El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado al ministerio del Interior revertir su decisión de comprar munición a Israel a través de un contrato de más de seis millones de euros, una adjudicación que ha provocado un enorme enfado dentro de su socio de gobierno Sumar. Según El País, el jefe del Ejecutivo ha instado a Fernando Grande-Marlaska a buscar alguna fórmula jurídica para anular el contrato sin que suponga un gran coste económico.

Fuentes del Ejecutivo han informado también a EFE de que se está analizando que tipo de solución administrativa se puede encontrar porque reconocen que no es fácil. Pero existe la determinación de arreglar lo sucedido y no se haga efectivo.

Desde la parte socialista del Gobierno se afirma entender la posición de Sumar en este asunto y recalcan que en ningún momento ha estado en riesgo la coalición.

Interior compró a Israel algo más de 15 millones de balas para la Guardia Civil, después de que la Abogacía del Estado recomendara que no se rescindiera el contrato dado el coste que podría suponer por el avanzado estado de tramitación. De este modo, la semana pasada se formalizó el contrato por un importe que supera los seis millones de euros.

"La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendado", señalaron fuentes de Interior a EFE.

Dicha compra ha provocado un enfado mayúsculo entre los partidos de izquierda, especialmente Sumar. El socio de coalición del PSOE pidió una rectificación inmediata, aunque aseguró también que dicha compra a Israel no ponía en riesgo el gobierno. Una postura que confronta con la de IU, dentro de Sumar, que dijo que no iba a "pasar por el aro" en esta cuestión. "No basta ya con pedir explicaciones, nosotros nos posicionamos claramente en que ese camino y ese carril no lo vamos a recorrer", señaló ayer el líder de IU, Antonio Maíllo.

En octubre pasado, el Ministerio del Interior remitió un comunicado en el que expresaba que el Gobierno español mantenía "el compromiso de no vender ni comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza", y avanzaba que otras empresas israelíes serían excluidas como licitantes en otros expedientes de adquisición de armamento.

Más de 50.000 personas han muerto y otras 116.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la guerra, en octubre de 2023, según el recuento de las autoridades sanitarias de la Franja.