En esta ciudad española está prohibido jugar al dominó y a los dados en terrazas

En esta ciudad española está prohibido jugar al dominó y a los dados en terrazas 

Este verano se cumple una década de la prohibición.

Jugadores de dominó echan una partida en la mesa de un bar.Mauro Grigollo

El próximo 25 de julio se cumplen nueve años desde que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado entonces por el exministro Juan Ignacio Zoido, aprobase la Ordenanza Contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. Una normativa que, entre otras muchas cuestiones, prohibe jugar al dominó y a los dados en las terrazas de los bares. 

La normativa, ratificada por la mayoría del Partido Popular, no solo prohíbe el juego de dominó y dados, sino que también incluye otras disposiciones controvertidas. Entre ellas se encuentran la prohibición de beber o comer de pie junto a los veladores, las aceleraciones innecesarias de vehículos, el rodar barriles de cerveza por el suelo y la presencia de aparatos de televisión en las terrazas. Sin embargo, la ordenanza permite la apertura de bares con música y discotecas en edificios colindantes a las viviendas, siempre que no compartan la misma parcela catastral.

La aprobación de esta ordenanza fue precedida por un proceso que suscitó un intenso debate. Se presentaron un total de mil alegaciones por parte de los grupos de la oposición, así como asociaciones de vecinos y afectados por el ruido. 

La oposición, PSOE e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, acusaron en 2013 al gobierno municipal de tomar decisiones sin consenso, retroceder en comparación con la normativa anterior y empeorar aún más un problema que llevaba sin resolverse durante varios años. Asimismo, señalaron la falta de medios para hacer cumplir la ordenanza, ya que los inspectores de medio ambiente no realizaban turnos nocturnos y la policía carecía de material adecuado para medir el nivel de ruido.

En respuesta a las críticas, la Delegación de Medio Ambiente defendió que esta normativa buscaba encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico de la ciudad y el derecho al descanso de los vecinos. Según argumentaron, la ordenanza se basaba en la legislación autonómica vigente.