POLÍTICA
29/09/2014 15:57 CEST | Actualizado 29/09/2014 15:57 CEST

Que Cifuentes vinculara a Ada Colau con ETA es libertad de expresión para la Fiscalía

Que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, dijera el pasado 25 de marzo que Ada Colau, exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), apoyaba a "grupos filoetarras", es libertad de expresión para la Fiscalía, que ha pedido el archivo de la demanda que interpuso la actual portavoz de Guanyem Barcelona por estas declaraciones.

Estas fueron las declaraciones de Cifuentes en Radio Nacional de España:

"Esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, que yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo, bueno pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. (...) Ada Colau y las personas que están en la plataforma antidesahucios han manifestado su apoyo, en determinadas ocasiones, a Bildu, a Sortu y a esos grupos que a mi modo de ver y el de muchos españoles tienen que ver con el entorno de ETA".

La Fiscalía, que actúa como representante de Cifuentes, ha invocado el derecho a la libertad de expresión de la delegada del Gobierno asegurando que sus declaraciones son una mera "opinión". Aun así, reconoce que sus afirmaciones son falsas y "reprochables", porque pueden suponer una afrenta al honor de Colau, y que Cifuentes no se retractó de las mismas.

En su demanda, Colau reclama a Cifuentes una disculpa pública por vincularla con ETA y una indemnización de 75.000 euros, que destinaría a pagar las multas que la delegada del Gobierno ha impuesto a activistas de la PAH por movilizarse contra los desahucios en la comunidad autónoma.

Jaume Asens, abogado de Colau, mantiene en su demanda que las declaraciones de Cifuentes constituyen "una intromisión ilegítima del derecho al honor" de la activista de la PAH, dada la absoluta falsedad de esas acusaciones, y critica su actitud "gravemente despreciativa y frívola" al recurrir al terrorismo para descalificar a una persona y a una organización.

Para el letrado, en el caso de Cifuentes la exigencia de veracidad debe ser mayor que si se tratara de un ciudadano particular, dada la "credibilidad y repercusión que tendrán sus declaraciones" por su cargo de representante del Gobierno.

Colau ha tratado hoy de demostrar las consecuencias que acarrearon para ella las manifestaciones de Cifuentes, puesto que asegura que recibió todo tipo de mensajes, tanto de correo electrónico como públicamente por redes sociales como Twitter y Facebook, acusándola de terrorista.

Como prueba, Colau adjunta a su demanda una denuncia que presentó ante los Mossos d'Esquadra tras recibir un correo electrónico en el que un ciudadano amenazaba de muerte a su hijo de dos años y que iba acompañado de una fotografía del niño con una bala incrustada en la cabeza.

A su salida del juicio, Colau ha criticado además que sea la Abogacía del Estado quien represente a Cifuentes en esta demanda: "Estamos pagando entre todos a su abogado", ha lamentado.

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