Esto es lo nuevo que dice la ley española si coaccionas a unos okupas para que dejen tu piso
Una sentencia ha condenado a los miembros de la empresa de desocupación por amenazas y coacciones.
La ley no amara ni las amenazas, ni la coacción ni la violencia en ningún caso. Pero parece que no acaban de hacer caso de ello algunas empresas que buscan recuperar deudas o, en el caso que nos ocupa, nunca mejor dicho, recuperar casas okupadas.
La última sentencia que deja claro esta realidad es de la Audiencia de Palma de Mallorca, que ha condenado al dueño de una empresa que se dedica precisamente a intentar desalojar a los okupas por encargo de los propietarios de los inmuebles. Lo hace, dependiendo del caso, con una cantidad aproximada de 400 euros.
En una casa okupada por dos personas, un hombre y una mujer, en un barrio de la ciudad de Palma se presentaron dos trabajadores de empresa, denominada Desocupaciones Mallorca, según señala la sentencia, para, inicialmente, intentar convencerles de que la abandonaran en un plazo de 15 días. Acudieron varias veces consecutivas para intentar convencerles, sin éxito.
Así que pasaron al plan “b”, que es el que les he provocado un gran disgusto: la intimidación, las amenazas y la coacción. Los okupantes denunciaron estos hechos a la policía y el juzgado les ha dado la razón, de modo que siguieron viviendo en la misma casa okupada.
Así que no todo vale para lograr que unos okupas abandonen una vivienda, tal y como dicta la ley. La creación de este tipo de empresas que se dedican a intentar la desokupación, inicialmente mediante una mediación tranquila, están creciendo dado que son cada vez más los propietarios con casas okupadas que prefieren evitarse el mal trago de negociar con sus inquilinos ilegales o no saben cómo hacerlo. La razón es que por la vía legal, que es lo conveniente, el proceso para que un juez ordene el desalojo es muy largo, puede durar incluso años.
En definitiva, que la denuncia coacción presentada por los okupas acabó en un juicio por delito leve y la jueza de instrucción declaró, en efecto, los hechos probados y los calificó de un delito leve de coacciones y otro de amenazas, condenando tanto a los dos participantes en el acoso como al dueño de la empresa para la que trabajaban. Uno de los empleados debe pagar una multa de 480 euros por amenazas, y los tres otra de 180 euros por coacciones en grado de tentativa.
Las intimidaciones, según relataron los okupas a la jueza, fueron bastante agresivas. De hecho, uno de los trabajadores le llegó a decir al hombre: “Te vamos a matar, te vamos a traer 20 gitanos de Son Banya [un barrio de Palma] para sacarte. Tú sabrás qué pasará con tu mujer cuando la sigamos fuera".