El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Consumo para mejorar la seguridad en las compras a distancia
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley para la defensa de los consumidores y usuarios, que, entre otros objetivos, pretende mejorar la protección de los compradores en todas las transacciones a distancia.
El proyecto determina que el usuario siempre tendrá acceso al precio final de un producto antes de que concluya su compra por internet y establece que el plazo de devolución de catorce días queda automáticamente ampliado a doce meses en caso de que no se hubiera informado al consumidor sobre el derecho de ejercerlo.
La norma incorpora un formulario de desestimiento común en Europa que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto a la información previa al contrato.
"Además, se amplía la información que se tendrá que dar a los usuarios porque el empresario deberá facilitarla antes de la firma del contrato de forma clara y comprensible, eliminando la letra pequeña", ha explicado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
Además, entre otras medidas, regula que en caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de la misma no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica.
Por otro lado, el consumidor podrá romper el contrato si no recibe los bienes que ha comprado en el plazo acordado. La ministra ha señalado que la nueva ley aborda también la contratación telefónica y establece nuevas garantías. Así, la oferta no será vinculante hasta que haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS.
Según el Instituto Nacional de Consumo, la nueva ley ayudará a reducir a la mitad el número de reclamaciones sobre productos o servicios contratados a distancia.
"MEJORA LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES"
"Es una norma que mejora la protección de los consumidores", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha recalcado que "gran parte" de los servicios más demandados son contratados a distancia. "Más de 400.000 de las reclamaciones d 2012 corresponden a estos sectores", ha resaltado.
Sáenz de Santamaría ha recalcado que con esta ley se adaptará la legislación española a la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores. Tras haber pasado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de abril como anteproyecto y tras el dictamen del Consejo de Estado y el trámite de audiencia, el proyecto pasará ahora a ser debatido en el Parlamento.
