Condenan a un jubilado a pagar 104.138,09 euros tras detectar su trampa con una casa en Andorra
La Agencia Tributaria detectó que el hombre no había realizado la declaración de la renta pese a estar obligado a hacerlo.
Un jubilado deberá abonar más de 104.000 euros a Hacienda tras intentar declarar como residente en Andorra, pese a mantener en España la mayor parte de su actividad económica y personal. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que respalda la sanción impuesta por el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR).
El caso se remonta a 2018, cuando la Agencia Tributaria detectó que el contribuyente no había presentado la declaración de la renta pese a registrar ingresos que lo obligaban a hacerlo. Al ser requerido, alegó que se había mudado a Andorra a finales de 2017, donde incluso alquiló y compró vivienda.
La investigación, sin embargo, reveló que mantenía propiedades en ambos países y que su actividad económica seguía concentrada en España. Hacienda concluyó que, aunque dispusiera de casa en Andorra, la mayor parte de sus intereses financieros no había cambiado de lugar.
El TEAR catalán determinó que su “centro de intereses vitales” —criterio que fija la residencia fiscal real— continuaba estando en territorio español. Por ello, fijó una deuda tributaria de 60.864,23 euros y añadió una sanción de 43.273,86 euros, elevando la factura total por encima de los 104.000 euros.
El TSJC ha ratificado ahora esa interpretación: disponer de inmueble en otro país no basta para justificar un traslado fiscal si no se acredita una desconexión real de los lazos económicos, familiares y patrimoniales en España.
Según la sentencia, el jubilado percibía una pensión de 34.000 euros anuales de la Seguridad Social, había rescatado planes de pensiones por cerca de 120.000 euros y era propietario de cuatro inmuebles en Barcelona y Lleida. Además, sus familiares directos seguían residiendo en España.
El fallo refuerza la idea de que trasladar la residencia a Andorra exige demostrar un cambio efectivo de vida y no solo una dirección alternativa, una advertencia que Hacienda viene subrayando ante el aumento de contribuyentes que buscan acogerse a la fiscalidad del país vecino.
