Belén (54), funcionaria interina en Justicia desde hace 21 años, sobre la nueva bolsa de empleo que prima opositores: "Ahora voy a tener que enseñar a los que llegan y quizás a mi me echen"
El Tribunal Supremo sigue rechazando convertir automáticamente a interinos en funcionarios fijos.
Trabaja en la Administración de Justicia desde 2004, ha pasado más de dos décadas ocupando plazas estructurales y conoce prácticamente todos los engranajes del sistema judicial madrileño. Pero ahora, a sus 54 años, Belén teme quedarse fuera de la nueva bolsa de empleo diseñada para cubrir vacantes temporales en Justicia. “Llevo más de 20 años dedicada a la Justicia… ahora voy a tener que enseñar a los que llegan y quizás a mí me echen”, se lamenta en declaraciones a El País.
Su caso refleja uno de los grandes problemas estructurales del empleo público en España: cientos de miles de trabajadores temporales que encadenan contratos durante años —e incluso décadas— mientras Europa presiona a España por el abuso de la temporalidad.
Un tercio de los empleados públicos sigue siendo temporal
Las cifras reflejan la magnitud del problema: más de 3 millones de empleados públicos en España, cerca de 1 millón son temporales y la temporalidad ronda el 32% según datos oficiales.
La diferencia con el sector privado es enorme: temporalidad privada del 12,4% y temporalidad pública de entre el 27% y el 32%. La reforma laboral de 2022 redujo drásticamente la temporalidad en empresas privadas, pero el sector público sigue arrastrando uno de los mayores focos de precariedad laboral del país.
“205 contratos en 19 años”
Los testimonios acumulados muestran situaciones extremas. Nieves Lao Giménez, enfermera del Servicio Andaluz de Salud, asegura que su vida laboral ocupa ya 17 páginas después de 18 años trabajando para el SAS, de sustituciones continuas de días o semanas y de contratos sin derecho real a vacaciones.
Otro trabajador sanitario riojano, que pide anonimato, resume su situación en una cifra:
“En 19 años he acumulado 205 contratos de trabajo”. Muchos de estos empleados nunca llegan a consolidar plaza, encadenan contratos temporales durante décadas y cotizan menos años reales. En definitiva, no consiguen estabilidad financiera ni hipotecaria.
La nueva bolsa de Justicia enciende el conflicto
El caso de Belén ha generado especial malestar porque denuncia que la nueva bolsa de trabajo prima oposiciones parciales, da más valor a estudios jurídicos y reduce el peso de la experiencia real.
Según explica en el mismo medio, “lo que menos pondera es la experiencia”. Belén trabaja como tramitadora procesal en Madrid y asegura dominar la jurisdicción penal
Civil y Social, y el registro judicial. Pero teme quedar desplazada por aspirantes con menos experiencia práctica: “Voy a tener que enseñar a los que llegan”, asegura.
Europa vuelve a señalar a España
La presión sobre el Gobierno español ha aumentado esta misma semana. La Comisión Europea ha enviado dos dictámenes motivados a España por el abuso de temporalidad pública y amenaza con llevar el caso ante los tribunales europeos si no se adoptan reformas en dos meses.
El conflicto viene de lejos. Bruselas abrió procedimiento contra España en 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido varias sentencias críticas, pero Europa considera insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora.
El TJUE desmonta el modelo español
La última sentencia europea, emitida el 14 de abril, cuestiona directamente las indemnizaciones actuales, los procesos de estabilización y la figura del indefinido no fijo. El TJUE considera que estas soluciones no sancionan adecuadamente el abuso, no reparan el daño sufrido y mantienen la precariedad estructural.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo sigue rechazando convertir automáticamente a interinos en funcionarios fijos al entender que chocaría con la Constitución española.
Miles de demandas y una posible avalancha judicial
Según el abogado Javier Araúz, como señala el mismo artículo de El País, podrían existir unas 40.000 causas judiciales abiertas relacionadas con temporalidad pública. Algunos juzgados ya están aplicando directamente la doctrina europea. Entre los casos recientes están una investigadora del CSIC que recibió más de 52.000 euros por abuso de temporalidad y un tribunal madrileño que anuló el cese de una interina tras casi 20 años en una plaza estructural.
“No me daban una hipoteca aunque fuera funcionaria”
El impacto no es solo laboral. También afecta a la vivienda, la familia, la jubilación y la salud mental. Belén explica que nunca pudo comprar una casa. “No me daban una hipoteca aunque sea funcionaria, porque tengo un empleo temporal”, se lamenta.
Muchos interinos viven una contradicción permanente, ya que trabajan décadas para el Estado pero siguen sin estabilidad real. No tienen garantías de continuidad y pueden ser cesados en cualquier momento. Ni las ventajas de lo público ni de lo privado.
El problema afecta especialmente a trabajadores que entraron hace 15 o 20 años, han sostenido servicios públicos esenciales y no lograron consolidar plaza. Ahora compiten con nuevos opositores más jóvenes. Y muchos sienten que llegan tarde a cualquier solución.