Un padre divorciado quiere saber las notas de su hijo, la universidad se lo impide y pasa a la acción
El progenitor presentó un recurso del que salió vencedor.

Un padre divorciado tiene derecho a conocer el progreso académico de su hijo, incluso si su única intención es recalcular la paga de manutención. Esta es la conclusión que ha alcanzado el Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Véneto, que ha obligado a la Universidad de Padua a conocer a un padre el acceso a los documentos relacionados con el estatus académico de su hijo, tras una negativa por parte de la institución educativa.
El caso, recogido por Corriere del Veneto, se remonta a enero de este año, cuando la Universidad de Padua denegó la solicitud de un padre que pedía información sobre el rendimiento académico de su hijo.
En noviembre de 2024, el progenitor presentó una solicitud formal en la que pedía la certificación de los exámenes realizados, las calificaciones obtenidas, las transcripciones de los exámenes pendientes y la confirmación del pago regular de las tasas universitarias.
Sin embargo, la universidad rechazó la petición argumentando que no se había demostrado un interés legal válido, dado que no existían procedimientos civiles en curso relacionados con los estudios del joven. Además, la universidad citó la oposición del hijo a revelar sus datos académicos, invocando su derecho a la privacidad.
Un recurso exitoso
La negativa fue recurrida por el padre, quien presentó una apelación ante el TAR, iniciándose el proceso judicial el 16 de abril. En la sentencia número 1116, emitida hace unos días, el Tribunal Administrativo del Véneto falló a favor del padre, explicando que "las necesidades del padre prevalecen sobre el interés superior del menor en su privacidad".
Los jueces señalaron que la formación universitaria del hijo está directamente relacionada con la obligación de manutención del padre, incluida la determinación de la cuantía de la pensión alimenticia.
El tribunal subrayó que el acceso a la información académica debe permitirse incluso cuando el padre considere recurrir a un juez para ajustar la pensión alimenticia, ya que dicha información es clave para proteger sus intereses.
De esta forma, los magistrados ordenaron al centro educativo que, en un plazo de 30 días desde la notificación de la sentencia, proporcionara al padre los documentos solicitados, tales como la matrícula, las fechas de los exámenes realizados y el estado de la graduación. Por el contrario, no podrá acceder a la información sobre el pago de las tasas universitarias, ya que esta obligación recae únicamente sobre el estudiante.
