Condenan a un joven a pagar 30.000 euros por 600 denuncias de prácticas engañosas: "Lo encontramos en AliExpress por 1,58 euros"
Tras varias citaciones penales, el sujeto multiplicó las prácticas fraudulentas.
Un joven de 25 años de Laval ha sido condenado a pagar 30.000 euros tras aceptar un acuerdo penal por más de 600 denuncias de prácticas comerciales engañosas. Durante tres años, los servicios franceses de control del fraude siguieron la pista de sus distintas tiendas online, acumulando testimonios de compradores que aseguraban haber sido víctimas de estafas. El detonante fue un producto vendido por casi 60 euros que, con una simple búsqueda inversa, podía encontrarse en AliExpress por poco más de un euro y medio.
El negocio del joven, especializado en dropshipping, consistía en vender artículos sin disponer de stock propio, redirigiendo de facto las compras a plataformas de bajo coste. Aunque el modelo es legal, exige cumplir una serie de obligaciones que, según los inspectores, el empresario ignoró sistemáticamente. Las primeras alertas llegaron en 2022, cuando su tienda de litoterapia comenzó a recibir decenas de quejas por falta de servicio posventa, retrasos, pedidos nunca entregados y afirmaciones terapéuticas sin base legal.
A pesar de una primera citación “formativa” por parte de la autoridad de competencia, las irregularidades se multiplicaron. El joven expandió su actividad y llegó a gestionar hasta siete tiendas distintas, dedicadas a nichos tan variados como decoración art déco, utensilios de cocina, productos de jardinería, artículos de supervivencia o complementos para uñas. En paralelo, trasladó su sede a Tallin, Estonia, lo que llamó aún más la atención de los investigadores.
La situación se agravó en 2023, cuando la administración francesa emitió una orden judicial instándole a regularizar sus prácticas. Lejos de corregirlas, continuó operando con el mismo esquema. En 2024 fue convocado a una audiencia penal y, al año siguiente, recibió un informe de 84 páginas que recopilaba todas las infracciones detectadas. Los inspectores documentaron 7.830 pedidos en dos años y una facturación de 378.000 euros, con gastos mínimos y beneficios mensuales que podían llegar a los 8.000 euros.
El listado de infracciones incluía productos anunciados como disponibles cuando no lo estaban, ausencia de información obligatoria como plazos de entrega o derecho de desistimiento, y un servicio posventa prácticamente inexistente. Estas prácticas le valieron finalmente la propuesta de un acuerdo penal de 30.000 euros, que aceptó a comienzos de 2025 para evitar un juicio.
Mientras tanto, las quejas seguían acumulándose en plataformas como Trustpilot, donde usuarios relataban pedidos que nunca llegaron o regalos promocionales inexistentes. Algunos consumidores aseguraban estar valorando denunciarlo a la policía o difundir sus experiencias en redes sociales ante la falta de respuesta por parte del vendedor.
Intentos recientes por contactar telefónicamente con el joven empresario han resultado infructuosos, dejando en suspenso su futuro profesional y el de las tiendas online que aún permanecen activas.