El fiscal general recusa a los magistrados del Supremo que deben decidir si sigue en el cargo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver sobre su continuidad en el cargo, es decir, si sigue al frente del Ministerio Público, según ha podido saber la Agencia EFE consultando con fuentes fiscales.

En este sentido, dichas fuentes han comunicado que García Ortiz ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal. Se trata de los jueces que están pendientes de resolver un recurso interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.

Esta decisión llega tan solo un día después de un segundo varapalo judicial importante al Gobierno, tras la decisión del Supremo de anular el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática o la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para aceptar a trámite la denuncia de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por supuesta filtración de secretos. Pero también aterriza en la misma jornada en la que se debate en el Senado una moción contra García Ortiz.

La justificación de García Ortiz para los recusamientos

En esta línea, la clave de la decisión tomada por el fiscal general del Estado tiene que ver con otra medida impulsada por esos cinco magistrados. Fueron los mismos que el año pasado, en noviembre, dictaron la sentencia que también tumbó el nombramiento de la  Delgado, quien fue exfiscal general, como fiscal togada del Supremo.

Los magistrados acusaron en aquel momento a García Ortiz de "desviación de poder" esgrimiendo que "su finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal". Así, el fiscal general del Estado valora que estos cinco magistrados podrían no ser objetivos a la hora de decidir sobre su continuidad en el cargo.

García Ortiz incluso ha puesto el foco en casos singulares, como el del magistrado José Luis Requero, a raíz de un artículo publicado en La Razón al día siguiente de que se tumbase ese nombramiento de Delgado. En dicha publicación, el juez deslizaba la siguiente afirmación: "Basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados".

Con todo, de fondo subyacen otras claves. Cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le consideró "inidóneo" para seguir en el cargo -una decisión histórica-, si bien fue una decisión tomada por un órgano cuyo mandato caducó hace más de un lustro y que continúa en funciones por el constante bloqueo del Partido Popular a su renovación.

¿Y ahora qué?: llega la hora de la 'Sala del 61'

Una vez presentadas las recusaciones, García Ortiz reclama que el caso sobre su permanencia en el cargo sea revisado por otros magistrados que no se hayan pronunciado en su contra. De esta forma, quedará en manos de la denominada Sala del 61. Se trata de una sala especial del Tribunal Supremo denominada así por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que la crea.

Se corresponde con una sala que entre sus ocupaciones y competencias cuenta con el de estudiar "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala". La preside el propio presidente del alto tribunal, Francisco Marín, y la componen cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal, así como el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.