Pertenecientes a la familia mafiosa Ming, habían sido condenados a muerte en septiembre de 2025 por los cargos que pesaban contra ellos, entre ellos homicidio, detención ilegal y fraude; en la antigua Birmania.
Según el comunicado emitido por la propia fundación, estas publicaciones difundidas en redes sociales animaban a "realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero".