Confirmado: los vecinos de Barcelona pueden cobrar 2.500 euros del Ayuntamiento si modifican los estatutos de su comunidad para prohibir los pisos turísticos en el edificio
La ayuda también incluye la creación de nuevos estatutos en los que se introduzca esa prohibición.
La proliferación de los pisos turísticos, más allá de estar dificultando el acceso a la vivienda, está causando importantes problemas de convivencia entre los residentes y los turistas en Barcelona.
Para tratar de poner solución a esos conflictos, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), ha abierto una convocatoria de ayudas económicas para apoyar a las comunidades de propietarios que decidan redactar nuevos estatutos o modificar los vigentes para limitar el uso turístico de las viviendas en la finca.
A través de estas ayudas, las comunidades de vecinos puedes cubrir hasta el 50 % de los costes de gestión (notaría, registro y honorarios profesionales) que conlleva la creación el cambio de los estatutos.
En concreto, en el caso de la aprobación de nuevos estatutos puede obtenerse un máximo de 1.500 euros. Si se trata de una modificación de los estatutos, el límite máximo de la ayuda es de 2.500 euros.
Los requisitos para beneficiarse de la ayuda
A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona ha precisado que los requisitos para poder acceder a la subvención son los siguientes:
- Aprobar la modificación o creación de estatutos con prohibición expresa del uso turístico.
- Utilizar una cláusula homologable al modelo establecido.
- Inscribir los estatutos en el Registro de la propiedad.
- Estar al corriente de las obligaciones fiscales.
A esta convocatoria de ayudas van a destinarse 56.000 euros y se pueden acoger las actuaciones aprobadas a partir del 1 de marzo de 2025. Las solicitudes se resolverán por orden de entrada hasta que se agote el presupuesto disponible.
Además, también se prevé la concesión de 36.000 euros en subvenciones directas para los profesionales que hayan asesorado a las comunidades de propietarios, así como 4.000 euros para el Colegio de Administradores y 4.000 euros para la Cámara de la Propiedad para tareas de información y difusión.
Desde el consistorio explican que el objetivo de esta medida es "permitir que las comunidades se doten de normas de regulación y convivencia para limitar las actividades que generan efectos negativos en la finca y preservar el uso de la vivienda para vivir".
