el centro insiste en que hay margen de maniobra: tanto la Cámara de Representantes como el Senado votarán en breve para decidir si invocan la Resolución de Poderes de Guerra y ponen fin a las hostilidades futuras en Irán. Hay fuertes motivos para creer que muchos miembros que antes se negaron a invocar los poderes de guerra ahora respalden esta iniciativa. El presidente no ha prometido sólo "ataques precisos", sino una guerra a gran escala que dure "tanto como nosotros queramos". Varios líderes militares han advertido sobre los riesgos de sufrir muertes de personas estadounidenses. Un conflicto potencialmente largo que podría desestabilizar la región e imponer costos incalculables de vidas y fondos estadounidenses y el Congreso debería saber y ser escuchado, concluyen. 

¿Dónde queda la diplomacia?

Esta guerra se desató mientras las negociaciones nucleares aún estaban en curso, con contactos entre Irán y EEUU la semana pasada, calificados de "positivos" por los mediadores, tanto que se iban a repetir esta misma semana. Además, el contexto es de oposición popular a una guerra con Irán, que fue una de las cosas que prometió Trump en su campaña electoral: no entrar en más guerras que causasen daños a norteamericanos y un coste innecesario. 

En lugar de permitir que la diplomacia prosperara, Israel y EEUU han optado por las bombas, con lo que supone una operación de esta gravedad a la hora de cobrarse vidas, provocar desplazados, destrozar infraestructuras por millones de dólares y desestabilizar regiones enteras. 

Y lo ha hecho, de nuevo, contraviniendo el principio de buena fe consagrado en el Artículo 2(2) de la archicitada Carta de la ONU. Los responsables políticos iraníes ya habían acusado a EEUU de mala fe después de que los ataques de junio de 2025 interrumpieran las conversaciones previamente programadas, a las que aún les quedaban días de recorrido, como el propio Trump había declarado en púbico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán denunció que los ataques del 28 de febrero se produjeron cuando las negociaciones no se habían dato por rotas y, por eso, violaron también el derecho internacional.

"Preventivos"

Si nos centramos en Israel, afirmó que los ataques fueron "preventivos", es decir, que su objetivo era evitar que Irán desarrollara la capacidad de convertirse en una amenaza, bien con armas nucleares, bien con misiles más potentes. Sin embargo, la guerra preventiva carece de fundamento jurídico según el derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU, de nuevo, no autorizó ninguna acción militar, lo que significa que nunca se utilizó la única vía legal para el uso de la fuerza en legítima defensa.

El Artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La legítima defensa preventiva tiene prescripciones extremadamente limitadas y requiere que la amenaza sea "instantánea, abrumadora y que no permita la elección de medios". Condiciones que no existían con Irán el 28 de febrero pasado. 

Hay que recordar, además, que la crisis actual proviene de la decisión de Trump de salirse del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), en 2018, un pacto cerrado tres años antes que contaba con apoyo regional e internacional para controlar el programa de enriquecimiento de uranio del régimen, para evitar que tuviera armas atómicas y se limitase a un uso civil. El director de inteligencia nacional de EEUU testificó en marzo de 2025 que Irán no buscaba armas nucleares, lo que confirmó el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), más adelante. 

Tras los ataques del pasado verano, de hecho, Irán estaba hoy está más lejos de ser capaz de construir un arma nuclear de lo que lo ha estado en varios años.

¿Se puede cambiar un Gobierno por la fuerza?

Trump instó a los iraníes a "tomar el control de su Ejecutivo", mientras que Netanyahu declaró que su objetivo era, también, "eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista en Irán". Los especialistas Shannon Brincat y Juan Zahir Naranjo Cáceres, de la Sunshine Coast University de Australia, añaden en un análisis para The Conversation que, sin embargo, tampoco es legal querer cambian un Gobierno a la fuerza, incluso aunque sea un régimen tan brutal como el de Jamenei. 

"El cambio de régimen forzoso viola los principios fundamentales de la soberanía estatal y la no intervención según la Carta de las Naciones Unidas", resumen. "Atacar deliberadamente a jefes de Estado también traspasa el umbral que distingue las operaciones militares de los actos de agresión", detallan. Lo dice así la Convención de Nueva York, de 1958, "por obvias razones de estabilidad". "Con la muerte del líder supremo de Irán (...), el vacío de poder sólo agravará las dificultades para los iraníes en el terreno". 

Y las promesas de regresar al shah –el anterior monarca de Irán, el último modelo que tuvo el país– "no han considerado las implicaciones autoritarias de tal Gobierno", que cayó por la presión popular en 1979, batalla común de la que luego se adueñaron los clérigos. 

"En este caso, no existe un plan claro para reconstruir o estabilizar Irán tras estos ataques. Los aliados occidentales han expresado su preocupación por la falta de una estrategia coherente de Washington para las secuelas de los ataques, señalando la mínima preparación para la reconstrucción posconflicto y la transición de Gobierno", recuerdan los autores. El caos puede ser la consecuencia final. 

Sin proporcionalidad, con civiles

Citan el caso de los 180 muertos en una escuela, en su mayoría niñas, como ejemplo de cómo se pueden descomponer las cosas y así llegamos a otro punto del debate: la proporcionalidad. 

El derecho internacional humanitario dicta que, incluso cuando el uso de la fuerza es permisible, la acción militar debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y civiles y lo que se sabe es que al menos hay ya 787 muertos en Irán, según datos de este martes de la Media Luna Roja. Los informes indican que cientos de civiles también han muerto en varias ciudades iraníes, incluso en ataques contra hospitales y ya se están produciendo los primeros desplazamientos de población, lo que viola las leyes de la guerra. 

Mientras tanto, los ataques de represalia de Irán no sólo han tenido como objetivo las bases militares estadounidenses en la región, sino también hoteles y edificios de apartamentos en Baréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Son, por eso, igualmente desproporcionados y violan, también, esas finas normas. Tras ser atacado, el país tiene derecho a atacar bases militares estadounidenses e israelíes en respuestal pero no otra cosa. Los ataques deliberados contra objetivos civiles son ilegales y los ataques contra países ajenos al conflicto también están prohibidos. Se están dando aquí las dos cosas.