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21/06/2018 18:52 CEST | Actualizado 21/06/2018 18:55 CEST

La jueza pitonisa fue 'stripper' en Canarias

El CGPJ ya la investigó entonces pero ella ganó: actuar en un local de manera altruista era reprochable, pero compatible.

La actividad extrajudicial de la magistrada de Lugo María Jesús García Pérez no deja de sorprender. Si hace unas semanas saltaba a los titulares por dedicar sus horas fuera del juzgado a echar las cartas del tarot a razón de unos 20 euros por sesión, razón por la que ya se le conoce por el apodo de la jueza pitonisa, ahora lo hace por haberse dedicado a actuar en un local de striptease, cuando en 2001 estaba destinada en los juzgados de la provincia de Las Palmas.

Según publica El Confidencial, la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo ya fue investigada en 2001 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por estas actuaciones "puntuales". En aquella época estaba destinada en Las Palmas de Gran Canaria y el expediente acabó resolviéndose a su favor.

La jueza argumentó que no cobraba por sus bailes como stripper y que lo hacía en su tiempo libre. "Su actitud era reprochable, pero compatible porque no tuvo encaje como actividad incompatible", concluyen las fuentes citadas por El Confidencial.

Ahora, el área de Acción Disciplinaria del CGPJ también ha abierto diligencias informativas para comprobar si es la jueza quien se anuncia en los pasquines que ella misma deja en los parabrisas de los coches y ejerce de pitonisa en un céntrico piso de la ciudad de Lugo. Un periodista de El Progreso se presentó en la consulta y asegura que fue ella la que le echó las cartas, pero en su entorno sostienen que quien hace predicciones es su asistente.

Esta jueza ya se vio inmersa en algunas otras polémicas curiosas a lo largo de su vida profesional. Llegó a Lugo procedente de Santiago, donde se hacía acompañar por un gato en las vistas, y ello motivó una queja de los abogados. Antes, en Bilbao, también se la investigó por fumar en los juicios. Más aún: en Santander fue sancionada por el CGPJ con 3.000 euros por dar una entrevista mientras era responsable de violencia de género, en la que criticaba este tipo de juzgados y la ley integral, relativizando el problema, ahonda El Progreso.

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