POLÍTICA
20/09/2015 10:51 CEST | Actualizado 20/09/2015 11:05 CEST

Ester Arizmendi: "Aquí no se habla de política, aquí se habla de trabajo y de transparencia"

CT

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una de las herramientas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP para que entre algo de luz en las instituciones, aunque los expertos han criticado que ni la nueva ley, ni el portal web ni el Consejo garantizan el fin de la opacidad. La presidenta del Consejo, Ester Arizmendi, defiende que la ley no solo "es ambiciosa, nos coloca no solamente al lado de países europeos, sino que en algunas cosas es todavía más valiente", aunque admite que hay margen de mejora: "En España lo que hace falta es una ley que regule los lobbies".

Para la diputada del PSOE Susana Sumelzo, "el balance del Consejo es nulo". Los socialistas han pedido que Arizmendi compareciese en el Congreso para justificar el aumento de su presupuesto y su trabajo, pero el PP ha vetado la posibilidad de cualquier rendición de cuentas. Primero, durante el debate sobre los Presupuestos Generales en agosto. Después, la presidenta del Consejo presentó su propia solicitud para comparecer ante la Cámara: "Me encantaría ir cuanto antes, porque es ahí donde me encantaría explicarme y sobre todo, pedir a todos los partidos que ahí se sientan que trabajemos juntos". El PP, sin embargo, volvió a bloquearla, como publicó El Diario esta semana.

El Consejo ha atendido 387 reclamaciones hasta agosto; solo en el 16,7% de los casos, hasta junio, han dado la razón al ciudadano frente a la Administración.

Las oficinas del Consejo en Madrid, donde están instalados sus 19 trabajadores desde mayo, mezclan un aire translúcido y contemporáneo donde predominan el blanco, grandes ventanales con vistas a un parque y despachos acristalados, con muebles vetustos de la Administración más viejuna que han dado asiento durante décadas a funcionarios ministeriales. Su web, donde algunas páginas como Documentación, Seguimiento o Buen Gobierno, están todavía en construcción, reproduce también esa amalgama entre lo nuevo y lo clásico con imágenes de la Alegoría del buen y el mal gobierno, frescos italianos del siglo XIV. Lo que sí se puede consultar ya es su actividad hasta ahora y el detalle de las reclamaciones de ciudadanos a los que se les ha denegado acceso a documentos que han atendido (387 hasta agosto), de las que han sido resueltas el 78,29% y en el 16,7% de los casos, hasta junio, han dado la razón al ciudadano frente a la Administración.

En una mesa por la que han pasado cientos de reuniones en vidas pasadas, Arizmendi explica a El Huffington Post a qué se ha dedicado desde que asumió su cargo en diciembre de 2014: "En estos meses un conjunto de personas ha conseguido poner en pie un organismo de la nada, sin coste alguno. Un organismo que se está ganando su sitio dentro del conjunto de la sociedad, y que ha conseguido no solo cumplir con el mandato primero de la ley, que es garantizar el cumplimiento de la ley de transparencia mediante emisión de criterios, resoluciones, admisión de todas las consultas, atención al ciudadano... Sino que además, ha establecido todas las alianzas que quiere establecer".

La dificultad principal de su trabajo, dice, va a ser "cambiar la cultura" de la Administración, pero también, de la ciudadanía. "En España no hay cultura de transparencia. Desde pequeños siempre se nos ha dicho que preguntar es de mala educación. Ya no, al revés, es de buenísima educación, y es una educación cívica que hace a los ciudadanos más críticos, más responsables y más poderosos a la hora de participar".

QUÉ SE PUEDE PREGUNTAR A LA ADMINISTRACIÓN

El Portal de la Transparencia -que no depende del Consejo, sino de Presidencia del Gobierno- nació en diciembre de 2014 con críticas sobre las deficiencias en la accesibilidad a la información que ofrece. Arizmendi las entiende, y comparte que "hay maneras de hacer mucho más accesible el portal, y que se debe hacer, porque poner barreras al derecho a la información no está en la ley, sencillamente es todo lo contrario". "Hemos transmitido por escrito esta preocupación. Nos han dicho que están trabajando para hacerlo más fácil. Nosotros ya lo hacemos más fácil: no pedimos nada para entrar en las reclamaciones".

"Hay maneras de hacer mucho más accesible el portal de la Transparencia, y se debe hacer"

En sus primeros siete meses de funcionamiento, al portal le habían llegado 2.344 solicitudes de información. De las denegadas, 204 se convirtieron en reclamaciones, que es lo que gestiona el Consejo. A modo de juez, el equipo estudia si la solicitud cae dentro del derecho al acceso a la información que garantiza la ley, y si el veredicto es que sí (en el 16,7% de los casos), la decisión de Arizmendi es de obligado cumplimiento inmediatamente. Si la Administración no está de acuerdo puede plantear un litigio. "Nosotros asumimos todas nuestras resoluciones, y si tenemos que ir a un contencioso, lo vamos a asumir", dice la presidenta.

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"Podemos mejorar el portal, mejorar todos los procesos y abrir muchos datos, pero como el ciudadano no lo utilice..." Arizmendi reconoce que en la ciudadanía no ha calado aún el mensaje del derecho a la información -están haciendo un estudio con la UNED y la OCU para averiguar hasta qué punto- y le pasa incluso en su círculo cercano que hay amigos que no entienden muy bien a qué se dedica.

"Hace dos días se ha obligado a publicar quiénes son los componentes de la comisión sobre la hepatitis. Se negó la información y se ha obligado a darla"

¿Qué se puede preguntar a la Administración? "El ciudadano, en ocasiones, reclama transparencia en las tertulias con sus amigos. Hay que pasar de la queja a la acción. ¿Cómo es posible que esta carretera que iba a pasar por aquí ya no pase? ¿Cómo es posible que este edificio público que iba a costar dos millones haya costado cuatro? ¿Quién ha tomado la decisión de hacer las cosas diferentes? ¿Cómo se gastan el dinero en el hospital? ¿Cómo se hacen los planes de educación? ¿Cómo se habla con las otras instituciones para llegar a acuerdos? Eso se puede preguntar en el portal. Cómo se toman las decisiones que nos afectan, cómo se hace el manejo de los fondos públicos, quién es el responsable de las decisiones, si son cosas muy gordas. Se pueden saber los contratos, a quién se ha adjudicado una licitación, y cuándo tiene que acabar, si hay un modificado en el presupuesto; se puede preguntar quién recibe subvenciones y para qué las usa, si se dan dineros a empresas, y por qué y para qué los usan", dice de carrerilla la presidenta del Consejo, que recomienda consultar en su web las resoluciones de las reclamaciones donde se puede encontrar información "muy interesante".

Un ejemplo reciente: "Hace dos días se ha obligado a publicar quiénes son los componentes de la comisión sobre la hepatitis. Se negó la información y se ha obligado a darla". Arizmendi, que alaba el "esfuerzo tremendo" de los empleados públicos que han creado unidades de información en cada organismo, reconoce que muchas veces estas unidades rechazan las solicitudes con el argumento de "es que esto nunca se ha dado". "A veces el propio Ministerio, en esta cultura que ha manejado de la información como poder, se sorprende".

El 83,3% de las reclamaciones recibidas han sido desestimadas. Las razones, según Arizmendi, son varias: que una parte de las solicitudes rechazadas iban destinadas a comunidades autónomas y municipios, en los que la ley no entra en vigor hasta diciembre de 2015; que la respuesta de la Administración "está bien tramitada", y la vaguedad de la ley, que aún no tiene reglamento que la desarrolle. "Hay partes que no están definidas y permiten una interpretación diversa, que se refiere especialmente a las excepciones o límites que pueda tener el derecho de acceso". Cuando se encuentran con esas ambigüedades, la presidenta del Consejo asegura que emiten un criterio que desde ese momento es de obligado cumplimiento también, y que optan por "hacer una interpretación en favor de la transparencia". Ya llevan diez.

LA CONTESTADA INDEPENDENCIA DEL CONSEJO

"El Consejo no es beligerante con nada que tenga que ver con la política, con el Gobierno, o la confrontación"

La diputada socialista Susana Sumelzo denuncia la falta de independencia del Consejo, que está dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda. "En teoría un organismo de este tipo debería tener una independencia suficiente, porque es quien vela por la transparencia de las Administraciones Públicas", dice Sumelzo, a lo que Arizmendi responde que tienen "una independencia absoluta en la toma de decisiones" y que "no ha habido ni una sola injerencia" ni la van a "consentir". "La dependencia del Ministerio de Hacienda no es jerárquica, sino porque en el árbol de la Administración todo tiene que estar colgado de algo", explica.

"Es muy importante transmitir que el Consejo no es beligerante con nada que tenga que ver con la política, con el Gobierno, o la confrontación. Es un organismo que trabaja para que esta ley se implante en la sociedad, y para eso necesitamos que todos tengan confianza, y nos dejen trabajar y trabajen con nosotros".

"En lo que a mí se refiere, yo jamás he militado en ningún partido político, jamás he mostrado ninguna preferencia por ninguna formación política. Llevo 34 años trabajando en la Administración, he trabajado con todos y siempre para los ciudadanos, por lo cual me siento absolutamente independiente", asegura, y añade que su compañeros "tienen cada uno su ideología, pero aquí no se habla de política, aquí se habla de trabajo y de transparencia".

"Jamás he militado en ningún partido político, jamás he mostrado ninguna preferencia por ninguna formación política."

¿Y qué hay de la comisión del Consejo, formada por un diputado (del PP), un senador (del PNV), y representantes de varios organismos? "A mí me hubiera gustado que hubiera una mesa enorme en la que estuvieran todos sentados. Están los que dice la ley y los que han sido designados, en lo que yo no puedo intervenir. Pero en lo que yo sí puedo intervenir es en tener la puerta abierta para que a todo el que quiera decir algo, se le escuche, y si es razonable, inmediatamente se incorpore. La voluntad de este Consejo es ser apolítico, trabajar, trabajar y trabajar, y nada más", insiste.

En las próximas semanas y meses se tendrán nuevas noticias del Consejo. Publicarán un estudio comparativo de la transparencia en la UE y en las comunidades autónomas, entre las que señala a Cataluña y Comunidad Valenciana como las que van un paso por delante de la legislación nacional, "que es básica". También están investigando, y publicarán en su memoria anual, el grado de transparencia de todas las administraciones del Estado. Y para ser ejemplares, preparan un sistema online que permita ver qué logros están teniendo en transparencia, dónde y cómo, y se pueda seguir el presupuesto del Consejo en tiempo real. "Como si los ciudadanos estuvieran aquí viendo qué hacemos", explica. Un desarrollo así, dice, puede costar millones, pero van a contar con la colaboración de la sociedad civil para hacerlo por unos 10.000-15.000 euros. "Esto es encomiable y me gustaría mucho remarcarlo".

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