Suecia expulsará a los extranjeros que no alcancen un sueldo de 3.300 euros este verano: el precio de pactar con la ultraderecha
Hay adolescentes que, al alcanzar la mayoría de edad, reciben órdenes de deportación pese a haber vivido años en Suecia.
Suecia endurece aún más su política migratoria. A partir del verano de 2026, cualquier extranjero que quiera mantener o conseguir un permiso de residencia por trabajo deberá acreditar un salario mensual mínimo de 33.000 coronas suecas (unos 3.300 euros). El nuevo umbral supone otro giro en la línea restrictiva impulsada por el Gobierno de Ulf Kristersson, que gobierna con el respaldo parlamentario de los Demócratas Suecos.
La medida afecta a miles de trabajadores extranjeros, incluidos empleados del sector asistencial y jóvenes que han crecido en Suecia, pero que, al cumplir 18 años, pasan a estar sujetos a normas más estrictas. El debate se ha intensificado tras varios casos mediáticos que han sacudido a la opinión pública.
El caso del bebé Emanuel y la inseguridad jurídica
La polémica estalló cuando la radio pública Sveriges Radio reveló que Emanuel, un bebé de ocho meses, recibió una carta de la Agencia de Migración rechazando su permiso de residencia y anunciando su deportación a Irán, a pesar de que sus padres viven y trabajan legalmente en Suecia.
El primer ministro Kristersson calificó el caso de "muy, muy extraño" en el informativo Ekot y aseguró que "no deportamos a niños pequeños sin sus padres". Sin embargo, el episodio ha puesto de relieve la creciente complejidad legal tras varias reformas acumuladas.
Desde abril de 2025 se eliminó el llamado cambio de estatus, que permitía a solicitantes de asilo rechazados pasar a la migración laboral si ya trabajaban en el país. Además, ya no es automático que los menores obtengan residencia permanente tras tres años: deben haber tenido permisos temporales continuados y cumplir nuevos requisitos.
3.300 euros al mes: el nuevo listón salarial
Hasta ahora, el salario mínimo exigido para un permiso laboral rondaba los 3.000 euros mensuales. En verano subirá a unos 3.300 euros, una cifra que deja fuera a muchos trabajadores con empleos esenciales pero salarios modestos.
El Gobierno defiende que la medida busca atraer mano de obra cualificada y reducir la inmigración considerada "de baja productividad". El ministro de Migración, Johan Forssell, ha insistido en que no está "en contra de los inmigrantes", sino de una política que "no les exige nada".
Las críticas, en cambio, apuntan a que el nuevo umbral golpeará especialmente a quienes ya están integrados y trabajan en sectores con salarios más bajos, como cuidados o servicios.
Jóvenes deportados al cumplir 18 años
Uno de los focos más sensibles es el de adolescentes que, al alcanzar la mayoría de edad, reciben órdenes de deportación pese a haber vivido años en Suecia. Medios como Aftonbladet han documentado casos de jóvenes que cursaban formación profesional o estudios universitarios y tuvieron que abandonar el país de un día para otro.
Darya (24) y Donya (20), residentes en Gotemburgo durante siete años, fueron deportadas a Irán en octubre tras abandonar sus estudios de enfermería, como publicó el diario Taz. Poco después se decretó una moratoria temporal de expulsiones a ese país.
El Centro Sueco de Derecho de Asilo sostiene que no se trata de una sola ley, sino de la suma de reformas: desaparición de excepciones por "dificultades especiales", interpretación más restrictiva de los vínculos familiares y exigencias económicas más duras.
El politólogo Ludvig Beckman, profesor en la Universidad de Estocolmo, dimitió del consejo de ética de la Agencia de Migración en protesta por el endurecimiento normativo. "Es difícil permanecer en un consejo cuando la legislación se descontrola", declaró a la televisión pública SVT.
Una mayoría parlamentaria dividida
Suecia, ejemplo de progresismo y socialdemocracia durante décadas, ha ido mudando a una deriva antagónica en parte del país, sobre todo en la capital, por las altas cotas de delincuencia y delito, en un país donde era ejemplo de seguridad. Esto se refleja en el parlamento, cada vez más polarizado.
En el Riksdag, los partidos Verdes, de Izquierda y de Centro han presentado una iniciativa conjunta para elevar a 21 años la edad a partir de la cual los vínculos familiares dejan de ser determinantes y para recuperar la cláusula de circunstancias especiales.
Incluso los socialdemócratas, tradicionalmente partidarios de una política migratoria estricta, reclaman ahora una congelación temporal de las deportaciones hasta aclarar el marco legal.
El Ejecutivo no oculta su objetivo: aumentar el número de rechazos definitivos y acortar el tiempo entre la denegación y la expulsión. Para sus críticos, es el precio político del pacto con la ultraderecha. Para el Gobierno, es la condición necesaria para ordenar la inmigración.